Y no pudieron hacerla trizas

 

“La paz frágil”, dijo el presidente de Colombia ante la Asamblea de Naciones Unidas para referirse con sorna a los acuerdos que trajeron de vuelta a la institucionalidad descaecida del país a las FARC-EP. La misma paz con la que el gobierno y sus representantes sacan pecho para recibir los elogios y apoyos que le ha deparado el mundo a Colombia por ese pacto histórico de civilidad y de cuyo estado actual –recortes y fragilidad- es absoluto responsable.

El vociferante Ministro de Defensa siguió la pauta al afirmar que ahora no hay una sino tres FARC: la que tiene representación en el Congreso, la que se hartó de los incumplimientos y erróneamente volvió a las armas y la que nunca creyó en ese cuento. Calló que a la primera, leal a los acuerdos, la están masacrando y el gobierno no ha sido capaz de impedirlo.

Se sumaron al coro el Ministro del Interior, que tuvo la osadía de lesa antidemocracia de salir a retar al candidato favorito a las presidenciales restregándole su pasado guerrillero, y el embajador en los Estados Unidos que, como funcionario del gobierno firmante de la paz, asintió a favor de las conversaciones y ahora las repudia.

Las reacciones amargadas y guerreristas del gobierno uribista, del partido en el gobierno -el Centro Democrático y sus aliados-, y de Uribe -desde su trinchera campestre y ecuestre-, obedecen a una razón de fondo: el proceso de paz facilitó las condiciones para que un gobierno alternativo dirija los destinos de la nación.

Esa es en el fondo la razón de la bronca contra los acuerdos de paz. Prefieren ignorar que, a la par, la alternativa de las armas fue deslegitimada como opción en un país acostumbrado a acudir a ellas para dirimir sus diferencias.

La república señorial de estirpe terrateniente y mafiosa y “el Estado Social de Derecho” neoliberal de la burguesía urbana financiera se resisten a aceptar la realidad de que, tras el acuerdo de paz con la guerrilla más grande e histórica, la guerra dejó de ser amenaza y freno y la gente se liberó para expresar su inconformidad y optar por un posible vuelco político histórico. Eso no lo calcularon Santos y su gente, pero contribuyeron a ello y, por eso, la reacción no se los perdona.

La desazón se nota en la desesperación de las reacciones por manchar como fracaso y minimizar el quinto aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz Estado-FARC-EP, fraguados en La Habana durante un lustro, desde que el nuevo presidente, Juan Manuel Santos, anunció que tenía la llave de la puerta de la paz, el 7 de agosto de 2012, liberándose de las amarras de la “seguridad democrática” de Uribe.

El 26 de septiembre de 2016, en pomposo acto en Cartagena, cimbrado por aviones de guerra que reafirmaron la posición de las Fuerzas Armadas -la paz es la victoria, les prometió el presidente-, “Timochenko” (Rodrigo Arias Londoño) y Santos estamparon sus firmas y estrecharon sus manos en medio de vítores de los invitados. A pocas cuadras, el expresidente Álvaro Uribe, altavoz en mano, se despachaba contra el tratado.

La dicha fue breve. El terco y soberbio empeño de Juan Manuel Santos por glorificarse con un plebiscito de apabullante apoyo a su gestión se estrelló con los efectos de la estrategia mezquina del uribismo para desprestigiar las negociaciones. Contra el optimismo y el tremendismo atemorizador de la propaganda oficial, el 2 de octubre ganó el No por una mínima diferencia y sobre la base de muchas mentiras e infamias.

Como para la reelección, el presidente tuvo que acudir al respaldo del movimiento social partidario de la paz -que no a su mandato de carácter neoliberal- para darle oxígeno a un proceso balbuceante, edificado institucionalmente sobre la base del apoyo político de los partidos de la coalición de gobierno, “mermelada” a los congresistas y medios de comunicación y la promesa a los grandes empresarios de mejores días para los negocios.

Tras el pasmo de la derrota, en una hábil decisión, Santos consultó con los ganadores modificaciones: aceptó muchas formales y, presionadas por los militares azuzados por Uribe, otras de fondo como la impunidad jerárquica. El 7 de octubre, el otorgamiento del Premio Nobel de Paz le dio el necesario y urgido espaldarazo ante el país y el mundo. Con el apoyo del Congreso y el aval de la Corte Constitucional logró una salida institucional al proceso.

El acuerdo se ratificó en una nueva ceremonia en el Teatro Colón de Bogotá, el 24 de noviembre. Desde entonces, la división es irreconciliable. El uribismo no acepta lo acordado así en gran parte, no se haya cumplido. El gobierno Santos, a pesar de los esfuerzos y, en algunos casos adrede, no logró completar la arquitectura de implementación de los compromisos ante unas FARC-EP desmovilizadas.

