martes, 25 de abril de 2023
domingo, 4 de diciembre de 2022
Eternamente Pablo
domingo, 26 de septiembre de 2021
Y no pudieron hacerla trizas
“La paz frágil”, dijo el presidente de Colombia ante la
Asamblea de Naciones Unidas para referirse con sorna a los acuerdos que
trajeron de vuelta a la institucionalidad descaecida del país a las FARC-EP. La
misma paz con la que el gobierno y sus representantes sacan pecho para recibir
los elogios y apoyos que le ha deparado el mundo a Colombia por ese pacto
histórico de civilidad y de cuyo estado actual –recortes y fragilidad- es
absoluto responsable.
El vociferante Ministro de Defensa siguió la pauta al afirmar
que ahora no hay una sino tres FARC: la que tiene representación en el
Congreso, la que se hartó de los incumplimientos y erróneamente volvió a las
armas y la que nunca creyó en ese cuento. Calló que a la primera, leal a los
acuerdos, la están masacrando y el gobierno no ha sido capaz de impedirlo.
Se sumaron al coro el Ministro del Interior, que tuvo la
osadía de lesa antidemocracia de salir a retar al candidato favorito a las
presidenciales restregándole su pasado guerrillero, y el embajador en los
Estados Unidos que, como funcionario del gobierno firmante de la paz, asintió a
favor de las conversaciones y ahora las repudia.
Las reacciones amargadas y guerreristas del gobierno uribista,
del partido en el gobierno -el Centro Democrático y sus aliados-, y de Uribe -desde
su trinchera campestre y ecuestre-, obedecen a una razón de fondo: el proceso
de paz facilitó las condiciones para que un gobierno alternativo dirija los
destinos de la nación.
Esa es en el fondo la razón de la bronca contra los acuerdos de
paz. Prefieren ignorar que, a la par, la alternativa de las armas fue
deslegitimada como opción en un país acostumbrado a acudir a ellas para dirimir
sus diferencias.
La república señorial de estirpe terrateniente y mafiosa y “el
Estado Social de Derecho” neoliberal de la burguesía urbana financiera se
resisten a aceptar la realidad de que, tras el acuerdo de paz con la guerrilla más
grande e histórica, la guerra dejó de ser amenaza y freno y la gente se liberó para
expresar su inconformidad y optar por un posible vuelco político histórico. Eso
no lo calcularon Santos y su gente, pero contribuyeron a ello y, por eso, la
reacción no se los perdona.
La desazón se nota en la desesperación de las reacciones por
manchar como fracaso y minimizar el quinto aniversario de la firma de los
Acuerdos de Paz Estado-FARC-EP, fraguados en La Habana durante un lustro, desde
que el nuevo presidente, Juan Manuel Santos, anunció que tenía la llave de la
puerta de la paz, el 7 de agosto de 2012, liberándose de las amarras de la
“seguridad democrática” de Uribe.
El 26 de septiembre de 2016, en pomposo acto en Cartagena,
cimbrado por aviones de guerra que reafirmaron la posición de las Fuerzas
Armadas -la paz es la victoria, les prometió el presidente-, “Timochenko”
(Rodrigo Arias Londoño) y Santos estamparon sus firmas y estrecharon sus manos
en medio de vítores de los invitados. A pocas cuadras, el expresidente Álvaro Uribe,
altavoz en mano, se despachaba contra el tratado.
La dicha fue breve. El terco y soberbio empeño de Juan Manuel
Santos por glorificarse con un plebiscito de apabullante apoyo a su gestión se
estrelló con los efectos de la estrategia mezquina del uribismo para desprestigiar
las negociaciones. Contra el optimismo y el tremendismo atemorizador de la
propaganda oficial, el 2 de octubre ganó el No por una mínima diferencia y
sobre la base de muchas mentiras e infamias.
Como para la reelección, el presidente tuvo que acudir al
respaldo del movimiento social partidario de la paz -que no a su mandato de
carácter neoliberal- para darle oxígeno a un proceso balbuceante, edificado institucionalmente
sobre la base del apoyo político de los partidos de la coalición de gobierno,
“mermelada” a los congresistas y medios de comunicación y la promesa a los
grandes empresarios de mejores días para los negocios.
Tras el pasmo de la derrota, en una hábil decisión, Santos
consultó con los ganadores modificaciones: aceptó muchas formales y,
presionadas por los militares azuzados por Uribe, otras de fondo como la
impunidad jerárquica. El 7 de octubre, el otorgamiento del Premio Nobel de Paz le
dio el necesario y urgido espaldarazo ante el país y el mundo. Con el apoyo del
Congreso y el aval de la Corte Constitucional logró una salida institucional al
proceso.
El acuerdo se ratificó en una nueva ceremonia en el Teatro
Colón de Bogotá, el 24 de noviembre. Desde entonces, la división es
irreconciliable. El uribismo no acepta lo acordado así en gran parte, no se
haya cumplido. El gobierno Santos, a pesar de los esfuerzos y, en algunos casos
adrede, no logró completar la arquitectura de implementación de los compromisos
ante unas FARC-EP desmovilizadas.
El cumplimiento de los acuerdos, en la esencia de lo
negociado -que más allá de la desmovilización de las FARC-EP apuntaba a
destrabar factores de injusticia que dieron justificación a la insurgencia-,
requería de un gobierno afín. El establecimiento, que apañó la iniciativa de
Santos por considerarla manejable, se “patraseó” ante la posibilidad de un
gobierno de cambio. Para atajar a Gustavo Petro, corrieron a imponer a Duque,
en conocimiento de que traicionaban lo que habían respaldado.
El movimiento social que ha promovido una solución política a
los conflictos celebra el Acuerdo de Paz, no obstante la implementación
desvirtuada y reducida por parte del Gobierno Duque y los 289 firmantes,
hombres y mujeres, y cientos de líderes sociales asesinados, reivindica lo
avanzado y sigue trabajando porque se pueda recuperar el espíritu original y
cumplir lo acordado. Comparte una visión holística en la que paz significa
equidad, justicia, verdad, reparación de las víctimas y compromiso de no
repetición. Una sociedad reconciliada en sus diferencias y con un proyecto de
país para todos.
El Gobierno Duque, con la política de “paz con legalidad”, se
ha limitado a procurar la reincorporación de excombatientes de base, a tolerar
con cicatería la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción de Paz, a un Centro de
Memoria Histórica desvirtuado por el negacionismo y a proyectos menores en los
Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- afectados por el impacto
del conflicto. El uribismo, al asumirse vencedor en la guerra sin limitaciones
humanitarias impuesta con la “seguridad democrática”, aspiraba a una imposible
claudicación de la insurgencia e imponer las condiciones del desarme. Nada más.
Reforma rural integral, catastro multipropósito, sustitución
voluntaria de cultivos ilícitos, restitución de tierras despojadas, dignificación
de los territorios, participación decisoria, justicia transicional restaurativa,
memoria histórica centrada en las víctimas quedaron en el papel y son ahora
filtrados por los intereses de los victimarios.
