Nosotros también decimos ¡NO!

Hemos venido desde diversos países y estamos aquí reunidos a la sombra generosa de Pablo Neruda. 

Estamos aquí para acompañar al pueblo de Chile, que dice NO.También nosotros decimos, NO. Nosotros decimos no al elogio del dinero y de la muerte. Decimos no a un sistema que pone precio a las cosas y a la gente, donde el que más tiene es el que más vale. Y decimos no a un mundo que destina a las armas de guerra dos millones de dólares cada minuto, mientras cada minuto mata 30 niños por hambre o enfermedad curable.

La bomba de neutrones, que salva a las cosas y aniquila a la gente, es un perfecto símbolo de nuestro tiempo. Para el asesino sistema que convierte en objetivos militares a las estrellas de la noche, el ser humano no es más que un factor de producción y de consumo y un objeto de uso un tiempo, no más que un recurso económico, y el planeta entero una fuente de renta que debe rendir hasta la última gota de su jugo.

Se multiplica la pobreza para rnultiplicar la riqueza. Se multiplican las armas que custodian esa riqueza, riqueza de poquitos, y que mantienen a raya la pobreza de todos los demás. Y también se multiplica mientras tanto la soledad. Nosotros decimos no a un sistema que no da de comer ni da de amar, que a muchos condena al hambre de comida y a muchos más condena al hambre de abrazos.

Decimos no a la mentira. La cultura dominante que los gran desmedios de comunicación irradian en escala universal nos invita a confundir el mundo con un supermercado o con una pista de carreras donde el prójimo puede: ser una mercancía o un competidor pero jamás un hermano. Esa mentirosa cultura que curiosamente, sistemáticamente, especula con el amor humano para arrancarle plusvalía, es en realidad una cultura del desvinculo. Tiene por dioses a los ganadores, los exitosos dueños del dinero y del poder, y por héroes a los uniformados rambos que les cuidan las espaldas aplicando la doctrina de la seguridad nacional.

Por lo que dice y por lo que calla, la cultura dominante miente que la pobreza de los pobres no es un resultado de la riqueza de los ricos, sino que es hija de nadie, proviene de la oveja, de una cabra o de la voluntad de Dios, que ha hecho a los pobres perezosos y burros. De la misma manera, la humillación de unos hombres por otros no tiene por qué motivar la solidaridad, la solidaria indignación, o el escándalo, porque pertenece al orden natural de las cosas.

Las dictaduras latinoamericanas, pongamos por caso, forman parte de nuestra exuberante naturaleza y no del sistema imperialista de poder. El desprecio, el desprecio traiciona la historia y mutila al mundo. Los poderosos fabricantes de opinión nos tratan como si no existiéramos o como si fuéramos sombras bobas. La herencia colonial obliga al Tercer Mundo, habitado por gentes de tercera, a que acepte como propia la memoria de sus vencedores y a que compre la mentira ajena para usarla como si fuera la propia verdad. Nos premian la obediencia, nos castigan la inteligencia y nos desalientan la energía creadora. Somos opinados, pero no podemos ser opinadores. Tenemos derecho al eco, pero no tenemos derecho a la voz. Y los que mandan elogian nuestro talento de papagayos.

Nosotros decimos no. Nos negamos a aceptar esta mediocridad como destino. Nosotros decimos no al miedo. No al miedo de decir, al miedo de hacer, al miedo de ser. El colonialismo visible prohíbe decir, prohíbe hacer, prohíbe ser. El colonialismo invisible, mucho más eficaz, nos convence de que no se puede ser, nos convence: de que no se puede decir, nos convence de que no se puede ser. El miedo se disfraza de realismo. Para que la realidad no sea irreal, nos dicen los ideólogos de la impotencia, "la moral ha de ser inmoral". Ante la indignidad, ante la miseria, ante la mentira, no tenemos más remedio que la resignación. Signados por la fatalidad, nacemos haraganes irresponsables, violentos, tontos, pintorescos y condenados a la tutela militar.

A lo sumo podemos aspirar a convertirnos en prisioneros de buena conducta, capaces de pagar puntualmente los Intereses de una descomunal deuda externa contraída para financiar el lujo que nos humilla y el garrote que nos golpea.