El cumplimiento de los acuerdos, en la esencia de lo negociado -que más allá de la desmovilización de las FARC-EP apuntaba a destrabar factores de injusticia que dieron justificación a la insurgencia-, requería de un gobierno afín. El establecimiento, que apañó la iniciativa de Santos por considerarla manejable, se “patraseó” ante la posibilidad de un gobierno de cambio. Para atajar a Gustavo Petro, corrieron a imponer a Duque, en conocimiento de que traicionaban lo que habían respaldado.

El movimiento social que ha promovido una solución política a los conflictos celebra el Acuerdo de Paz, no obstante la implementación desvirtuada y reducida por parte del Gobierno Duque y los 289 firmantes, hombres y mujeres, y cientos de líderes sociales asesinados, reivindica lo avanzado y sigue trabajando porque se pueda recuperar el espíritu original y cumplir lo acordado. Comparte una visión holística en la que paz significa equidad, justicia, verdad, reparación de las víctimas y compromiso de no repetición. Una sociedad reconciliada en sus diferencias y con un proyecto de país para todos.

El Gobierno Duque, con la política de “paz con legalidad”, se ha limitado a procurar la reincorporación de excombatientes de base, a tolerar con cicatería la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción de Paz, a un Centro de Memoria Histórica desvirtuado por el negacionismo y a proyectos menores en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- afectados por el impacto del conflicto. El uribismo, al asumirse vencedor en la guerra sin limitaciones humanitarias impuesta con la “seguridad democrática”, aspiraba a una imposible claudicación de la insurgencia e imponer las condiciones del desarme. Nada más.

Reforma rural integral, catastro multipropósito, sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, restitución de tierras despojadas, dignificación de los territorios, participación decisoria, justicia transicional restaurativa, memoria histórica centrada en las víctimas quedaron en el papel y son ahora filtrados por los intereses de los victimarios.

A pesar de eso, de que se han desatado varias guerras y cunde la muerte para contener el descontento social tras el reciente estallido, no han podido “hacer trizas la paz”. Colombia no les copia a los guerreristas. Lo dicen, una tras otra, las encuestas. No hay duda, mejor una paz frágil y por construir que la guerra abominable que promueve con mentiras ominosas la derecha envilecida y asustada ante la posibilidad de un cambio de rumbo, el cual intenta parar desde el gobierno y el Congreso con toda clase de manejos y trucos.

Juventud, la "primera línea"

 

En el nuevo paro nacional iniciado el 28 de abril –y aún con un horizonte incierto- hay un actor indiscutible, notorio, valorado por la gente y aún desconocido e ignorado desde el gobierno: Los y las jóvenes.  Lo son de nuevo, como lo fueron en las jornadas de 2011 en las que la Mesa Nacional Estudiantil obligó al gobierno Santos a engavetar una propuesta privatizadora de la educación pública; o en  las noches de agosto de 2013 en las que a punta de cacerolazos y plantones en las plazas de Bolívar y Tunja le demostraron a ese mismo Gobierno su respaldo al paro agrario cuando Santos dijo que era inexistente; y en las semanas durante las que acompañaron a Gustavo Petro, luego de su abusiva destitución de la Alcaldía de Bogotá por el procurador de entonces, hasta su restitución.

Fueron las y los jóvenes quienes, tras las primeras reacciones de tristeza e indignación, con una movilización sentida y comprometida, les dieron un segundo aire a los acuerdos d paz ante el sorpresivo e insólito triunfo del No en el plebiscito de 2016. Esto le dio a Santos un margen de maniobra y la posibilidad de recomponer el escenario político para sacarlos adelante. Y, liderados por la Uness y la Acress, apenas despuntaba el gobierno uribista de Iván Duque, en octubre de 2018, las y los estudiantes del país se movilizaron por un pliego que tenía como objetivo central el compromiso de orientar recursos para evitar a catástrofe financiera de las universidades públicas (lo cual se logró en el papel pero  parcialmente en las ejecuciones).

El desconocimiento de la filosofía de los acuerdos de paz, la avanzada de reformas como la tributaria, la pensional y la laboral, el asesinato de líderes sociales, el incumplimiento por sucesivos gobiernos a los compromisos adquiridos con comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas y de cultivadores de coca, entre muchos otros factores, motivaron a las organizaciones sindicales, con el respaldo de otros sectores, a convocar el Paro Nacional del 21 de Noviembre de 2019. A través de distintas formas de protesta y una activa participación del artistas sensibles y comprometidos con el activismo social, esta movilización  se prolongó cerca de 2 semanas, culminadas con el impactante concierto “Un canto por Colombia”.

La juventud, lanzada a las calles de nuevo, conmovió al país con su entusiasmo inagotable, sus nuevas formas de expresión y su cuota de sacrificios. Quedó para la posteridad el nombre de Dylan Cruz, asesinado en Bogotá por un agente del escuadrón antidisturbios. Las actuaciones aberrantes del Esmad han convertido la necesidad de su disolución y la reforma policial en otra reivindicación. Esta vez exigían el cumplimiento de lo acordado el año anterior y reiteraban una reforma democrática del crédito educativo, la condonación de gravosos intereses, el presupuesto para la ciencia y la investigación, y universidad pública universal y gratuita.