A pesar de eso, de que se han desatado varias guerras y cunde
la muerte para contener el descontento social tras el reciente estallido, no
han podido “hacer trizas la paz”. Colombia no les copia a los guerreristas. Lo
dicen, una tras otra, las encuestas. No hay duda, mejor una paz frágil y por
construir que la guerra abominable que promueve con mentiras ominosas la
derecha envilecida y asustada ante la posibilidad de un cambio de rumbo, el
cual intenta parar desde el gobierno y el Congreso con toda clase de manejos y
trucos.
viernes, 21 de mayo de 2021
Juventud, la "primera línea"
En el nuevo paro nacional iniciado el 28 de abril –y aún con un horizonte incierto- hay un actor indiscutible, notorio, valorado por la gente y aún desconocido e ignorado desde el gobierno: Los y las jóvenes. Lo son de nuevo, como lo fueron en las jornadas de 2011 en las que la Mesa Nacional Estudiantil obligó al gobierno Santos a engavetar una propuesta privatizadora de la educación pública; o en las noches de agosto de 2013 en las que a punta de cacerolazos y plantones en las plazas de Bolívar y Tunja le demostraron a ese mismo Gobierno su respaldo al paro agrario cuando Santos dijo que era inexistente; y en las semanas durante las que acompañaron a Gustavo Petro, luego de su abusiva destitución de la Alcaldía de Bogotá por el procurador de entonces, hasta su restitución.
Fueron las y los jóvenes quienes, tras las primeras
reacciones de tristeza e indignación, con una movilización sentida y
comprometida, les dieron un segundo aire a los acuerdos d paz ante el
sorpresivo e insólito triunfo del No en el plebiscito de 2016. Esto le dio a
Santos un margen de maniobra y la posibilidad de recomponer el escenario
político para sacarlos adelante. Y, liderados por la Uness y la Acress, apenas
despuntaba el gobierno uribista de Iván Duque, en octubre de 2018, las y los
estudiantes del país se movilizaron por un pliego que tenía como objetivo
central el compromiso de orientar recursos para evitar a catástrofe financiera
de las universidades públicas (lo cual se logró en el papel pero parcialmente en las ejecuciones).
El desconocimiento de la filosofía de los acuerdos de paz, la
avanzada de reformas como la tributaria, la pensional y la laboral, el
asesinato de líderes sociales, el incumplimiento por sucesivos gobiernos a los
compromisos adquiridos con comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas
y de cultivadores de coca, entre muchos otros factores, motivaron a las
organizaciones sindicales, con el respaldo de otros sectores, a convocar el
Paro Nacional del 21 de Noviembre de 2019. A través de distintas formas de
protesta y una activa participación del artistas sensibles y comprometidos con
el activismo social, esta movilización se prolongó cerca de 2 semanas, culminadas con
el impactante concierto “Un canto por Colombia”.
La juventud, lanzada a las calles de nuevo, conmovió al país
con su entusiasmo inagotable, sus nuevas formas de expresión y su cuota de
sacrificios. Quedó para la posteridad el nombre de Dylan Cruz, asesinado en
Bogotá por un agente del escuadrón antidisturbios. Las actuaciones aberrantes del
Esmad han convertido la necesidad de su disolución y la reforma policial en
otra reivindicación. Esta vez exigían el cumplimiento de lo acordado el año
anterior y reiteraban una reforma democrática del crédito educativo, la condonación
de gravosos intereses, el presupuesto para la ciencia y la investigación, y
universidad pública universal y gratuita.
Una maniobra palaciega sirvió al gobierno Duque para contener
por un tiempo la protesta: la convocatoria a “una conversación nacional” de
cuyos resultados no se hicieron ilusiones las organizaciones participantes. La
pandemia declarada por el virus Covid19 sirvió de anestesia parcial, pero las
medidas gubernamentales para conjurarla apenas le dieron tregua. La poderosa
Minga Indígena se hizo sentir a mediados del año pasado, y el asesinato en un
puesto de policía de Javier Ordóñez, en Bogotá, desató la indignación juvenil
con un resultado trágico ante la descomunal reacción policial aun impune.
Con más de la mitad de su mandato a cuestas, el Gobierno, que
se promovió como “de la juventud”, después de la firma de los acuerdos con las
y los universitarios, en octubre del 2018, apenas se volvió a acordar de la
mitad de la población del país con el paro N21, para convocarla a la
distractiva “conversación” y anunciar un documento Conpes de Política de
Juventud (aún en veremos). Ante la gravedad de la situación socioeconómica de los
y las jóvenes, agravada por los efectos de la pandemia en educación, empleo e
ingresos, aumento de la pobreza y la indigencia, todo fue indiferencia, largas
y demagogia.
Las condiciones estaban dadas para que la juventud volviera a
tener una actuación protagónica en el paro nacional convocado para el 28 de
abril que, trayendo al presente las demandas suspendidas con la “conversación”
y la pandemia, se encontró con el trámite de una reforma tributaria que por
diversos factores -entre otros la tozudez despótica del gobierno- radicalizó
las expresiones de protesta al punto que ni su retiro ni la renuncia del
ministro de hacienda trajeron calma. La última en caer fue la reforma
privatizadora de la salud.
La juventud de sectores populares del país sufre en forma
despiadada los efectos de la crisis, la discriminación social y racial imperante
en ciudades como Cali y el trato prejuiciado, abusivo y violento de la policía.
En ese entorno, han venido surgiendo distintas formas organizativas que
intentan la seguridad y defensa de sus territorios a la vez que hacerse sentir
en un grito desesperado provocado por la exclusión y el marginamiento. A ese
estallido social, el Gobierno, a través del Esmad y la Policía, ha respondido de
manera cruel y desproporcionada, tal vez con la idea de generar escarmientos
que disuadan el alzamiento. De otra parte, por su cuenta, se deshace en
anuncios demagógicos de programas hasta hace poco impensados.
Cientos de miles de jóvenes colman avenidas y plazas cubiertos
con la bandera tricolor de Colombia. Se han atrincherado en varias ciudades del
país, en vías cruciales de sectores populares que han rebautizado como Puerto
Resistencia, la ya mundialmente famosa rotonda de Aguablanca, en Siloe o en la
Loma de la Dignidad en Cali o la Estación de la Resistencia (Avenida de las Américas)
en Bogotá. Allí, dispuestos en formación
de defensa, muchachos que constituyen la “primera línea” contienen los ataques
de la fuerza pública, mientras a sus espaldas otros grupos los pertrechan,
asisten en primeros auxilios y, en conjunto, comparten solidariamente en ollas
comunitarias -atendidas por madres y compañeras con apoyos del vecindario-,
bailan salsa y cantan rap. ¿Qué pretenden? Hacerse sentir y respetar.
Los enfrentamientos entre manifestantes, la gran mayoría
adolescentes, y la fuerza pública, que intenta controlarlos y recuperar calles,
vías y evitar ataques a estaciones, arrojan cerca de medio centenar de muertos.