Y en este cuadro de cosas, nosotros decimos no a la neutralidad de la palabra humana. Decimos no a quienes nos invitan a lavarnos las manos ante las cotidianas crucifixiones que ocurren a nuestro alrededor. A la aburrida fascinación de un arte frío, indiferente, contemplador del espejo, preferimos un arte caliente que celebra a la aventura humana en el mundo y en ella participa, que es un arte irremediablemente enamorado y peleón. Porque ¿sería bella la belleza si no fuera justa la justicia? ¿Sería justa la justicia si no fuera bella?

Nosotros decimos no al divorcio de la belleza y la justicia, porque decimos sí a su abrazo poderoso y fecundo. Ocurre que nosotros decimos no, y diciendo no estamos diciendo sí. Diciendo no a las dictaduras, y no a las dictaduras disfrazadas de democracia, nosotros estamos diciendo sí a la lucha por la democracia verdadera, que a nadie negará el pan, ni la palabra y que será hermosa y peligrosa, como un poema de Neruda o una canción de Violeta.

Diciendo no al devastador imperio de la codicia, que tiene su centro en el norte de América, nosotros estamos diciendo sí a otra América posible que nacerá de las más antiguas tradiciones americanas. La primera de las costumbres de América: la tradición comunitaria, que los indios de Chile defienden desesperadamente, de derrota en derrota, durante cinco siglos.

Diciendo no a la paz sin dignidad, nosotros estamos diciendo sí al sagrado derecho de rebelión contra la injusticia y a su larga, larga historia, larga como la historia de la resistencia popular en el largo mapa de Chile. Diciendo no a la libertad del dinero, nosotros estamos diciendo sí a la libertad de las personas, libertad maltratada, lastimada y mil veces caída, como Chile, y como Chile mil veces alzada. Diciendo no al egoísmo suicida de los poderosos que han convertido al mundo en un vasto cuartel, nosotros estamos diciendo sí a la solidaridad humana, que nos da sentido universal y confirma la fuerza de fraternidades más poderosas que todas las fronteras con todos sus guardianes, esa fuerza que nos invade como la música de Chile, y como el vino de Chile nos abraza.

Y diciendo no al triste encanto del desencanto, nosotros estamos diciendo sí a la esperanza, la esperanza hambrienta y loca y amante y amada, como Chile. La esperanza obstinada, como los hijos de Chile rompiendo la noche.

Eduardo  Galeano, Santiago de Chile 11  julio de 1988

El pueblo en la plaza y Petro en el balcón

Los guardianes del statu quo están desesperados y en su desconcierto titubean entre apoyar sin más o  cantárselas al autor del lío, el Procurador Ordóñez, quien creyó haber hecho la jugada de la vida y desató la ira de gran parte de la ciudadanía hastiada de sus arbitrariedades y su credo medieval. Intentando desviar la atención del caso Petro le estallaron un escándalo a la secta de Piraquive, atemorizan  con  los riesgos económicos de la ciudad ante la incertidumbre, responsabilidad que atañe al Procurador por haber fallado parcialmente a favor de posición dominante de los monopolios de aseo, y callan las cifras en alza de la inversión y de las acciones de las empresas distritales. Y, ante la vigorosa reacción popular de apoyo al  alcalde, quieren convertir su angustia en cansancio colectivo y temor para tratar de desmovilizar la indignación.

Al día siguiente de  ratificar la destitución e inhabilitación del Alcalde Gustavo Petro, el Procurador se paseó afanosamente por los medios para estrenar  enchape dental presidenciable y comunicar su imprimatur. Ironizó la reposición del alcalde  como una copialina  y él sabe de eso porque a la providencia de su antecesor, que sancionaba a los exministros de Uribe  por la “Yidispolítica”, apenas  le suprimió los párrafos probatorios para absolverlos y allanarle al jefe de aquellos el camino a su funesta reelección en 2006 (Ver: http://noticiasunolaredindependiente.com/2009/04/05/noticias/poyecto-maya-vs-fallo-ordoez/). Pero más tardó en despedirse de sus periodistas áulicos, que la gente que apoya por miles al alcalde de Bogotá en copar una y otra vez  la plaza y las redes para gritarle: “¡No pasarán! ¡Petro no se va!”, y un juez díscolo en reflexionar  “¿cuál es su afán? Los derechos no se borran de un plumazo y su orden se suspende”. ¿Quién dijo miedo? El magistrado Armenta a la hoguera  y si con el chamuscón no se arredra lo queman en la pira porque con los poderosos no se juega.