Una maniobra palaciega sirvió al gobierno Duque para contener por un tiempo la protesta: la convocatoria a “una conversación nacional” de cuyos resultados no se hicieron ilusiones las organizaciones participantes. La pandemia declarada por el virus Covid19 sirvió de anestesia parcial, pero las medidas gubernamentales para conjurarla apenas le dieron tregua. La poderosa Minga Indígena se hizo sentir a mediados del año pasado, y el asesinato en un puesto de policía de Javier Ordóñez, en Bogotá, desató la indignación juvenil con un resultado trágico ante la descomunal reacción policial aun impune.

Con más de la mitad de su mandato a cuestas, el Gobierno, que se promovió como “de la juventud”, después de la firma de los acuerdos con las y los universitarios, en octubre del 2018, apenas se volvió a acordar de la mitad de la población del país con el paro N21, para convocarla a la distractiva “conversación” y anunciar un documento Conpes de Política de Juventud (aún en veremos). Ante la gravedad de la situación socioeconómica de los y las jóvenes, agravada por los efectos de la pandemia en educación, empleo e ingresos, aumento de la pobreza y la indigencia, todo fue indiferencia, largas y demagogia.

Las condiciones estaban dadas para que la juventud volviera a tener una actuación protagónica en el paro nacional convocado para el 28 de abril que, trayendo al presente las demandas suspendidas con la “conversación” y la pandemia, se encontró con el trámite de una reforma tributaria que por diversos factores -entre otros la tozudez despótica del gobierno- radicalizó las expresiones de protesta al punto que ni su retiro ni la renuncia del ministro de hacienda trajeron calma. La última en caer fue la reforma privatizadora de la salud.

La juventud de sectores populares del país sufre en forma despiadada los efectos de la crisis, la discriminación social y racial imperante en ciudades como Cali y el trato prejuiciado, abusivo y violento de la policía. En ese entorno, han venido surgiendo distintas formas organizativas que intentan la seguridad y defensa de sus territorios a la vez que hacerse sentir en un grito desesperado provocado por la exclusión y el marginamiento. A ese estallido social, el Gobierno, a través del Esmad y la Policía, ha respondido de manera cruel y desproporcionada, tal vez con la idea de generar escarmientos que disuadan el alzamiento. De otra parte, por su cuenta, se deshace en anuncios demagógicos de programas hasta hace poco impensados.

Cientos de miles de jóvenes colman avenidas y plazas cubiertos con la bandera tricolor de Colombia. Se han atrincherado en varias ciudades del país, en vías cruciales de sectores populares que han rebautizado como Puerto Resistencia, la ya mundialmente famosa rotonda de Aguablanca, en Siloe o en la Loma de la Dignidad en Cali o la Estación de la Resistencia (Avenida de las Américas) en Bogotá. Allí,  dispuestos en formación de defensa, muchachos que constituyen la “primera línea” contienen los ataques de la fuerza pública, mientras a sus espaldas otros grupos los pertrechan, asisten en primeros auxilios y, en conjunto, comparten solidariamente en ollas comunitarias -atendidas por madres y compañeras con apoyos del vecindario-, bailan salsa y cantan rap. ¿Qué pretenden? Hacerse sentir y respetar.

Los enfrentamientos entre manifestantes, la gran mayoría adolescentes, y la fuerza pública, que intenta controlarlos y recuperar calles, vías y evitar ataques a estaciones, arrojan cerca de medio centenar de muertos. Entre estos los casos ignominiosos de Marcelo Agredo, baleado por un policía por patearlo en Cali, Lucas Villa, artista y deportista tiroteado por francotiradores en Pereira, Sebastián Quintero, impactado por una granada aturdidora disparada por el Esmad durante las protestas por la detención y posterior suicidio de la joven Alison Salazar, quien denunció que había sido abusada por los agentes en Popayán, y Santiago Murillo asesinado por otro policía en Ibagué.

A esa cifra luctuosa se suman la denuncia de cerca de 500 desapariciones, otros 18 casos de abuso sexual, 28 impactos en los ojos y más de mil casos de lesiones causadas por artefactos cuya utilización ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales. Sin descartar que muchos hechos de disturbios sean generados por células subversivas, es indudable - los medios y redes lo muestran- que la mayor parte de estas víctimas fueron afectadas por la fuerza pública en refriegas contra manifestantes.

La decisión de cómo se trata una protesta social la determina el Gobierno y, en mucho, depende de sus legitimidad y fortaleza. En el caso colombiano, es un derecho constitucional reglamentado en la ley de seguridad ciudadana y protegido por sentencias de la Corte Constitucional (la más reciente de las cuales, frente a abusos de la policía en las protestas del 2019, dio directrices al Gobierno -que las acomodó a su criterio- para garantizar ese derecho). Sobra hablar del exabrupto de la magistrada que pretendió prohibir las movilizaciones en curso.