Entre estos los casos ignominiosos de Marcelo Agredo, baleado por un policía
por patearlo en Cali, Lucas Villa, artista y deportista tiroteado por
francotiradores en Pereira, Sebastián Quintero, impactado por una granada
aturdidora disparada por el Esmad durante las protestas por la detención y
posterior suicidio de la joven Alison Salazar, quien denunció que había sido
abusada por los agentes en Popayán, y Santiago Murillo asesinado por otro
policía en Ibagué.
A esa cifra luctuosa se suman la denuncia de cerca de 500
desapariciones, otros 18 casos de abuso sexual, 28 impactos en los ojos y más
de mil casos de lesiones causadas por artefactos cuya utilización ha sido
cuestionada por organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales.
Sin descartar que muchos hechos de disturbios sean generados por células
subversivas, es indudable - los medios y redes lo muestran- que la mayor parte
de estas víctimas fueron afectadas por la fuerza pública en refriegas contra
manifestantes.
La decisión de cómo se trata una protesta social la determina
el Gobierno y, en mucho, depende de sus legitimidad y fortaleza. En el caso colombiano,
es un derecho constitucional reglamentado en la ley de seguridad ciudadana y
protegido por sentencias de la Corte Constitucional (la más reciente de las
cuales, frente a abusos de la policía en las protestas del 2019, dio
directrices al Gobierno -que las acomodó a su criterio- para garantizar ese
derecho). Sobra hablar del exabrupto de la magistrada que pretendió prohibir las
movilizaciones en curso.
Tanto Iván Duque como los funcionarios relacionados con el
manejo de gobierno y seguridad: Ministro de Defensa, Ministro del Interior,
consejeros de paz, seguridad, normalización –en su mayoría gente joven- están
matriculados en una comprensión de la protesta social como asunto de orden público,
asociado con la visión uribista de tratar la inconformidad no tramitada por
conductos oficiales como estrategia terrorista -así como interpreta la paz
negociada-. La última “explicación” teórica de esa mirada totalitaria es la
“revolución molecular dispersa” con la que intentan interpretar los paros y
protestas.
De ahí que el Ministro de Defensa, Diego Molano, refiera a
menores en la guerrilla como “máquinas de guerra” y en las marchas como “terroristas”,
y contrate una estrategia de comunicación para “transformar la mentalidad hacia
imaginaros de legitimidad”; el Ministro del Interior, Daniel Palacios, como su
partido Centro Democrático, hablen de una “estrategia de desestabilización”;
que el Consejero de Paz, Miguel Ceballos,
patrocine en la Esap una cátedra de la mansedumbre y la “doctrina social” y que el Consejero de
Seguridad, Rafael Guarín, pretenda la creación de una coordinación
gubernamental de la lucha antiterrorista y una estrategia de comunicación
preventiva.
Es una visión contrainsurgente de la sociedad, de “enemigo
interno”. Les cuesta aceptar como interlocutor legitimo a un sector de la
sociedad que, como la juventud, está cuestionando las instituciones, reclama su
inclusión a partir de su identidad y cultura, y exige cambios en todos los
órdenes de la vida social con su participación. Es lo que con claridad han
expresado en los pocos espacios de diálogo abiertos en estas jornadas y en las
encuestas recientes. Respaldan el paro pero reivindican también su lugar. Han
asumido el consejo del gran humorista asesinado, Jaime Garzón: “Si ustedes los
jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarlos.
Nadie”
Quien se desapegue de lugares comunes y explicaciones fáciles
como el “deconstructivismo” en la interpretación del pronazi chileno que da
conferencias en la escuela militar y es seguido por gente cercana al gobierno,
según el cual en los grafitis, las canciones, los perfomances, junto con los
actos vandálicos, hay un patrón común para acabar con el sistema -de consuno
con George Soros, Antifa y Maduro. Quien asuma la realidad de la juventud se
dará cuenta que hace rato la conformación socioeconómica, poblacional,
educativa y cultural del país cambio y es con ella que se debe construir la
agenda del futuro.
El análisis de las expresiones juveniles desde maquetas antisubversivas
encuentra hoy en Colombia una significativa y contradictoria particularidad.
Como hechos simbólicos de la resistencia los indígenas Misak han derribado
estatuas de crueles invasores como Sebastián de Belalcázar (Popayán y Cali) y
Jiménez de Quesada (Bogotá), los jóvenes en Neiva dieron cuenta del monumento a
la Raza (“El mestizo”) y a Misael Pastrana, presidente conservador acusado de
fraude electoral; en Popayán al esclavista Julio Arboleda, en Manizales
destronaron al patriarca falangista Gilberto Alzate Avendaño; y, si no se
protege con vigilancia especial en inmediaciones de la Universidad Sergio
Arboleda, alma mater de este gobierno, la estatua de Laureano Gómez, instigador
de la violencia de los años 50, iba a dar contra el suelo.
Al mismo tiempo, para sorpresa, pues los anteriores gestos
iconoclastas podrían considerarse afines ideológicamente contra personajes
reaccionarios , en Pasto fue derrumbada la estatua de Antonio Nariño, precursor
de la Independencia y difusor de los Derechos Humanos, y en Cumbal y Guachucal
bajaron del pedestal al Libertador Simón Bolívar (en ambos casos por un
desencuentro del sur con la historia central). Por si fuera poco, en la
multitudinaria manifestación en el Monumento a Los Héroes, el 15 de mayo en
Bogotá, mientras unos porfiados jóvenes tiraban hacia abajo con cuerdas y le
prendían fuego a la estatua ecuestre de Bolívar, otros pintaban al costado la
cifra “6.402 héroes” -para referirse a los asesinatos del ejército en el
gobierno Uribe documentados por la JEP- y, en el frente, el rostro épico de Alison
Salazar, la joven vejada por la policía en Popayán. Y en cuerpos y paredes pintada
la bandera con el rojo arriba: para que no se olvide la masacre. Un cúmulo de
hechos cuya carga simbólica no puede ser una nota más cuando todo está en
cuestión.
viernes, 7 de mayo de 2021
Cuando gobierna la torpeza
Tras una semana de iniciado el paro nacional convocado desde el 28 de abril por centrales de trabajadores, el magisterio y los pensionados -pero sostenido en la calle y las movilizaciones por organizaciones sociales que representan un amplio espectro de reivindicaciones-, con millones de personas en marchas y concentraciones, más de 30 civiles muertos de cuya comisión se señala en varios casos a la policía, cientos de heridos de ambos lados, daños a infraestructura e inmobiliario urbano y comercios, ronda la pregunta ¿Por qué el gobierno, advertido de la impopularidad de la reforma tributaria y del ambiente de hastío con los efectos de la pandemia y las medidas para controlarla, se obstinó en tramitarla?
Soberbia, sobradez, alienación
de la realidad, exceso de confianza en la “mermelada”, ambición y terquedad.