Del chiquero salen insultos pero también señas

 La revista Semana le increpa a Ordoñez que la embarró por ambicioso para luego, en un arrebato nervioso propio de los que ven en riesgo su poder, conminar en portada a Gustavo Petro a no salir más al balcón de la Alcaldía, tarima de la rebeldía capitalina, y silenciar su “populismo”, calificativo que no ofende al alcalde sino a la multitud que lo acompaña en la plaza, mayoritariamente joven, políticamente formada, consciente de sus derechos y decidida a participar. El Tiempo editorializa -lo mismo hizo Amat en CM&-  a través de María Isabel Rueda, quien se autoentrevista para responder al alimón con Ordoñez, en un intento de legitimar los abusos de éste y apuntalar una autoridad desprestigiada, y tergiversa en La W grabaciones de los testigos del complot contra Petro para tratar de deslegitimar sus denuncias. “Pachito” Santos se asoma asustado para decirles a los asustados que él puede ser la salvación pero si se unen todos contra Petro, en clara añoranza del arcaico Frente Nacional excluyente, clasista y represivo.

Le tienen miedo a la democracia, la de verdad, en la que el pueblo protesta, cuestiona, propone y determina. Le temen a la capacidad de convocatoria y liderazgo democrático de  Petro que como un titán se creció con las batallas. Para los negocios es ideal aquella ciudad del voto sumiso y silencioso de cuando en cuando, donde imperaba el clientelismo de la “gente bien” que termino revuelta con una tanda de “igualados ordinarios”  pero no le importó mientras la mar estaba serena. Tienen  apuro de que Petro se vaya para sepultar el capítulo “Bogotá Humana” y su promesa de modernidad. Algunos más “abejas” quieren volver  a la  ciudad  de  los negociados, de cuyas fétidas canecas están emergiendo verdades incómodas que afectan a respetados señores y a otros no tan respetados pero también miembros de la camarilla saqueadora.

La estabilidad jurídica  no puede ser un dique a la evolución social so pena de su desborde y en eso deberían reparar quienes, en la más reaccionaria lógica y  taxativismo irracional, blanden como argumento la carta y la legislación para sustentar la destitución e inhabilidad del Alcalde Petro y niegan el carácter ideológico, político y quién sabe qué más de la determinación. En línea con eso, la indiferencia deliberada de los medios y de los antipetristas , frente a los testimonios de los procesados por el “Carrusel de la contratación” (Emilio Tapia y Manuel Sánchez -a quienes en nada beneficia y si pone en riesgo la denuncia-), que constatan la existencia de un plan para derrocar a Petro por parte de los comprometidos en la corrupción en la capital, en alianza con los propietarios de los monopolios que prestaban el servicio de recolección, afectados por los cambios quirúrgicos introducidos por el alcalde, anima la sospecha de que algo muy turbio emerge de las basuras, negocio en el que se hermanan periodistas, contratistas, funcionarios y gente de los bajos fondos (Ver: http://www.portafolio.co/opinion/lo-que-representa-petro-el-narcotrafico).

Los motivos de Armenta

La exigencia atrevida de los opinadores adversarios de Petro,  de que la tutela admitida por el magistrado Armenta contra la determinación del Procurador sea negada por los antecedentes jurisprudenciales, no expresa sino el temor que, ante la movilización popular de indignación y la pluralidad de razones expuestas por especialistas de distinto tipo, además de los yerros deliberados señalados a  la providencia y  los oscuros hechos que la rodean, la Corte Constitucional, a donde de prosperar debe llegar en última instancia,  pueda aprovechar esta oportunidad para corregir una posición contradictoria con el  Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Claro, también podría ratificarse como expresión de la mayoría conservadora que hoy la compone y que linchó electoralmente a Piedad Córdoba. Y entonces el constituyente primario tendrá la palabra.