Tanto Iván Duque como los funcionarios relacionados con el manejo de gobierno y seguridad: Ministro de Defensa, Ministro del Interior, consejeros de paz, seguridad, normalización –en su mayoría gente joven- están matriculados en una comprensión de la protesta social como asunto de orden público, asociado con la visión uribista de tratar la inconformidad no tramitada por conductos oficiales como estrategia terrorista -así como interpreta la paz negociada-. La última “explicación” teórica de esa mirada totalitaria es la “revolución molecular dispersa” con la que intentan interpretar los paros y protestas.

De ahí que el Ministro de Defensa, Diego Molano, refiera a menores en la guerrilla como “máquinas de guerra” y en las marchas como “terroristas”, y contrate una estrategia de comunicación para “transformar la mentalidad hacia imaginaros de legitimidad”; el Ministro del Interior, Daniel Palacios, como su partido Centro Democrático, hablen de una “estrategia de desestabilización”; que  el Consejero de Paz, Miguel Ceballos, patrocine en la Esap una cátedra de la mansedumbre  y la “doctrina social” y que el Consejero de Seguridad, Rafael Guarín, pretenda la creación de una coordinación gubernamental de la lucha antiterrorista y una estrategia de comunicación preventiva.

Es una visión contrainsurgente de la sociedad, de “enemigo interno”. Les cuesta aceptar como interlocutor legitimo a un sector de la sociedad que, como la juventud, está cuestionando las instituciones, reclama su inclusión a partir de su identidad y cultura, y exige cambios en todos los órdenes de la vida social con su participación. Es lo que con claridad han expresado en los pocos espacios de diálogo abiertos en estas jornadas y en las encuestas recientes. Respaldan el paro pero reivindican también su lugar. Han asumido el consejo del gran humorista asesinado, Jaime Garzón: “Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarlos. Nadie”

Quien se desapegue de lugares comunes y explicaciones fáciles como el “deconstructivismo” en la interpretación del pronazi chileno que da conferencias en la escuela militar y es seguido por gente cercana al gobierno, según el cual en los grafitis, las canciones, los perfomances, junto con los actos vandálicos, hay un patrón común para acabar con el sistema -de consuno con George Soros, Antifa y Maduro. Quien asuma la realidad de la juventud se dará cuenta que hace rato la conformación socioeconómica, poblacional, educativa y cultural del país cambio y es con ella que se debe construir la agenda del futuro.

El análisis de las expresiones juveniles desde maquetas antisubversivas encuentra hoy en Colombia una significativa y contradictoria particularidad. Como hechos simbólicos de la resistencia los indígenas Misak han derribado estatuas de crueles invasores como Sebastián de Belalcázar (Popayán y Cali) y Jiménez de Quesada (Bogotá), los jóvenes en Neiva dieron cuenta del monumento a la Raza (“El mestizo”) y a Misael Pastrana, presidente conservador acusado de fraude electoral; en Popayán al esclavista Julio Arboleda, en Manizales destronaron al patriarca falangista Gilberto Alzate Avendaño; y, si no se protege con vigilancia especial en inmediaciones de la Universidad Sergio Arboleda, alma mater de este gobierno, la estatua de Laureano Gómez, instigador de la violencia de los años 50, iba a dar contra el suelo.

Al mismo tiempo, para sorpresa, pues los anteriores gestos iconoclastas podrían considerarse afines ideológicamente contra personajes reaccionarios , en Pasto fue derrumbada la estatua de Antonio Nariño, precursor de la Independencia y difusor de los Derechos Humanos, y en Cumbal y Guachucal bajaron del pedestal al Libertador Simón Bolívar (en ambos casos por un desencuentro del sur con la historia central). Por si fuera poco, en la multitudinaria manifestación en el Monumento a Los Héroes, el 15 de mayo en Bogotá, mientras unos porfiados jóvenes tiraban hacia abajo con cuerdas y le prendían fuego a la estatua ecuestre de Bolívar, otros pintaban al costado la cifra “6.402 héroes” -para referirse a los asesinatos del ejército en el gobierno Uribe documentados por la JEP- y, en el frente, el rostro épico de Alison Salazar, la joven vejada por la policía en Popayán. Y en cuerpos y paredes pintada la bandera con el rojo arriba: para que no se olvide la masacre. Un cúmulo de hechos cuya carga simbólica no puede ser una nota más cuando todo está en cuestión.

Cuando gobierna la torpeza

 

Tras una semana de iniciado el paro nacional convocado desde el 28 de abril  por centrales de trabajadores, el magisterio y los pensionados -pero sostenido en la calle y las movilizaciones por organizaciones sociales que representan un amplio espectro de reivindicaciones-, con millones de personas en marchas y concentraciones, más de 30 civiles muertos de cuya comisión se señala en varios casos a la policía, cientos de heridos de ambos lados, daños a infraestructura e inmobiliario urbano y comercios, ronda la pregunta ¿Por qué el gobierno, advertido de la impopularidad de la reforma tributaria y del ambiente de hastío con los efectos de la pandemia y las medidas para controlarla, se obstinó en tramitarla? 