Aunque la calificación del contenido de la reforma depende de la posición del
especialista frente al gobierno, algunos han ponderado aspectos que intentaban
reducir las dádivas al gran capital otorgadas en reformas anteriores, cubrir el
déficit fiscal y garantizar la continuidad de programas sociales, ampliando el
ingreso solidario creado para paliar los efectos de la pandemia en los sectores
populares, con todo y su insignificancia real pues no supera los U$ 10 al mes.
Duque pretendía, en su entender y el del ministro de hacienda, una reforma que
los pasara a la historia. Todo ello ampliando el recaudo sobre la base de
gravar las rentas y patrimonios de la clase media y la comida de los pobres.
Pero la estrategia de
comunicación y socialización de la reforma, por parte de la presidencia y el ministerio
de hacienda, en cabeza del evasivo y prepotente Carrasquilla, no promovió los aspectos supuestamente correctivos que podrían haberle ganado adeptos al proyecto
sino que, para fortuna del país, exhibió las medidas más agresivas contra los
menguados ingresos de los sectores medios, hoy deslizados a la pobreza que ya
cubre al 48% de la población, según la propia oficina oficial de estadística
(Dane), y el destino de los recursos, costear aviones de combate por 14
billones de pesos, mientras, sin vergüenza alguna, la procuradora uribista
anunciaba un proyecto para crear mil nuevos cargos en esa hoy cuestionada
entidad, que seguro compensarían los votos a favor de la reforma.
Comenzar por el anuncio de
gravar con IVA café, huevos, chocolate y otros productos de primera necesidad
fue provocador y agresivo cuando el propio Dane verifica que 3 millones de
personas han suprimido una de las tres comidas diarias. Así se fue destapando
una horrorosa caja de pandora que incluía, además, impuestos a los ingresos
medios ahorcados de cargas, acabar con estímulos al cine, sacarle parte de
regalías harto misérrimas a escritores y artistas, encarecer los computadores en épocas de enclaustramiento, hasta cobrar derechos por
ceremonias funerarias en plena mortandad, que para sorpresa el presidente
afirmo ignorar. De ñapa, una periodista conveniente le pregunta al ministro
cuánto vale una bandeja de huevos y éste no tiene ni idea.
El propio partido del presidente
mostró cautela y su jefe, el expresidente Uribe, luego de mandar a sus hijos a
darle línea a Duque (“lo que hay es que producir”), con la antena puesta en las
próximas elecciones y la inminente reacción ciudadana, trató de que se
modificara el contenido de la reforma. Con igual olfato electorero el jefe de
Cambio Radical, Germán Vargas, se vino lanza en ristre, no por impopular sino
por inoportuna y, aunque pasó inadvertido, por afectar al gran capital
inversionista. Otro tanto hizo el jefe del partido liberal, César Gaviria, en
una escena teatral aunque efectiva para negar el apoyo del partido liberal.
Otros más se escurrieron y la oposición dio un no rotundo. Los gremios
económicos tanteando el caldero sugirieron revisarla e incluso aplazar las
canonjías de que han sido objeto.
Ante la desmedida amenaza a los
bolsillos de profesionales, empleados y rebuscadores, las centrales obreras y
aliados no hicieron otra cosa que fijar fecha para con este motivo dar
continuidad a la suspendida vigorosa movilización del 21 de noviembre de 2019 y
días siguientes -con su pliego reivindicativo pendiente- que amainó por
diciembre, tras el asesinato por el Esmad de Dilan Cruz y la cuarentena y
medidas impuestas el año pasado para supuestamente conjurar los efectos de la
pandemia provocada por el Covid19, situación también ha sido manejada de forma
mediocre y propagandística por el gobierno. Pese a todo, Duque radicó la
reforma.
Desde el 28 de abril ha
sucedido una inadvertida explosión de inconformidad contenida, con un acumulado
de frustraciones, incumplimientos, desconfianzas y rabia por condiciones cada
vez más difíciles de vida para millones de colombianos y rechazo a la omnipresencia irritante de Uribe. A la pérdida de empleo
y capacidad adquisitiva de la mayoría se suma la incertidumbre y temor la
juventud frente al futuro, las esperas y desplantes a afro descendientes,
indígenas y campesinos, la desilusión con un proceso de paz que prometió
mejores días y el reclamo a quienes desde el gobierno y la derecha lo
pervirtieron al punto que ya suman 270 firmantes asesinados y a diario matan
líderes sociales para contener la inconformidad y empoderamiento en los
territorios y la desazón de pequeños empresarios fracasados o al borde de la
quiebra.
Al reto obtuso de presentar la
tributaria para negociarla en el Congreso con los partidos, bajándose de las
pretensiones exageradas de recursos -como hizo con las anteriores propuestas cuando
tenía capacidad de transacción y se dedicó a colmar de exenciones a las grandes
empresas con el cuento de que generarían empleo- y con la amenazas de “falta de caja” para pagar sueldos, el gobierno le sumó el
absurdo tratamiento de la protesta social como asunto de orden público, tratando
de disuadir las manifestaciones a punta de gas lacrimógeno y protuberantes
violaciones de los derechos humanos con empleo indebido de la fuerza, uso de
armas no convencionales y, en la euforia represiva, una treintena de muertes a
bala.
Colombia vive un levantamiento
popular sin precedentes. En las ciudades hay permanentes y masivas
manifestaciones en distintos puntos, enfrentamientos con la fuerza pública y –como
es costumbre y anómalo- una contención desmesurada por parte de ésta, asonadas
criminales en las periferias que desde distinto origen –tribus, guerrilla
urbana, delincuencia- agravan la situación y sirven a los adversarios del
movimiento social y popular para desviar el foco de su poderosa demostración de
indignación. En no menos de 600 municipios se han dado protestas. En las
carreteras, retenes y bloqueos de pobladores y camioneros -inconformes con
aranceles y peajes y a los que el fiscal pendenciero amenaza expropiar- impiden
el paso generando desabastecimiento. En las principales capitales del mundo se
dan expresiones de solidaridad con el paro.
Atolondrado ante la
beligerancia y potencia de las manifestaciones el gobierno transitó errático de
la oferta de negociación del contenido de la reforma, al anuncio de su retiro y
a la renuncia del inescrutable Carrasquilla, aspirando a calmar “la calle”,
ingenuo o porfiado, pues es claro que las demandas acumuladas superan el motivo
inmediato del descontento y la representación del paro exige negociarlas en
forma directa.
En un intento por repetir la
maniobra del paro anterior, Duque enroca el gabinete para poner una cara amable
en Hacienda -quien con el anuncio de no comprar aviones y no aumentar
tributantes buscó traer calma-, llama a un “diálogo nacional” bajo su
cronograma y agenda, que pretende convertir en una convergencia de respaldo a
su legitimidad y lograr acuerdos por arriba para enfrentar el atolladero fiscal
sin hacer concesiones de carácter social más allá del “ingreso solidario”,
sospechosamente apreciado en posibles votantes uribistas, según las encuestas, con
lo que en lugar de desactivar la movilización ratificará sus motivaciones.