De momento, Armenta en sus motivaciones le ha dado al entorno jurídico y a la ciudadanía varios elementos conceptuales a tenerse en cuenta para la solución del galimatías en que ha sumido a la ciudad y al país la cruzada inquisidora del Procurador. Si bien es cierto que la Corte Constitucional le da base jurisprudencial a la determinación de Ordoñez, el magistrado nos recuerda que lo hace a contrapelo de la Convención Americana de los Derechos Humanos (art. 23) que, a diferencia de lo que mañosamente repite Ordóñez, es vinculante según la Convención de Viena regulatoria de tratados internacionales, signada por Colombia.  Y por tanto son viables y obligatorias las medidas cautelares para proteger los derechos del alcalde. La Corte está en mora de corregirse. El instrumento  para garantizar el cumplimiento de este tipo de normas, es el Control de Convencionalidad -utilizado con frecuencia para proteger  los derechos laborales y de las minorías-, descaradamente inaplicado este episodio.

Providencia non sancta

Al interpretar  la función de destituir servidores públicos, inclusive los de elección popular, sin establecer y precisar los procedimientos y circunstancias excepcionales cuando a ello haya lugar, la Procuraduría y la Corte están violando la soberanía popular, la Constitución  y la Convención Americana de Derechos Humanos. Petro y algunos juristas convienen en que, si en gracia de discusión, se acepta esa posibilidad, la Procuraduría debe ofrecer en el proceso administrativo las mismas garantías del debido proceso penal.

En el caso del alcalde fueron arteramente inaplicadas para producir un fallo motivado en posturas ideológicas  (http://st.elespectador.co/opinion/garantias-penales-y-destitucion-columna-469429). Se sanciona a un servidor por culpa gravísima a título de dolo mediante juicios de valor (se obstruyó la libre competencia, las empresas no tienen experiencia, se puso en riesgo la salubridad), arrasando la presunción de legalidad de los actos administrativos (decreto de habilitación de las empresas para prestar el servicio previamente declarado legal por un juez administrativo) y administrando las garantías procesales según las necesidades del despropósito (no se indagó sobre las denuncias del “complot de las basuras” y se selectivizaron y manipularon los testimonios).

Omitiendo o tergiversando la realidad y la normatividad, los agentes oficiosos del establecimiento “paniquean”  con la embustera afirmación de que si eso no es así la corrupción y la mala administración quedarían impunes. Y Armenta les pone en la boquita una menta: el procedimiento idóneo para castigar a los funcionarios de elección popular por incumplimiento de sus deberes y funciones de acuerdo con causales de ley      -desde luego si no se trata de delitos por los que responden ante la justicia penal o ante el Congreso- es, o debería ser,  la “pérdida de investidura”. De otra parte, el control político, que abusivamente asume con Petro el Procurador -“se va por mal alcalde”, afirmó con sonrisa socarrona a algún medio- corresponde por mandato constitucional y legal a los cuerpos colegiados. En el caso de Bogotá al Concejo o la Cámara de Representantes, a los  que desplazó Ordoñez, seguramente convencido de la mediocridad y colisión de intereses de algunos de sus integrantes, pero aun otorgándole ese noble propósito -cosa difícil-, eso no es de su resorte y está violando la ley.

El magistrado amplía su argumentación motivacional a la fuente misma de la institucionalidad consagrada en la Constitución Nacional: la soberanía popular. De tratarse de incumplimiento del programa, gestión cuestionable o mal desempeño del alcalde, a quien corresponde determinar si se debe quedar o se debe ir, en un proceso eleccionario que indudablemente es de carácter político, es al pueblo soberano mediante la figura de la revocatoria de mandato. Ese proceso está en curso en la ciudad, luego que el Alcalde utilizara los recursos legales ante una iniciativa que no ha sido del todo clara y a los cuales querían que renunciara, porque sí, algunos políticos clientelistas y críticos pendencieros, y al que ahora su principal promotor, temeroso de una humillante derrota, dizque quisiera renunciar para evitar gastos al erario. Si los plazos de las diferentes vías jurídicas así lo determinan, la Registraduría ya  tiene prevista la fecha del 2 de marzo para la elección revocatoria, que podría aplazarse unos días por esa misma razón. Estamos ante una de las más fascinantes jornadas de refrendación popular de un mandato, posibilidad ante la cual la coyunda antipetrista hará hasta lo indecible.

