Cuando gobierna la torpeza

 

Tras una semana de iniciado el paro nacional convocado desde el 28 de abril  por centrales de trabajadores, el magisterio y los pensionados -pero sostenido en la calle y las movilizaciones por organizaciones sociales que representan un amplio espectro de reivindicaciones-, con millones de personas en marchas y concentraciones, más de 30 civiles muertos de cuya comisión se señala en varios casos a la policía, cientos de heridos de ambos lados, daños a infraestructura e inmobiliario urbano y comercios, ronda la pregunta ¿Por qué el gobierno, advertido de la impopularidad de la reforma tributaria y del ambiente de hastío con los efectos de la pandemia y las medidas para controlarla, se obstinó en tramitarla? 

Soberbia, sobradez, alienación de la realidad, exceso de confianza en la “mermelada”, ambición y terquedad. Aunque la calificación del contenido de la reforma depende de la posición del especialista frente al gobierno, algunos han ponderado aspectos que intentaban reducir las dádivas al gran capital otorgadas en reformas anteriores, cubrir el déficit fiscal y garantizar la continuidad de programas sociales, ampliando el ingreso solidario creado para paliar los efectos de la pandemia en los sectores populares, con todo y su insignificancia real pues no supera los U$ 10 al mes. Duque pretendía, en su entender y el del ministro de hacienda, una reforma que los pasara a la historia. Todo ello ampliando el recaudo sobre la base de gravar las rentas y patrimonios de la clase media y la comida de los pobres.

Pero la estrategia de comunicación y socialización de la reforma, por parte de la presidencia y el ministerio de hacienda, en cabeza del evasivo y prepotente Carrasquilla, no promovió los  aspectos supuestamente correctivos  que podrían haberle ganado adeptos al proyecto sino que, para fortuna del país, exhibió las medidas más agresivas contra los menguados ingresos de los sectores medios, hoy deslizados a la pobreza que ya cubre al 48% de la población, según la propia oficina oficial de estadística (Dane), y el destino de los recursos, costear aviones de combate por 14 billones de pesos, mientras, sin vergüenza alguna, la procuradora uribista anunciaba un proyecto para crear mil nuevos cargos en esa hoy cuestionada entidad, que seguro compensarían los votos a favor de la reforma.

Comenzar por el anuncio de gravar con IVA café, huevos, chocolate y otros productos de primera necesidad fue provocador y agresivo cuando el propio Dane verifica que 3 millones de personas han suprimido una de las tres comidas diarias. Así se fue destapando una horrorosa caja de pandora que incluía, además, impuestos a los ingresos medios ahorcados de cargas, acabar con estímulos al cine, sacarle parte de regalías harto misérrimas a escritores y artistas, encarecer los computadores en épocas de enclaustramiento, hasta cobrar derechos por ceremonias funerarias en plena mortandad, que para sorpresa el presidente afirmo ignorar. De ñapa, una periodista conveniente le pregunta al ministro cuánto vale una bandeja de huevos y éste no tiene ni idea.

El propio partido del presidente mostró cautela y su jefe, el expresidente Uribe, luego de mandar a sus hijos a darle línea a Duque (“lo que hay es que producir”), con la antena puesta en las próximas elecciones y la inminente reacción ciudadana, trató de que se modificara el contenido de la reforma. Con igual olfato electorero el jefe de Cambio Radical, Germán Vargas, se vino lanza en ristre, no por impopular sino por inoportuna y, aunque pasó inadvertido, por afectar al gran capital inversionista. Otro tanto hizo el jefe del partido liberal, César Gaviria, en una escena teatral aunque efectiva para negar el apoyo del partido liberal. Otros más se escurrieron y la oposición dio un no rotundo. Los gremios económicos tanteando el caldero sugirieron revisarla e incluso aplazar las canonjías de que han sido objeto.

Ante la desmedida amenaza a los bolsillos de profesionales, empleados y rebuscadores, las centrales obreras y aliados no hicieron otra cosa que fijar fecha para con este motivo dar continuidad a la suspendida vigorosa movilización del 21 de noviembre de 2019 y días siguientes -con su pliego reivindicativo pendiente- que amainó por diciembre, tras el asesinato por el Esmad de Dilan Cruz y la cuarentena y medidas impuestas el año pasado para supuestamente conjurar los efectos de la pandemia provocada por el Covid19, situación también ha sido manejada de forma mediocre y propagandística por el gobierno. Pese a todo, Duque radicó la reforma.

Desde el 28 de abril ha sucedido una inadvertida explosión de inconformidad contenida, con un acumulado de frustraciones, incumplimientos, desconfianzas y rabia por condiciones cada vez más difíciles de vida para millones de colombianos y rechazo a la omnipresencia irritante de Uribe. A la pérdida de empleo y capacidad adquisitiva de la mayoría se suma la incertidumbre y temor la juventud frente al futuro, las esperas y desplantes a afro descendientes, indígenas y campesinos, la desilusión con un proceso de paz que prometió mejores días y el reclamo a quienes desde el gobierno y la derecha lo pervirtieron al punto que ya suman 270 firmantes asesinados y a diario matan líderes sociales para contener la inconformidad y empoderamiento en los territorios y la desazón de pequeños empresarios fracasados o al borde de la quiebra.