Obstinados en negarse a reconocer la realidad, el gobierno,
su partido, el líder de este y tutor del presidente, y sus aliados, buscan
extravagantes explicaciones a la oleada de indignación que inunda el país para
no reconocer el desastre social de Duque ayudado por la pandemia. El último
embuchado grotesco de Uribe fue acudir a las elucubraciones de un fanático
pronazi chileno, invitado especial e inconstitucional en escuelas de formación
militar, para advertir sobre una supuesta “revolución molecular disipada”, la
consumación de las profecías autocumplidas.
Estrategia en la que -siguiendo el embuste teórico que podría
justificar un baño de sangre- estarían confabulados los expresidentes Santos y
Samper, las centrales obreras, los estudiantes de la Distrital y de los Andes,
la “Coalición de la Esperanza” y el “Pacto Histórico”, las madres de Soacha, el
personal de salud, los camioneros, el Cric, “Juanpis González”, el ELN y los
que tumbaron las estatuas de Nariño y Bolívar, al lado de los que derribaron
las de Belalcázar y Jiménez de Quesada y junto a los que bajaron del pedestal las
de Misael Pastrana y Alzate Avendaño. Una ofensa más, con su consabida
peligrosidad, contra la gente, su diversidad y sus derechos, provocada por la
cada vez más notoria y delirante pérdida de poder del uribismo.
Dos opciones tiene el Duque para enfrentar la situación
actual con miras a lo poco de mandato que le queda: Ignora la movilización o
intenta embolatarla para ganar tiempo e imponer un acuerdo de elites que
postergue las demandas sociales con la posible agudización del descontento en
las calles, para controlar el cual acudiría a la conmoción interior y a
recostarse en la ley marcial hasta terminar el período, si los cantos de sirena
de su entorno no lo tientan con quedarse para “salvar la patria”. Un triste
final para el presidente más joven de Colombia hasta la fecha.
La alternativa: establece una negociación seria con el comité
de paro y las organizaciones sociales, retira los proyectos en trámite
considerados lesivos para los intereses mayoritarios como las reformas a la
salud, las pensiones y laboral y acuerda una reforma tributaria progresiva y equitativa
que garantice los recursos necesarios para una renta básica, vacunación pronta
y eficiente contra el Covid, gratuidad en la educación superior y cumplimiento
de compromisos adquiridos con el movimiento estudiantil, reforma de la policía
y el Esmad, implementación de los acuerdos de paz, ayuda a pequeña y mediana
industria, plan de empleo, no adelantar fumigaciones con glifosato ni proyectos
de fracking y garantías de elecciones transparentes. No todo estaría perdido.
sábado, 24 de abril de 2021
Radiografía de la crisis
Las instituciones colombianas afrontan una grave crisis de legitimidad y credibilidad ahondada por la falta de liderazgo y gobernabilidad del Presidente de la República que no logró demostrar capacidad de gestión, fijar un rumbo cierto, manejar satisfactoriamente la crisis social ahondada por la pandemia, denota subordinación a su mentor, persiste en políticas impopulares (la reforma tributaria era la mecha que le faltaba a la bomba), concentra poderes en una muestra de autoritarismo, exhibe sin rubor su inclinación hacia el gran capital y medidas regresivas, encubre realidades, intenta engañar a la opinión nacional e internacional y abusa de la demagogia promesera como paliativo a los sectores empobrecidos.
Tres encuestas recientes, partiendo de metodologías y universos diferentes, coinciden en algunos de los aspectos que los colombianos consideran más críticos de la realidad nacional respecto de las instituciones y el ejercicio del poder. De una parte, el Edelman Trust Barometer, un estudio mundial, en su edición 2021, consultó a 1.350 personas sobre los niveles de confianza hacia el Gobierno, las empresas, las ONG’s y los medios de comunicación.
El índice de confianza general disminuyó en 5
puntos respecto del año anterior y ninguna de estas organizaciones es considerada competente y ética, siendo
las empresas las más próximas a lograrlo, desde la perspectiva empresarial de
la firma encuestadora. Colombia ocupa el cuarto lugar como una de las naciones
con mayor desconfianza en el gobierno, 20 puntos por debajo del promedio
global que se encuentra en 53%. La prevención hacia los medios de
comunicación coloca al país en el quinto lugar, con 12 puntos por debajo de la
media mundial que es de 51%.
La mayor alerta de los consultados es con los
funcionarios públicos (24%), los periodistas y líderes religiosos (35%) y los
CEO de compañías diferentes a la propia (41%). Sostienen que los líderes
son sospechosos de mentir y desinformar “El 72% de los colombianos cree
que los líderes gubernamentales y el 66% que los líderes empresariales están
tratando de engañar a la gente a propósito, diciendo cosas que saben que son
falsas o grandes exageraciones.”
Más de la mitad de los encuestados considera que los noticieros están
sesgados. El 73% coincide
en que los periodistas y reporteros intentan engañar a la gente a propósito
diciendo cosas que saben son falsas o grandes exageraciones. El 72% afirma que
la mayoría de los espacios de información se preocupan más por apoyar una
ideología o posición política que por informar a su público. Por último,
un 76% asegura que los medios de comunicación son parcializados y están al
servicio del poder.
Aparte del plato favorito de medios, audiencias y analistas que
constituyen las encuestas sobre favoritismo electoral y evaluación de
gobernantes, la más reciente, realizada por Invamer (1.008 encuestados) para
los medios del Grupo Santodomingo, muestra importantes cifras sobre realidades
nacionales. A ella se suma el estudio Polimétrica, con un módulo aplicado a
cultura política (4.867 encuestados), que periódicamente realiza la firma
Cifras y Conceptos, la que citaremos en aspectos puntuales por bastante
difundida.
El polémico y cuestionado Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla,
apenas es reconocido por el 37.5% de los encuestados pero tiene una
desaprobación del 26%, el Ministro de Salud, Fernando Ruíz, catapultado al
escenario por la pandemia y ahora en la picota por su manejo, apenas es
identificado por el 11%, de los cuales el 3.6% lo descalifica. El negativo de
la policía es del 41%, a cuyo director identifica el 17% con un desfavorable de
6%, mientras que al comandante del ejército dice conocerlo el 30% pero lo
desaprueba uno de cada tres.
Entre las instituciones, la opinión desfavorable de la ciudadanía es
sintomática: 70.5% para el sistema judicial (60% cortes constitucional y
suprema) con un preocupante 58% de la Justicia Especial de Paz, muy bien
valorada en instancias internacionales pero, junto con las cortes, objeto de
una campaña obsesiva en contra por parte del expresidente Álvaro Uribe y el
Centro Democrático, incómodos con el encausamiento de militares y civiles por actuaciones
ilegales en el conflicto. El Congreso tiene una imagen negativa del 73% y los partidos
políticos que lo alimentan del 78.1%, desprestigio ganado, con excepciones contadas,
por clientelismo, inasistencia, salarios exorbitantes, mediocridad, virtualidad
amañada y sumisión al ejecutivo.