Soberbia, sobradez, alienación de la realidad, exceso de confianza en la “mermelada”, ambición y terquedad. Aunque la calificación del contenido de la reforma depende de la posición del especialista frente al gobierno, algunos han ponderado aspectos que intentaban reducir las dádivas al gran capital otorgadas en reformas anteriores, cubrir el déficit fiscal y garantizar la continuidad de programas sociales, ampliando el ingreso solidario creado para paliar los efectos de la pandemia en los sectores populares, con todo y su insignificancia real pues no supera los U$ 10 al mes. Duque pretendía, en su entender y el del ministro de hacienda, una reforma que los pasara a la historia. Todo ello ampliando el recaudo sobre la base de gravar las rentas y patrimonios de la clase media y la comida de los pobres.

Pero la estrategia de comunicación y socialización de la reforma, por parte de la presidencia y el ministerio de hacienda, en cabeza del evasivo y prepotente Carrasquilla, no promovió los  aspectos supuestamente correctivos  que podrían haberle ganado adeptos al proyecto sino que, para fortuna del país, exhibió las medidas más agresivas contra los menguados ingresos de los sectores medios, hoy deslizados a la pobreza que ya cubre al 48% de la población, según la propia oficina oficial de estadística (Dane), y el destino de los recursos, costear aviones de combate por 14 billones de pesos, mientras, sin vergüenza alguna, la procuradora uribista anunciaba un proyecto para crear mil nuevos cargos en esa hoy cuestionada entidad, que seguro compensarían los votos a favor de la reforma.

Comenzar por el anuncio de gravar con IVA café, huevos, chocolate y otros productos de primera necesidad fue provocador y agresivo cuando el propio Dane verifica que 3 millones de personas han suprimido una de las tres comidas diarias. Así se fue destapando una horrorosa caja de pandora que incluía, además, impuestos a los ingresos medios ahorcados de cargas, acabar con estímulos al cine, sacarle parte de regalías harto misérrimas a escritores y artistas, encarecer los computadores en épocas de enclaustramiento, hasta cobrar derechos por ceremonias funerarias en plena mortandad, que para sorpresa el presidente afirmo ignorar. De ñapa, una periodista conveniente le pregunta al ministro cuánto vale una bandeja de huevos y éste no tiene ni idea.

El propio partido del presidente mostró cautela y su jefe, el expresidente Uribe, luego de mandar a sus hijos a darle línea a Duque (“lo que hay es que producir”), con la antena puesta en las próximas elecciones y la inminente reacción ciudadana, trató de que se modificara el contenido de la reforma. Con igual olfato electorero el jefe de Cambio Radical, Germán Vargas, se vino lanza en ristre, no por impopular sino por inoportuna y, aunque pasó inadvertido, por afectar al gran capital inversionista. Otro tanto hizo el jefe del partido liberal, César Gaviria, en una escena teatral aunque efectiva para negar el apoyo del partido liberal. Otros más se escurrieron y la oposición dio un no rotundo. Los gremios económicos tanteando el caldero sugirieron revisarla e incluso aplazar las canonjías de que han sido objeto.

Ante la desmedida amenaza a los bolsillos de profesionales, empleados y rebuscadores, las centrales obreras y aliados no hicieron otra cosa que fijar fecha para con este motivo dar continuidad a la suspendida vigorosa movilización del 21 de noviembre de 2019 y días siguientes -con su pliego reivindicativo pendiente- que amainó por diciembre, tras el asesinato por el Esmad de Dilan Cruz y la cuarentena y medidas impuestas el año pasado para supuestamente conjurar los efectos de la pandemia provocada por el Covid19, situación también ha sido manejada de forma mediocre y propagandística por el gobierno. Pese a todo, Duque radicó la reforma.

Desde el 28 de abril ha sucedido una inadvertida explosión de inconformidad contenida, con un acumulado de frustraciones, incumplimientos, desconfianzas y rabia por condiciones cada vez más difíciles de vida para millones de colombianos y rechazo a la omnipresencia irritante de Uribe. A la pérdida de empleo y capacidad adquisitiva de la mayoría se suma la incertidumbre y temor la juventud frente al futuro, las esperas y desplantes a afro descendientes, indígenas y campesinos, la desilusión con un proceso de paz que prometió mejores días y el reclamo a quienes desde el gobierno y la derecha lo pervirtieron al punto que ya suman 270 firmantes asesinados y a diario matan líderes sociales para contener la inconformidad y empoderamiento en los territorios y la desazón de pequeños empresarios fracasados o al borde de la quiebra.

Al reto obtuso de presentar la tributaria para negociarla en el Congreso con los partidos, bajándose de las pretensiones exageradas de recursos -como hizo con las anteriores propuestas cuando tenía capacidad de transacción y se dedicó a colmar de exenciones a las grandes empresas con el cuento de que generarían empleo- y con la  amenazas de “falta de caja”  para pagar sueldos, el gobierno le sumó el absurdo tratamiento de la protesta social como asunto de orden público, tratando de disuadir las manifestaciones a punta de gas lacrimógeno y protuberantes violaciones de los derechos humanos con empleo indebido de la fuerza, uso de armas no convencionales y, en la euforia represiva, una treintena de muertes a bala.