El temor a la ciudadanía

Haciendo terrorismo mediático y en su táctica de engaño (a ver si voltean a la gente con sofismas), los adversarios de Petro aducen que de prosperar la tutela del magistrado Armenta cientos de disciplinados por parapolítica y corrupción,  sancionados con destitución, inhabilidad y pérdida de investidura, demandarían al Estado con cifras multimillonarias que pondrían en riesgo el fisco y exigirían su restitución burlando las instituciones. Mentirositos si no. La ley en eso es clara, perdieron su curul o su puesto por sentencia judicial condenatoria ante la comisión de un delito contemplado en el Código Penal y por faltas disciplinables como servidores públicos vinculados. Son contados los casos, que la opinión conoce por el evidente abuso cometido contra ellos, en los que los afectados podrían demandar revisión, verbi gracia, además de Petro, Piedad Córdoba y Alonso Salazar, e inclusive Guillermo Asprilla, exsecretario de gobierno de Petro, por la parcialidad en su contra.

Prosperen o no las tutelas interpuestas, cuyo uso critican los doctores en constitucionalismo  de conveniencia -y por cuya promoción y defensa desde hace años, en lugar de exaltar, Semana le hace matoneo mediático a José Cuesta- , y las tesis jurídicas del magistrado Armenta, lo que nadie podrá negarle en su aporte a señalar luces sobre cómo corregir una de las mayores aberraciones cometidas contra un dignatario de elección popular en un proceso montado y rodeado de enigmas. De ser rechazada, no se cierra el capítulo. La Fiscalía está investigando los hechos que ambientaron la decisión y la providencia misma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha cerrado los ojos y los negociadores en La Habana toman nota del petardo del uribismo contra los diálogos de paz, otro de los propósitos del fallo, y cómo lo va a manejar el Gobierno.

La ciudadanía, con el trascurso de los días -y por eso el afán de “¡acabar con esa vaina ya!- tiene más claridad sobre el estropicio, sus propósitos y actores, y de que la participación política, la movilización y la libertad de expresión, opinión e información son derechos que deben ejercerse y producir efectos. No son solo adornos para el mercadeo del país. Da grima escuchar a los “analistas” advertir sobre los riesgos de la movilización, que es la manifestación más concreta de lo que ellos mismos artificialmente demandan  cuando el piso no les tiembla: democracia.  Les gusta como expresión del tutelaje no de soberanía de  las multitudes inteligentes. La gente ahora conoce su poder, por eso se está haciendo sentir (Ver: "Lo que está en cuestión es la democracia y sus libertades, no mi cargo" Alcalde Mayor  http://goo.gl/Wv311b).

Enero 20 de 2014

Ciudadanía repudia el golpe contra Petro

Ya parece lugar común argumentar que la providencia proferida por la Procuraduría General de la Nación contra el Alcalde de Bogotá Gustavo Petro constituye un fallo ideológico y político, revestido de formalidades legales y amparado en las desbordadas atribuciones que le otorgó la Constitución de 1991 en un momento de alucinación democrática de los constituyentes. Pero las cosas van mucho más allá. Al haberse demostrado por el Alcalde, analistas, especialistas y juristas que los cargos distorsionan la Constitución, manipulan los hechos, acomodan conceptos,  desconocen mandatos jurisprudenciales, contradicen determinaciones jurídicas en contrario y rebasan groseramente los ya amplios márgenes de actuación del Procurador, la afirmación de que estamos frente a un Golpe de Estado no puede ser candorosamente desdeñada por los guardianes del establecimiento.