Al Fiscal Francisco Barbosa apenas lo conoce el 14% pero el 8% lo
cuestiona y la entidad es rechazada por el 61%, al contralor Felipe Córdoba lo identifica
el 8% pero con 4.5 % en contra y la entidad tiene una opinión adversa del 49% y
la Procuraduría Margarita Cabello es increpada por el 50%. Junto con la
Defensoría del Pueblo, ignorada en la muestra, son cuatro entidades que, a
través de hábiles manejos de “mermelada” por el gobierno han sido puestas en
manos de alfiles, seguidores de Uribe y que con sus actuaciones están
corroborando la sospecha de que actuarían con parcialidad, además de que en la
crisis actual no disimulan apetitos burocráticos y ansiedad de poder.
El incuestionable liderazgo de Álvaro Uribe en lo corrido del siglo XXI
se vino a pique, ahora el 55.7% duda de sus atributos en medio de procesos
judiciales en los que su actuación es dudosa, el respaldo a Duque conlleva
sanción política, la opinión está agotada de su discurso sectario y afán de
subordinar un nuevo gobierno así sea imponiendo a su hijo. El expresidente Santos,
con un 56.7% en contra, tampoco recibe los favores de los encuestados,
uribistas que persisten en cobrar su deslindamiento en favor de la paz y
ciudadanía insatisfecha con la generalidad de su mandato.
Consultados por temas nacionales álgidos del momento, con marcado
pesimismo, el 87% de los ciudadanos considera que el país va por mal camino, el
52.5% se declara insatisfecho con nivel de vida, para el 63% no existen
garantías para ejercer la oposición y el 77% considera que ha empeorado la
lucha contra la pobreza. Destacan como los mayores problemas del país la Corrupción,
(27.4%) el desempleo (13.8%), la inseguridad (9.4) y la economía (9.0%). En
cuanto a percepción de inseguridad el 56% se considera inseguro, 34% víctima de
algún delito y el 63% de éstos reconoce no denunciar. El 80% rechaza impuestos
para apoyar programas sociales (así fueron consultados),
En contradicción con el acento hacia la centroizquierda en intenciones
electorales y paz, la posición frente a algunos temas sigue siendo muy
conservadora, no obstante la agenda legislativa, la promoción y el debate de aspectos
de la modernidad y los derechos por las fuerzas progresistas. Es así como, el
75% desaprueba la legalización de venta y consumo de drogas, el 66% están en
contra de la adopción de menores por parejas del mismo sexo y el 56% del matrimonio
homosexual. En el caso de Polimétrica, el 72% apoyaría candidatos que voten
cadena perpetua, el 52 % a candidatos que penalicen consumo de psicoactivos, el
68% rechaza regularización del uso de marihuana, el 30% respalda acabar con la
JEP y 25% con el acuerdo de paz con las Farc.
Si bien, el 74% cree que implementación del acuerdo va por mal camino,
el 62.3% apoya una salida dialogada aunque el 55.7% considera que las FF.AA están
en capacidad de derrotar a la guerrilla (Polimétrica señala que 55% apoya
acuerdos con las Farc y diálogo con ELN y que 58% considera que gobierno ha
incumplido, mientras que el 65% señala a las Farc). El 54% apoya la aspersión aérea de cultivos
ilegales -se supone que con glifosato porque la pregunta no es explícita.
No obstante que en un gesto reconocido por organismos internacionales y
gobiernos del mundo, Duque estableció el Estatuto de Protección Temporal al
Migrante y Colombia acoge una cifra que se estima entre dos y tres millones de
venezolanos, el 44% de los encuestados cree, haciendo eco a una insidiosa
campaña uribista y equívocas intervenciones de otros gobernantes, que Colombia
puede llegar a la situación de Venezuela, el 63% se opone a dar acogida a
venezolanos, el 64% tiene una imagen
desfavorable de los migrantes y el 70% respalda
el cierre de fronteras para evitarlos.
Frente a la pandemia generada por el Covid19 (con un 57% de trabajadores
y 13.8% de desempleados, entre otros, en el total de la encuesta) el 59%
considera que los peor está por venir. El 65% a nivel nacional y el 72% en
Bogotá no se consideran afectado. El 81% cree que el mayor impacto es
económico. Las mayores afectaciones por quienes las reconocen: 60% empleo, 42%
salud, 38% educación. Apenas el 1% se considera perjudicado en su libertad por
el aislamiento. El 21% ha recibido ayuda (más alta en la Costa Caribe, 30%). El 69% indican que la causa del contagio es la
indisciplina, casi el 60 % cree
probable contagiarse, el 28% rechaza la vacuna, 47% de ellos por desconfianza
en efectividad y posibles efectos.
Si bien el propósito de esta columna no es analizar las proyecciones
electorales para presidencia, gobernaciones, alcaldías y Congreso de las
encuestas citadas, abordadas por Pares y en medios de comunicación, es
relevante mencionar cómo se identifican política e ideológicamente los
consultados y son clasificados por las encuestadoras -que divergen de manera
notoria en la cuantificación, asunto del que deben dar cuenta sus metodologías-,
ya que, en parte, a ese encuadramiento obedecen sus respuestas.
Según Invamer el espectro político actual está conformado por: Izquierda
19%, centro 25%, derecha 33% (Polimétrica: registra 21, 64, 15% respectivamente,
agregando la centro derecha al centro). Por organización política (entre
paréntesis Polimétrica): Liberal 13% (10%), Centro Democrático 12% (5%), Verde
7.8% (5%) Conservador 5.4% (2%), la U
5.8% (2%), Cambio Radical 12,1% (1%), Decentes 2.7% (Colombia Humana 7%). En
preferencias presidenciales, la novedad de Invamer es la amplia delantera de
Gustavo Petro en todos los escenarios a algo más de un año de la primera vuelta.
viernes, 27 de noviembre de 2020
Daniel Santos, anacobero y rebelde
Foto tomada en el Patio Sevillano del Club Atlético Santiago el día 1 de septiembre de 1948, por Onay Valdés. Del blog de Santiago de las Vegas.
Se necesita ser bien jodido para que en Cuba lo apoden a uno anacobero, término ñáñigo de la hermandad abakuá con que se designa al diablo y que por extensión se utiliza para señalar al disoluto y fiestero. A fuerza de cantar durante sus primeros años en La Habana de los años 40 un tema así denominado, como por su espíritu gocetas, fue el remoquete con que se hizo famoso el boricua, de Trastalleres, Santurce, Daniel Doroteo Santos Betancur, quien por estos días de febrero (el 5 o 6 de 1916, no está claro) estaría cumpliendo cien años de nacido, debido a que por cuestiones astrológicas adelantó 5 meses su advenimiento.