Colombia vive un levantamiento popular sin precedentes. En las ciudades hay permanentes y masivas manifestaciones en distintos puntos, enfrentamientos con la fuerza pública y –como es costumbre y anómalo- una contención desmesurada por parte de ésta, asonadas criminales en las periferias que desde distinto origen –tribus, guerrilla urbana, delincuencia- agravan la situación y sirven a los adversarios del movimiento social y popular para desviar el foco de su poderosa demostración de indignación. En no menos de 600 municipios se han dado protestas. En las carreteras, retenes y bloqueos de pobladores y camioneros -inconformes con aranceles y peajes y a los que el fiscal pendenciero amenaza expropiar- impiden el paso generando desabastecimiento. En las principales capitales del mundo se dan expresiones de solidaridad con el paro.

Atolondrado ante la beligerancia y potencia de las manifestaciones el gobierno transitó errático de la oferta de negociación del contenido de la reforma, al anuncio de su retiro y a la renuncia del inescrutable Carrasquilla, aspirando a calmar “la calle”, ingenuo o porfiado, pues es claro que las demandas acumuladas superan el motivo inmediato del descontento y la representación del paro exige negociarlas en forma directa.

En un intento por repetir la maniobra del paro anterior, Duque enroca el gabinete para poner una cara amable en Hacienda -quien con el anuncio de no comprar aviones y no aumentar tributantes buscó traer calma-,   llama a un “diálogo nacional” bajo su cronograma y agenda, que pretende convertir en una convergencia de respaldo a su legitimidad y lograr acuerdos por arriba para enfrentar el atolladero fiscal sin hacer concesiones de carácter social más allá del “ingreso solidario”, sospechosamente apreciado en posibles votantes uribistas, según las encuestas, con lo que en lugar de desactivar la movilización ratificará sus motivaciones.

Obstinados en negarse a reconocer la realidad, el gobierno, su partido, el líder de este y tutor del presidente, y sus aliados, buscan extravagantes explicaciones a la oleada de indignación que inunda el país para no reconocer el desastre social de Duque ayudado por la pandemia. El último embuchado grotesco de Uribe fue acudir a las elucubraciones de un fanático pronazi chileno, invitado especial e inconstitucional en escuelas de formación militar, para advertir sobre una supuesta “revolución molecular disipada”, la consumación de las profecías autocumplidas.

Estrategia en la que -siguiendo el embuste teórico que podría justificar un baño de sangre- estarían confabulados los expresidentes Santos y Samper, las centrales obreras, los estudiantes de la Distrital y de los Andes, la “Coalición de la Esperanza” y el “Pacto Histórico”, las madres de Soacha, el personal de salud, los camioneros, el Cric, “Juanpis González”, el ELN y los que tumbaron las estatuas de Nariño y Bolívar, al lado de los que derribaron las de Belalcázar y Jiménez de Quesada y junto a los que bajaron del pedestal las de Misael Pastrana y Alzate Avendaño. Una ofensa más, con su consabida peligrosidad, contra la gente, su diversidad y sus derechos, provocada por la cada vez más notoria y delirante pérdida de poder del uribismo.

Dos opciones tiene el Duque para enfrentar la situación actual con miras a lo poco de mandato que le queda: Ignora la movilización o intenta embolatarla para ganar tiempo e imponer un acuerdo de elites que postergue las demandas sociales con la posible agudización del descontento en las calles, para controlar el cual acudiría a la conmoción interior y a recostarse en la ley marcial hasta terminar el período, si los cantos de sirena de su entorno no lo tientan con quedarse para “salvar la patria”. Un triste final para el presidente más joven de Colombia hasta la fecha.

La alternativa: establece una negociación seria con el comité de paro y las organizaciones sociales, retira los proyectos en trámite considerados lesivos para los intereses mayoritarios como las reformas a la salud, las pensiones y laboral y acuerda  una reforma tributaria progresiva y equitativa que garantice los recursos necesarios para una renta básica, vacunación pronta y eficiente contra el Covid, gratuidad en la educación superior y cumplimiento de compromisos adquiridos con el movimiento estudiantil, reforma de la policía y el Esmad, implementación de los acuerdos de paz, ayuda a pequeña y mediana industria, plan de empleo, no adelantar fumigaciones con glifosato ni proyectos de fracking y garantías de elecciones transparentes. No todo estaría perdido.

Radiografía de la crisis

Las instituciones colombianas afrontan una grave crisis de legitimidad y credibilidad ahondada por la falta de liderazgo y gobernabilidad del Presidente de la República que no logró demostrar capacidad de gestión, fijar un rumbo cierto, manejar satisfactoriamente la crisis social ahondada por la pandemia, denota subordinación a su mentor, persiste en políticas impopulares (la reforma tributaria era la mecha que le faltaba a la bomba), concentra poderes en una muestra de autoritarismo, exhibe sin rubor su inclinación hacia el gran capital y medidas regresivas, encubre realidades, intenta engañar a la opinión nacional e internacional y abusa de la demagogia promesera como paliativo a los sectores empobrecidos.