Al reto obtuso de presentar la tributaria para negociarla en el Congreso con los partidos, bajándose de las pretensiones exageradas de recursos -como hizo con las anteriores propuestas cuando tenía capacidad de transacción y se dedicó a colmar de exenciones a las grandes empresas con el cuento de que generarían empleo- y con la  amenazas de “falta de caja”  para pagar sueldos, el gobierno le sumó el absurdo tratamiento de la protesta social como asunto de orden público, tratando de disuadir las manifestaciones a punta de gas lacrimógeno y protuberantes violaciones de los derechos humanos con empleo indebido de la fuerza, uso de armas no convencionales y, en la euforia represiva, una treintena de muertes a bala.

Colombia vive un levantamiento popular sin precedentes. En las ciudades hay permanentes y masivas manifestaciones en distintos puntos, enfrentamientos con la fuerza pública y –como es costumbre y anómalo- una contención desmesurada por parte de ésta, asonadas criminales en las periferias que desde distinto origen –tribus, guerrilla urbana, delincuencia- agravan la situación y sirven a los adversarios del movimiento social y popular para desviar el foco de su poderosa demostración de indignación. En no menos de 600 municipios se han dado protestas. En las carreteras, retenes y bloqueos de pobladores y camioneros -inconformes con aranceles y peajes y a los que el fiscal pendenciero amenaza expropiar- impiden el paso generando desabastecimiento. En las principales capitales del mundo se dan expresiones de solidaridad con el paro.

Atolondrado ante la beligerancia y potencia de las manifestaciones el gobierno transitó errático de la oferta de negociación del contenido de la reforma, al anuncio de su retiro y a la renuncia del inescrutable Carrasquilla, aspirando a calmar “la calle”, ingenuo o porfiado, pues es claro que las demandas acumuladas superan el motivo inmediato del descontento y la representación del paro exige negociarlas en forma directa.

En un intento por repetir la maniobra del paro anterior, Duque enroca el gabinete para poner una cara amable en Hacienda -quien con el anuncio de no comprar aviones y no aumentar tributantes buscó traer calma-,   llama a un “diálogo nacional” bajo su cronograma y agenda, que pretende convertir en una convergencia de respaldo a su legitimidad y lograr acuerdos por arriba para enfrentar el atolladero fiscal sin hacer concesiones de carácter social más allá del “ingreso solidario”, sospechosamente apreciado en posibles votantes uribistas, según las encuestas, con lo que en lugar de desactivar la movilización ratificará sus motivaciones.

Obstinados en negarse a reconocer la realidad, el gobierno, su partido, el líder de este y tutor del presidente, y sus aliados, buscan extravagantes explicaciones a la oleada de indignación que inunda el país para no reconocer el desastre social de Duque ayudado por la pandemia. El último embuchado grotesco de Uribe fue acudir a las elucubraciones de un fanático pronazi chileno, invitado especial e inconstitucional en escuelas de formación militar, para advertir sobre una supuesta “revolución molecular disipada”, la consumación de las profecías autocumplidas.

Estrategia en la que -siguiendo el embuste teórico que podría justificar un baño de sangre- estarían confabulados los expresidentes Santos y Samper, las centrales obreras, los estudiantes de la Distrital y de los Andes, la “Coalición de la Esperanza” y el “Pacto Histórico”, las madres de Soacha, el personal de salud, los camioneros, el Cric, “Juanpis González”, el ELN y los que tumbaron las estatuas de Nariño y Bolívar, al lado de los que derribaron las de Belalcázar y Jiménez de Quesada y junto a los que bajaron del pedestal las de Misael Pastrana y Alzate Avendaño. Una ofensa más, con su consabida peligrosidad, contra la gente, su diversidad y sus derechos, provocada por la cada vez más notoria y delirante pérdida de poder del uribismo.

Dos opciones tiene el Duque para enfrentar la situación actual con miras a lo poco de mandato que le queda: Ignora la movilización o intenta embolatarla para ganar tiempo e imponer un acuerdo de elites que postergue las demandas sociales con la posible agudización del descontento en las calles, para controlar el cual acudiría a la conmoción interior y a recostarse en la ley marcial hasta terminar el período, si los cantos de sirena de su entorno no lo tientan con quedarse para “salvar la patria”. Un triste final para el presidente más joven de Colombia hasta la fecha.

La alternativa: establece una negociación seria con el comité de paro y las organizaciones sociales, retira los proyectos en trámite considerados lesivos para los intereses mayoritarios como las reformas a la salud, las pensiones y laboral y acuerda  una reforma tributaria progresiva y equitativa que garantice los recursos necesarios para una renta básica, vacunación pronta y eficiente contra el Covid, gratuidad en la educación superior y cumplimiento de compromisos adquiridos con el movimiento estudiantil, reforma de la policía y el Esmad, implementación de los acuerdos de paz, ayuda a pequeña y mediana industria, plan de empleo, no adelantar fumigaciones con glifosato ni proyectos de fracking y garantías de elecciones transparentes. No todo estaría perdido.