Hijo de pobres, carpintero y costurera, sin niñez, pues pronto
la vida lo puso a rebuscarse la comida de la familia, también fue temprana su
incursión en la música de la mano del compositor boricua Pedro Flórez quien lo
descubrió en un cabaret de Nueva York y lo llevó a cantar con su cuarteto hasta
alcanzar la fama en el bolero. De ahí a Cuba y Latinoamérica. Desde entonces no
paró de componer, cantar y grabar con orquestas y grupos famosos o improvisar
formaciones para registrar en el acetato versiones e inspiraciones que le
demandaba un público cada vez más enamorado
de su particular estilo, a través de los traganíqueles, las
presentaciones y los discos. Más de 400 composiciones y mil 200 temas y 120
larga duración grabados dan testimonio de su ardorosa y prolija carrera.
Con corazón de pueblo
Su etapa con la Sonora Matancera en Cuba en los 50 fue suceso
de beneficio mutuo pero no se quedan atrás sus grabaciones con el Cuarteto
Flórez, Conjunto Sociedad, Mike Hernández, Johny Segguí, Xavier Cugat, Moncho
Usera, Wisso Rivas, Pérez Prado, Julio Gutiérrez, René Hernández, la Orquesta
Casino, Los Jóvenes del Cayo, Rómulo Morán, Miguel Carrillo, Lucho Silva, Máximo
Torres, mariachis Tenochitlán y Pancho Villa, Sexteto Borinquén, conjuntos
Encanto, de Sociedad y Máximo Torres, las sonoras Boricua, Caracas, Mexicana,
Caribe y de Lucho Macedo. También con Jhonny Pacheco, Héctor Lavoe, Yomo Toro y
la Fania, el Conjunto Clásico, Javier
Vásquez, la Charanga Vallenata y decenas de formaciones incluidas las
colombianas de Pedro Laza y sus Pelayeros -Candela-,
Los Diplomáticos y grupos de estudio que le armó Discos Fuentes.
Su fuerte, indudablemente, el bolero con esas cumbres El preso, Despedida, Linda, Virgen de
medianoche, Perdón, Esperanza inútil, Dos gardenias, Llevarás la marca (Corazón
de pueblo), Se vende una casita, Cruel condena, Desgracia, Olga, Maggie, La
pared la fono novela Historia de
Linda, y un largo etcétera, aunque la guaracha y la salsa no se le quedaron
atrás con ese golpe irresistible para el rumbero de El tibiri tabará, El corneta, Déjala dar contra el suelo, Así es la
humanidad, Borracho no vale, Jugando máma, jugando, El sofá, El mambo es universal, Asopao de pollo, Toma
jabón pa´que laves, Capitán, A dónde va José, Candela, Panamá tombé y decenas más. Pero también hizo
suyas baladas como El triste, Amada Amante, Déjenme si estoy llorando, La estrella de
David y una interpretación estremecedora de Temes. Cantó Rock and roll, cumbia, merengue, música santera,
jamaiquina y haitiana. En lunfardo, inglés y creole.
Gustaba y se convirtió en un ídolo porque en sus cantos
sabrosos, lamentos sentimentales y relatos jocosos de los oficios y vida del
hombre común estaba retratada la patria grande.
En su discografía resaltan, entre tantos, títulos graciosos,
picarescos y coloquiales como El dedo gordo del pie, Por culpa de la
melena, Cuida los huevos, El mesero
chino, El gabinete (Humorada sobre equipo ministerial conformado por
miembros de la Sonora Matancera), y numerosas guarachas del cubano Pedro Cairo,
con quien hizo una sociedad de éxitos: Péinate
ese crespito María, Como me da la gana,
Pa' fricasé los pollos , Como se dan los besitos, Pa' la timba, Vive como yo, ¿Y qué mi socio?,
Luchando con ella (Pa' que no me tumbe),
Corviño el cocinero, El niño majadero , Sabrosito , Moñito, Mambo pide la gente, Ya se peinó María , Mira
qué viva es, Almorzando, Si me pica me rasco, ¿Pa' dónde iré? , Se formó
la bronca, Me tocó la mía, La rumba tiene valor, Así, así, Rumba pa'
Yemayá y Dale la lechita al niño
“Yo conozco todos esos barrios de Latinoamérica, he estado en
todas sus barras, me he dado el trago con todos sus borrachos (…) En estos
lugares hay poco dinero, y donde hay poco dinero, hay delincuencia, hay
necesidad, hay que robar. Esa es la realidad de esos sectores marginados que
tanto han contribuido al desarrollo de la música popular latinoamericana”, le
dijo a Josean Ramos en Vengo a decirle
adiós a los muchachos.
Adorado en los antros mexicanos, homenajeó en discos a Agustín
Lara, Pedro Infante, Javier Solís, José Alfredo Jiménez, Los Hermanos Martínez
Gil y Los Panchos. En Perú elevó culto a Chabuca Granda y el folklor andino. Rindió
tributo a sus paisanos Pedro Flórez, Rafael Hernández y Bobby Capó y cantó con
Myrta Silva. Con su amigo de juergas Julio Jaramillo, el “Jilguero de América”,
grabó a dúo entre copas y se hizo querer en las barras del Ecuador y al morir
le ofrendó un soberbio tributo interpretando sus canciones en dos lp., uno en solitario y otro junto con Orlando Contreras, también
cultor de despechos y nostalgias. En Nicaragua, según recuerda Sergio Ramírez, cincuentón y descuidado, hacía
llorar a las coperas con su oración a la Virgen
de medianoche. Interpretó tangos famosos y le compuso un homenaje a Gardel
aunque en Argentina lo considerarán ordinario por su estilo y se hizo admirar
en Chile. Aunque en Venezuela la dictadura le cerró las puertas, fue un ídolo
como lo constatan la trama y la banda sonora de la película “El pez que fuma”
Pero el amorío con Colombia fue especial. Se oyó en bares y
cantinas de todo el país, sus presentaciones en griles y televisión eran un
éxito. Grabó a su acomodo en Medellín -en el barrio Guayaquil lo nombraron “El
jefe”-, su versión guarachera de Se casó
Drácula del paisa Gildardo Montoya es reliquia. En Cali se plantó 6 años
para convivir con una sardina 35 años menor con quien trajo al mundo dos de la
docena de hijos que tuvo, en igual número de casorios, bautizando al varón
Daniel Albizu, para recordar al patriota puertorriqueño adalid de la
independencia de ese pedazo de Latinoamérica forzosamente adscrito a Estados
Unidos. En la sultana, era un consentido de El obrero, San Nicolás y la Loma de
la Cruz, trabó amistad con el tumaqueño “Tito Cortés”, un imitador suyo con
estilo propio, grabaron al alimón y a cual más hacían y hacen llorar o
bailotear a sus fanáticos.