Tres encuestas recientes, partiendo de metodologías y universos diferentes, coinciden en algunos de los aspectos que los colombianos consideran más críticos de la realidad nacional respecto de las instituciones y el ejercicio del poder. De una parte, el Edelman Trust Barometer, un estudio mundial, en su edición 2021, consultó a 1.350 personas sobre los niveles de confianza hacia el Gobierno, las empresas, las ONG’s y los medios de comunicación.

El índice de confianza general disminuyó en 5 puntos respecto del año anterior y ninguna de estas organizaciones es considerada competente y ética, siendo las empresas las más próximas a lograrlo, desde la perspectiva empresarial de la firma encuestadora. Colombia ocupa el cuarto lugar como una de las naciones con mayor desconfianza en el gobierno, 20 puntos por debajo del promedio global que se encuentra en 53%. La prevención hacia los medios de comunicación coloca al país en el quinto lugar, con 12 puntos por debajo de la media mundial que es de 51%.

La mayor alerta de los consultados es con los funcionarios públicos (24%), los periodistas y líderes religiosos (35%) y los CEO de compañías diferentes a la propia (41%). Sostienen que los líderes son sospechosos de mentir y desinformar “El 72% de los colombianos cree que los líderes gubernamentales y el 66% que los líderes empresariales están tratando de engañar a la gente a propósito, diciendo cosas que saben que son falsas o grandes exageraciones.”

Más de la mitad de los encuestados considera que los noticieros están sesgados. El 73% coincide en que los periodistas y reporteros intentan engañar a la gente a propósito diciendo cosas que saben son falsas o grandes exageraciones. El 72% afirma que la mayoría de los espacios de información se preocupan más por apoyar una ideología o posición política que por informar a su público. Por último, un 76% asegura que los medios de comunicación son parcializados y están al servicio del poder.

Aparte del plato favorito de medios, audiencias y analistas que constituyen las encuestas sobre favoritismo electoral y evaluación de gobernantes, la más reciente, realizada por Invamer (1.008 encuestados) para los medios del Grupo Santodomingo, muestra importantes cifras sobre realidades nacionales. A ella se suma el estudio Polimétrica, con un módulo aplicado a cultura política (4.867 encuestados), que periódicamente realiza la firma Cifras y Conceptos, la que citaremos en aspectos puntuales por bastante difundida.

 De acuerdo con la encuesta de Invamer a 1.008 personas en todo el país, la desaprobación del presidente Iván Duque, en ascenso, es del 63.2%, siendo crítico que el 50.3 % de quienes se identifican de derecha, su mayor elector, lo descalifican y es más notorio en estratos altos (68.1%), parte de su base electoral. El descontento es rotundo en todos los aspectos de la actuación gubernamental y de sus funcionarios.

El polémico y cuestionado Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, apenas es reconocido por el 37.5% de los encuestados pero tiene una desaprobación del 26%, el Ministro de Salud, Fernando Ruíz, catapultado al escenario por la pandemia y ahora en la picota por su manejo, apenas es identificado por el 11%, de los cuales el 3.6% lo descalifica. El negativo de la policía es del 41%, a cuyo director identifica el 17% con un desfavorable de 6%, mientras que al comandante del ejército dice conocerlo el 30% pero lo desaprueba uno de cada tres.

Entre las instituciones, la opinión desfavorable de la ciudadanía es sintomática: 70.5% para el sistema judicial (60% cortes constitucional y suprema) con un preocupante 58% de la Justicia Especial de Paz, muy bien valorada en instancias internacionales pero, junto con las cortes, objeto de una campaña obsesiva en contra por parte del expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático, incómodos con el encausamiento de militares y civiles por actuaciones ilegales en el conflicto. El Congreso tiene una imagen negativa del 73% y los partidos políticos que lo alimentan del 78.1%, desprestigio ganado, con excepciones contadas, por clientelismo, inasistencia, salarios exorbitantes, mediocridad, virtualidad amañada y sumisión al ejecutivo.

Al Fiscal Francisco Barbosa apenas lo conoce el 14% pero el 8% lo cuestiona y la entidad es rechazada por el 61%, al contralor Felipe Córdoba lo identifica el 8% pero con 4.5 % en contra y la entidad tiene una opinión adversa del 49% y la Procuraduría Margarita Cabello es increpada por el 50%. Junto con la Defensoría del Pueblo, ignorada en la muestra, son cuatro entidades que, a través de hábiles manejos de “mermelada” por el gobierno han sido puestas en manos de alfiles, seguidores de Uribe y que con sus actuaciones están corroborando la sospecha de que actuarían con parcialidad, además de que en la crisis actual no disimulan apetitos burocráticos y ansiedad de poder.

