No hace mucho, por casualidad, vi el documental realizado por la hija del asesinado dirigente del M-19 Carlos Pizarro en homenaje a su padre. Una imagen sacudió mi memoria: muestra la votación que realizó la organización para determinar si la militancia aprobaba el acuerdo de desmovilización con el gobierno de Virgilio Barco. Gustavo Petro Urrego, el “Aureliano” de la clandestinidad, dirigía el evento. Quién habría podido imaginar hace 20 años, que hoy estaríamos abrazándolo porque los bogotanos de todas las clases, etnias, opciones sexuales y colores políticos le acaban de dar su respaldo para que gobierne la ciudad, y de paso enviar dos mensajes contundentes: de nuevo un ¡No! a las imposiciones autoritarias y al “todo vale”, y que la izquierda no es un grupúsculo corrupto e hipócrita y unos cuantos tuertos a conveniencia.
El compromiso con la ciudad es monumental: que los niños y niñas pobres sean amados, se nutran, estudien, jueguen y gocen en los jardines infantiles, que la ciudad crezca hacia arriba y no comiéndose la Sabana , que la basura sea una renta para los recicladores y el tesoro público y no sólo para “Tom” y “Jerry”, que el resto de la ciudad deje de mirar a los sectores populares con desprecio, que la educación genere conocimiento y contribuya a achicar la brecha social y no sea un negocio de avivatos , que los servicios hospitalarios sean la última opción con atención digna, que con el respaldo de la Nación el metro deje de ser carreta, en fin, muchas tareas para hacer de Bogotá una ciudad humana, ambiental, incluyente, sostenible y competitiva.
Mientras se comienza ya hay un efecto inmediato: la política pública de educación. Fiel a la Constitución del 91, fruto, entre otras razones, de los acuerdos de paz con el eme y otras guerrillas, Petro ha sido claro: ¡La Educación es un derecho! Y una obligación del Estado. Si hasta ahora, el gobierno de Juan Manuel Santos ha tenido oídos sordos frente al vivificante movimiento estudiantil que se opone al proyecto de reforma de la educación, ya es hora de que acepte la creciente demanda de que lo retire del Congreso, para que entre todos pensemos y acordemos una política educativa que le sirva al país para salir del atraso, con inclusión y oportunidades para los mas necesitados, y no para obedecer los mandatos del capital trasnacional, cumplir engañosamente las metas del milenio y ahondar la aberrante desigualdad imperante.
Al manifestar que asumirá el liderazgo en la aplicación de la “Ley de víctimas”, Petro presenta otro compromiso histórico: convertir a la capital del país en el corazón de la reconciliación nacional (la política del amor contra la política del odio), en el epicentro del proceso que, aún con las limitaciones, dificultades y vacíos, debe reparar a los cientos de miles de colombianos flagelados, expropiados y desplazados de su pedazo de tierra por la alianza criminal del narcoparamilitarismo y la complacencia de varios gobiernos por sus réditos contrainsurgentes. Tenemos el deber de ser solidarios y cuestionarnos la indiferencia de siempre.
Una opción de avanzada seria tenía que ser el resultado de un proceso de maduración. El Polo fue la prueba ácida, puso énfasis en lo social pero se quemó las manos con la contratación. La ética hacía la diferencia y falló. El desafío: que dentro de cuatro años Colombia quiera ser como Bogotá: humana y progresista.