Se está sustituyendo a una autoridad legítima surgida de un proceso electoral, mediante una interpretación amañada de la Constitución y las leyes desde una concepción teológica e inquisidora inadmisible en una democracia moderna. La mínima cobertura mediática a la decisión de la Fiscalía General de archivar las pesquisas iniciadas contra Petro por la posible comisión de delitos en el caso de las basuras, demuestra hasta donde ha llegado el consenso para maniatar al Alcalde. La determinación del organismo investigador deja sin piso el supuesto dolo en la actuación de Petro y cuestiona a fondo las motivaciones de la decisión de la Procuraduría de Ordoñez. http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/7263-¿el-golpe-de-estado-de-ordóñez.html

La multitud en la plaza: ¡Petro se queda!

Así lo han entendido los electores de Petro, miles de no electores suyos pero en su apoyo contra la arbitrariedad  y buena parte de la sociedad colombiana, que en forma masiva se han expresado en cuatro ocasiones consecutivas: 9 y 10 de diciembre de 2012 para rechazar el fallo, 13 de diciembre http://lasillavacia.com/content/las-viejas-glorias-de-nuevo-en-la-plaza-46388   y 10 de enero de 2013, en Bogotá y otras ciudades, por convocatoria conjunta del Alcalde Mayor y diversas organizaciones sociales y partidos de izquierda, en marcha desde distintos puntos cardinales colmando la Plaza de Bolívar con el grito ¡Petro no se va! Un acontecimiento nunca antes vivido en la ciudad que no vieron o minimizaron burdamente los medios privados. Miles de jóvenes identificados con las causas nobles y vanguardistas que defiende el Alcalde, con elocuencia y contundencia argumental daban razón de su presencia ante las cámaras de Canal Capital, que le permitió conocer al mundo la magnitud y conciencia de esta movilización por la democracia, lo que  sinuosamente instigaban  a  amordazar periodistas cipayos  presumidos.

Con los jóvenes, defensores de los derechos humanos, animalistas, la comunidad LGBTI, personas de la tercera edad, indigentes, desplazados, vendedores ambulantes, los trabajadores de la empresa pública de basuras, sindicalistas, gente de izquierda, empleados, amas de casa y miles personas más en representación de la geografía humana de Colombia. Como un significativo gesto hacia la población excluida y segregada, objeto de su gobierno, el alcalde invitó a la trabajadora sexual “María Candela” a cerrar con sus palabras la concentración, que él abrió solicitando un elocuente minuto de silencio por un simpatizante asesinado en la localidad de San Cristóbal. “María Candela” provocó un atronador aplauso cuando afirmó que no le interesaba la política, no se avergonzaba por la forma que tuvo que ganarse la vida, pidió comprensión y respeto a las mujeres que desempeñan ese oficio, contó que el alcalde la recibió sin cita  previa y dijo “Petro no es un hombre que tiene un discurso. Él es su discurso” http://confidencialcolombia.com/es/1/2/10689/%C2%A1No-pasar%C3%A1n!-Petro-procurador-revocatoria-alcalde.htm

Los discursos de Gustavo Petro, fueron emotivos e impactantes por su pedagogía, franqueza, valentía y peso histórico (http://www.bogotahumana.gov.co/) porque de cómo se desenvuelva este trance  dependerá si superamos la democracia restringida o tutelada afín al credo neoliberal o desatamos las amarras para dar paso a los reclamos de las que Howard Rheingold denomina multitudes inteligentes, las nuevas ciudadanías  empoderadas de las tecnologías y las redes que se hacen sentir en las calles y plazas del mundo para demandar y hacer valer la participación ciudadana, rechazar el autoritarismo  y la corrupción, reclamar la vigencia de los derechos humanos y cambios sociales acordes con los nuevos tiempos.

Los conjurados: Petro se va como sea

Flaco servicio a la democracia hacen los medios y columnistas que en reclamo de una cómoda y supuesta estabilidad institucional o de pretendida independencia, sostenida a punta de chismes, prefieren pasar de agache pidiendo mesura y que Petro se haga a un lado, ante las múltiples evidencias y confesiones que constatan el complot urdido contra la Administración progresista por los huérfanos del cartel de la contratación, políticos y empresarios que, desde el inicio del mandato, se propusieron sacar del camino a quien se atrevió a desnudar la parapolítica, las ilegalidades de Uribe contra la oposición y las cortes y  la pandilla del saqueo a Bogotá de la que hacen parte delincuentes de todo el espectro político, y propender por un modelo alternativo de ciudad.