El incuestionable liderazgo de Álvaro Uribe en lo corrido del siglo XXI se vino a pique, ahora el 55.7% duda de sus atributos en medio de procesos judiciales en los que su actuación es dudosa, el respaldo a Duque conlleva sanción política, la opinión está agotada de su discurso sectario y afán de subordinar un nuevo gobierno así sea imponiendo a su hijo. El expresidente Santos, con un 56.7% en contra, tampoco recibe los favores de los encuestados, uribistas que persisten en cobrar su deslindamiento en favor de la paz y ciudadanía insatisfecha con la generalidad de su mandato.  

Consultados por temas nacionales álgidos del momento, con marcado pesimismo, el 87% de los ciudadanos considera que el país va por mal camino, el 52.5% se declara insatisfecho con nivel de vida, para el 63% no existen garantías para ejercer la oposición y el 77% considera que ha empeorado la lucha contra la pobreza. Destacan como los mayores problemas del país la Corrupción, (27.4%) el desempleo (13.8%), la inseguridad (9.4) y la economía (9.0%). En cuanto a percepción de inseguridad el 56% se considera inseguro, 34% víctima de algún delito y el 63% de éstos reconoce no denunciar. El 80% rechaza impuestos para apoyar programas sociales (así fueron consultados),

En contradicción con el acento hacia la centroizquierda en intenciones electorales y paz, la posición frente a algunos temas sigue siendo muy conservadora, no obstante la agenda legislativa, la promoción y el debate de aspectos de la modernidad y los derechos por las fuerzas progresistas. Es así como, el 75% desaprueba la legalización de venta y consumo de drogas, el 66% están en contra de la adopción de menores por parejas del mismo sexo y el 56% del matrimonio homosexual. En el caso de Polimétrica, el 72% apoyaría candidatos que voten cadena perpetua, el 52 % a candidatos que penalicen consumo de psicoactivos, el 68% rechaza regularización del uso de marihuana, el 30% respalda acabar con la JEP y 25% con el acuerdo de paz con las Farc.

Si bien, el 74% cree que implementación del acuerdo va por mal camino, el 62.3% apoya una salida dialogada aunque el 55.7% considera que las FF.AA están en capacidad de derrotar a la guerrilla (Polimétrica señala que 55% apoya acuerdos con las Farc y diálogo con ELN y que 58% considera que gobierno ha incumplido, mientras que el 65% señala a las Farc).  El 54% apoya la aspersión aérea de cultivos ilegales -se supone que con glifosato porque la pregunta no es explícita.

No obstante que en un gesto reconocido por organismos internacionales y gobiernos del mundo, Duque estableció el Estatuto de Protección Temporal al Migrante y Colombia acoge una cifra que se estima entre dos y tres millones de venezolanos, el 44% de los encuestados cree, haciendo eco a una insidiosa campaña uribista y equívocas intervenciones de otros gobernantes, que Colombia puede llegar a la situación de Venezuela, el 63% se opone a dar acogida a venezolanos, el 64% tiene una  imagen desfavorable de los  migrantes y el 70% respalda el cierre de fronteras para evitarlos.

Frente a la pandemia generada por el Covid19 (con un 57% de trabajadores y 13.8% de desempleados, entre otros, en el total de la encuesta) el 59% considera que los peor está por venir. El 65% a nivel nacional y el 72% en Bogotá no se consideran afectado. El 81% cree que el mayor impacto es económico. Las mayores afectaciones por quienes las reconocen: 60% empleo, 42% salud, 38% educación. Apenas el 1% se considera perjudicado en su libertad por el aislamiento. El 21% ha recibido ayuda (más alta en la Costa Caribe, 30%).  El 69% indican que la causa del contagio es la indisciplina, casi el      60 % cree probable contagiarse, el 28% rechaza la vacuna, 47% de ellos por desconfianza en efectividad y posibles efectos.

Si bien el propósito de esta columna no es analizar las proyecciones electorales para presidencia, gobernaciones, alcaldías y Congreso de las encuestas citadas, abordadas por Pares y en medios de comunicación, es relevante mencionar cómo se identifican política e ideológicamente los consultados y son clasificados por las encuestadoras -que divergen de manera notoria en la cuantificación, asunto del que deben dar cuenta sus metodologías-, ya que, en parte, a ese encuadramiento obedecen sus respuestas.

Según Invamer el espectro político actual está conformado por: Izquierda 19%, centro 25%, derecha 33% (Polimétrica: registra 21, 64, 15% respectivamente, agregando la centro derecha al centro). Por organización política (entre paréntesis Polimétrica): Liberal 13% (10%), Centro Democrático 12% (5%), Verde 7.8% (5%)  Conservador 5.4% (2%), la U 5.8% (2%), Cambio Radical 12,1% (1%), Decentes 2.7% (Colombia Humana 7%). En preferencias presidenciales, la novedad de Invamer es la amplia delantera de Gustavo Petro en todos los escenarios a algo más de un año de la primera vuelta.