“Les urge mas que abran los bares que los juzgados”, esta
frase de un meme refleja la postración de la Justicia en este período de
cuarentena obligada por la pandemia del Covid 19. Tras casi tres meses de
parálisis del sector -excepto determinados asuntos como la tutela, cuota de
alimentos y penales- no ha habido un solo pronunciamiento sobre la situación económica
y de salubridad de usuarios y funcionarios del sector judicial en el espacio
permanente del presidente por medios de comunicación, ni de la gris Ministra de
Justicia notoria por su ausencia -salvo para edulcorar la masacre de presos en
La Modelo. No hubo ni un editorial ni
una nota periodística y las quejas y lamentos de abogados litigantes se pierden
desesperadas en las líneas abiertas de los programas radiales.
Justicia en apuros
Mientras que la situación generada y las medidas asumidas
para la garantía de derechos como la salud y la educación ha dado pie a análisis,
debates y propuestas sobre el impacto de las reformas neoliberales, la mercantilización
de esos derechos, la vuelta necesaria a una mayor presencia del Estado, los
efectos de la crisis en la prestación de servicios y los cambios que la
presencia amenazante del virus generará, dando mayor énfasis y anticipando la
virtualización con sus consecuentes impactos en la sociabilidad y aprendizaje,
la justicia apenas figura por la controversia que ha generado su politización
en casos como la insólita aprobación de la doble instancia para el exministro
Arias, la ostensible parcialidad del Fiscal General Barbosa en lo relacionado
con la denominada “Ñeñepolítica” - que revela posibles delitos en la elección
del Presidente Duque Márquez- y la forzada detención domiciliaria del
gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria y los embates de la derecha contra la
JEP.
Durante 3 meses cerca de 30 mil funcionarios y empleados de
la Rama Judicial y la mayor parte de los 300 mil abogados inscritos ante el
Consejo Superior de la Judicatura han padecido esa demostración de desinterés y
abandono. La preocupación de los vinculados a la rama es un retorno bajo
condiciones de bioseguridad, que se cumplan viejas promesas salariales y de aumento
de jueces y empleados, optimización de infraestructura y que la obligada
virtualización de servicios sea realidad para mejorar la cobertura nacional y garantizar eficacia en la descongestión y
acceso a la justicia, donde se acumulaban a finales de 2019 casi 2 millones de
procesos por resolver, a lo que se sumarán los pendientes de la cuarentena.
La preocupación de los litigantes, es por los ingresos no
percibidos en un tiempo tan prolongado lo que ha llevado a varios a interponer
tutelas en defensa del derecho al trabajo, el mínimo vital y la puesta en
marcha del expediente digital, que no han sido favorables, entre otras, por
oposición del propio gobierno, circunstancias que seguro llevarán a su pauperización.
La engañosa virtualidad
Los decretos expedidos por el gobierno y reglamentados por el
Consejo Superior de la Judicatura en el marco de la emergencia económica y
sanitaria a causa del Covid19, se ocuparon
de garantizar el aislamiento de los despachos judiciales mediante la
suspensión de términos judiciales, prorrogada en 3 ocasiones y que se levantará
el próximo primero de julio, y medidas orientadas a garantizar las actuaciones
judiciales a través de medios electrónicos para progresivamente instaurar el
denominado expediente digital, previsión establecida en el Código General del
Proceso de 2012, apenas avanzada a pesar de los cuantiosos recursos
periódicamente anunciados y que genera dudas de su pronta realización.
Si bien la introducción de herramientas digitales es una
exigencia y puede contribuir a la mejora en la prestación del servicio judicial,
por sí misma no constituye una solución como han pretendido hacerle creer a la
opinión el gobierno, algunos tertulianos, columnistas y abogados con ínfulas
cibernéticas efectistas. La cobertura promedio en nuestro país es de 11 jueces
por cada 100 mil habitantes, un rezago total frete a los promedios de 65 de
países europeos miembros de la Ocde, club al que ingresamos en época reciente y
que exige superar ese bache y mejorar ostensiblemente el presupuesto de la
rama.
De otra parte, frente a una pésima calidad de instalaciones
en la mayoría de despachos (estrechez, carencia de sanitarios, escasez de
implementos) que demanda atención inmediata, la digitalización judicial
costaría U$ 800 millones de dólares (cerca de $3 billones de pesos) y su funcionamiento
anual cerca de U$ 200 millones (algo mas de $700 mil millones). Recursos que de
existir, exigirían previa inversión, la modernización total de la rama (más
despachos, más servidores, mejores condiciones) para que no se convirtieran en
una fantasía sobre ruinas.
Los problemas desnudados en materia de justicia por la
pandemia dejan en evidencia el desdén de los gobiernos por garantizarle ese
derecho a los ciudadanos y el interés por instrumentalizar las altas cortes en
favor de sus propósitos e intereses
políticos, que en los casos en que no ha sido viable provocan confrontaciones
con graves repercusiones institucionales como lo atestiguan los procesos contra
el expresidente Álvaro Uribe Vélez en cuyo gobierno la Corte Suprema de
Justicia fue objeto de espionaje controlado desde el Palacio de Nariño, en una
página vergonzosa para nuestra historia que por desgracia se sigue repitiendo.
De allí que las sucesivas propuestas de reforma fracasen en intentos por
controlar el poder judicial o la reacción de las altas cortes de no ceder
privilegios del clientelismo, no obstante que se venden como alternativas al
retraso, la lentitud y la congestión que niegan de hecho el derecho ciudadano
al acceso y a una pronta y cumplida justicia.
Democratizar la abogacía
El sector está afectado en su calidad por el cada vez más
evidente distanciamiento en la formación profesional de los abogados por
condiciones económicas y sociales, ejercicio clasista y mercantilización de la
profesión prescindiendo de valores éticos. Como lo muestra un reciente estudio
de DeJusticia, la calidad profesional y los campos del ejercicio del derecho
los marcan cada vez más los costos universitarios y las relaciones de poder, no
obstante que algunos centros universitarios de tradición han logrado colonizar altos
espacios de la judicatura.
Así las cosas, evitando mencionar a las entidades por su
nombre y a riesgo de generalizar, egresados de universidades de alto costo y
por ende de alta calidad se desempeñan en los casi invencibles bufetes privados,
altos cargos en la justicia, el
ejecutivo, organismos de control, en el Congreso de la República y el
arbitraje. Quienes provienen de centros educativos de mediano costo y calidad
mediana ocupan cargos intermedios en los tres poderes o se dedican al litigio y
los pregrados de bajo y costo y baja calidad (universidades de garaje) así como
de universidades públicas regionales proveen
a las notarías, niveles de base de la Fiscalía, cargos asistenciales en las
diferentes ramas del poder y el litigio independiente. Siendo notoria la
pérdida de presencia de la universidad pública en las esferas del poder, en
particular la Universidad Nacional.
El retorno a los despachos después de un prolongado cese
obligado, en toda la vida republicana del país, por un motivo distinto de las
justas, permanentes y nunca satisfechas demandas de los servidores judiciales, e
inmerso en la aparente virtualización de la justicia, es una oportunidad para
que operadores, litigantes y ciudadanía afrontemos con urgencia la necesaria
reforma a la justicia que no solo implica la modernización de los aspectos
señalados, para que se garantice el derecho a la justicia, sino la reglamentación
de la enseñanza para propiciar calidad y la democratización del ejercicio de la
judicatura y acceso a la burocracia para superar la estratificación clasista en
la que se ejerce la abogacía como correlato de las desigualdades
socioeconómicas y falencias de la democracia en el país.
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