Para que no quedara duda del afecto por la patria de su amigo
García Márquez, quien pone sus canciones en boca del náufrago del relato y le
declaró su admiración en citas y en voz alta, bajo la dirección de Javier
Vázquez y una nómina estelar de salseros produjo, con la Charanga Vallenata, El marimbero, un tributo al vallenato
con temas insignia como Río Badillo, Cóndor
Legendario, Mercedes, Las tapas y La
muerte de Abel Antonio. A Gabo le dedicó el álbum El hijo del telegrafista y el tema ídem de su autoría, en memoria
de la masacre de las bananeras, acompañado de otras páginas memorables como Por ella y La potra zaina. Entre rarezas dejó una grabación de Espumas de Jorge Villamil y otra en elogio a Vargas
Vila por irreverente.
Daniel el travieso
Tuvo fama bien ganada de mujeriego, marihuanero, peleón y borrachín, aspectos que por interés o
ignorancia de sus seguidores y promotores, ocultan aristas más provocadoras y
progresistas de un irremediable bohemio con gran sensibilidad social. El preso,
surge de un carcelazo en la Habana, de los que se repetirían varios en
distintos sitios por escándalos, reclamos contractuales o represión policial,
como en la cárcel El Hormiguero de Managua donde fue a parar por un enredo que
encubría el castigo por negarse a cantar para el sátrapa Somoza o en República
Dominicana por burlarse del tirano Trujillo en la radio e incitar al pueblo con
el canto Despierta dominicano, una arenga a favor de la
insurrección de 1965 liderada por Caamaño. Los boleros Amnistía, Patricia, Ya tú
ves, Patricia y Virgen de Regla, son
clamores a favor de convictos, compuestos en Cuba, y Cautiverio y Cataplún…
pa´dentro surgieron tras las rejas en Guayaquil, Ecuador. Su apoyo a la independencia
de Puerto Rico y la Revolución Cubana le granjeó sospechas y malquerencias en Estados Unidos.
Tenía clara la razón de su popularidad, como se lo expresó a
Josean Ramos: “Yo entro a cualquier barrio del mundo, porque en todos se habla
un idioma común, el idioma de la pobreza, y aunque haya matones, tecatos, putas
o contrabandistas, siempre me respetan. Para otros son barrios malos, para mí
no. Yo sé lo que ha pasado esa gente porque yo nací así, qué carajo. Nací pobre
y al pobre le echan la culpa de todo lo malo, pero eso no es así. Hay gente
noble en esos lugares atestados de dolor”. Decía que grababa para ellos, que
ahorraban los centavos para comprar sus discos, porque los ricos podían pagar
costosas entradas a tabernas y conciertos.
A sus expensas grabó su tema Sierra Maestra en homenaje a Fidel Castro y los “barbudos”, con el
que bautizó Conjunto Sociedad, y lo donó a los grupos de apoyo del Movimiento
26 de Julio en Nueva York. Cuando Radio Rebelde, dirigida por el “Che” Guevara,
lo irradió por orden de Fidel se convirtió en himno de la insurrección contra
Batista en Cuba. Fue perseguido por el FBI y se llegó a creer que era un agente
cubano. Requerido por si Fidel había comprado su composición siempre manifestó:
"La escribí porque me salió de los cojones, porque yo soy un hombre libre
y no me pagó nada, porque yo cuando escribo cosas por conciencia no
cobro".» Luego haría famoso su estribillo “Si Fidel es comunista que
me apunten en la lista”, también producido a su costa con la imaginaria
Orquesta de Orestes Santos, para saludar las primeras medidas del gobierno
castrista. Si bien no regresó a Cuba después de los años 60 y dicen que se
distanció por algunas decisiones, jamás se pronunció en contra de la Revolución
Cubana.
Del dolor de su patria hizo célebre Lamento borincano de Rafael Hernández. En 1960, con la orquesta de
Mike Hernández, grabó La masacre de
Ponce, larga duración que además del sentido bolero denuncia, contiene
varias proclamas independentistas. También
se acompañó de la orquesta de su compatriota Claudio Ferrer
y la voz de “Davilita” en varios los manifiestos radicales contra la anexión de
Puerto Rico a Estados Unidos, el más conocido con el nombre Los
patriotas, que incluye el famoso Yankee
Go Home (Fuera yanquis), luego realizó otro álbum con poemas de José Corretjer. La posición de
Daniel Santos a este respecto estaba inspirada
en la prédica de Pedro Albizu Campo, que también inflamara la conciencia de
Filiberto Ojeda, el trompetista de la Sonora Ponceña masacrado por el FBI en el
patio de su casa en 2011 en San Juan, luego de heroica resistencia, y por quien
reclama Calle 13. Paradójicamente, Santos murió el 27 de noviembre en Ocala,
Florida, Estados Unidos. Su cuerpo fue enterrado en San Juan cerca a las tumbas
del patriota Pedro Albizu y el compositor Pedro Flórez.
En los 70, con una
gigantesca orquesta 11 de Octubre formada por miembros de la Guardia Nacional de
Panamá, dirigida por Clarence Martín, grabó
El revolucionario elogioso de la obra
del General Omar Torrijos y en defensa de la soberanía del canal. Cuando el
pueblo nicaragüense se levantó contra el oprobio del somocismo, junto con su
connacional Danny Rivera promovió colectas solidarias en República Dominicana a
favor del Frente Sandinista. Reprochado por esas actuaciones, con inteligencia
para no generar reacciones contrarias afirmaba que no le gustaba la política
pero odiaba el sufrimiento de los pueblos.
Sin embargo, documentos a punto de perderse, descubiertos por Ramos para la nueva edición
de su libro con motivo del centenario,
corroboran el compromiso rebelde del “Inquieto anacobero”, como varias
letras dedicadas a luchadores sociales, entre ellos el sacerdote colombiano
Camilo Torres, muerto en combate hace 50 años (15 de febrero de 1966) en las
filas del Ejército de Liberación Nacional. Una de las estrofas dice: “Murió
cual mueren los héroes que quieren a su patria de verdad y dan el todo por nada
contra toda adversidad. Hombre de honor y coraje, roca de la lealtad, sufriendo
sin inmutarse la injuria, la calumnia y la maldad”.
Que estos aspectos de su pensamiento y actuaciones fueran
poco difundidos, en la filosofía de la vida de Daniel Santos tenía una
explicación, en esta época de valores pervertidos, como se lo plateó a Cesar
Pagano (Revista 99.1, No. 11, 1996): “Dígales que yo fumo marihuana, que yo me
meto un “pase”, que tomo licor, porque si dice que Daniel Santos es una bella
persona, nadie compra la porquería de libro ese. Si dice que yo soy patriota,
que me gusta ayudar a los pobres, que soy solidario, eso no sirve. Si tú eres
bueno, nadie te quiere hermano”.
Pero guardaba esperanzas. “La causa nacionalista y de
justicia social puede decaer durante un período, pero vuelve a resurgir.
Mientras haya maldades, hambre y malicia, tiene que surgir alguien que grite,
porque los que tienen no gritan. Gritamos nosotros los que no tenemos nada, y
por el grito de nosotros los que no tenemos nada es que se hacen muchas cosas
enderezadas a acabar con esas situaciones injustas”.