La estrategia cuenta con un aliado imprescindible en la Procuraduría, que con la coartada de la crisis de las basuras -creada artificialmente según denuncias (El complot de las basuras http://www.youtube.com/watch?v=dLeXUwjxvxY)- fabricó el proceso para cumplir el propósito de deshacerse del incómodo Alcalde de Bogotá, que está demostrando que es posible romper el régimen neoliberal imperante, y que culminaría en unas elecciones atípicas o en una elección revocatoria -cuyo resultado estará en vilo por la acechanza de la Procuraduría si gana Petro en la remota posibilidad de suspenderse la actuación de Ordóñez- para imponer la marioneta que eche para atrás lo andado por la Bogotá Humana.

De darse la salida de Petro y de no ganar el candidato progresista las elecciones para reemplazarlo, de las candidaturas que se ventilan, sea el ganador el conjurado “Pacho” Santos, Vargas Lleras o cualquiera otro que avale la alianza contra Petro, por los intereses que representan, tendrá como tarea principal languidecer la ejecución de los ejes sociales del Plan de Desarrollo, reprivatizar la recolección de basuras  y sepultar el Plan de Ordenamiento Territorial y con ello regresar a Bogotá a la ruta de la inequidad, las rentas exorbitantes de unos pocos, las contraprestaciones de la contratación y la indigencia y la pobreza bajo la alfombra.

Que el interés por la suerte de Bogotá y no el resultado de una trapisonda sea la  justificación del manotazo de Ordoñez -Petro advirtió sobre el enorme daño patrimonial de reversarse el manejo de las basuras-, el oportunismo revocatorio y el afán de desahucio de muchos opinadores, lo desmienten las cifras sobre los costos que implica tumbar al Alcalde Petro  y lo refuta con creces la última columna de Héctor Riveros en la Silla Vacía, quien para revestir de democracia sus afirmaciones, sostiene estar en desacuerdo con la decisión y los poderes excesivos del Procurador, para finalmente dictaminar que las opciones jurídicas se le acabaron a Petro, debe irse y que en una elección atípica se arriesga a vaticinar la participación de Germán Vargas Lleras a quien recomienda el uso descarado de la ciudad como trampolín.

Riveros aconseja: “Además de las ventajas puramente electorales, la posibilidad de que Vargas en 18 meses tome dos o tres decisiones en materia de movilidad, que haga alguna obra visible -incluso no grande sino algo tan básico como tapar huecos- y que asuma la bandera de la seguridad ciudadana para pedir “mano dura” contra los ladrones, le darían el escenario que hoy no tiene y que no va a tener en un nuevo gobierno de Santos. Actuar en temas tan populares como arreglar las vías de Bogotá o protestar por la inseguridad podría ser lo que le faltaría a Vargas para aspirar con mayores posibilidades en el próximo período presidencial.” Y éste cínico califica de Alcalde mediocre a Petro.

Ilusoria intervención del Presidente

Por desgracia, de no prosperar la solicitud de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la orden de suspensión del acto administrativo por parte de la Fiscalía General de la Nación para proteger los derechos fundamentales del alcalde, como resultado de alguna de las líneas de investigación surgidas de las denuncias sobre la existencia de un complot para buscar su remoción del cargo, la posible comisión de un prevaricato o extralimitación de funciones por parte de los funcionarios del ente de control, la ratificación de la destitución e inhabilidad de Petro por la Procuraduría es  inminente y, por lo que explico a continuación, la posibilidad de una intervención determinante del Presidente es una ilusión.

Los demás mecanismos posibles tienen la desventaja que deberán resolverse con posterioridad y el daño a la ciudad y al proyecto de la Bogotá Humana estará hecho aún si revierten o atenúan la sanción. Por esa razón, en lo inmediato, la impugnación pasará, de los oscuros conciliábulos de los confabulados  a la claridad de la ciudadanía auto-convocada, consciente y  actuante, en defensa del respeto a la voluntad popular y la paz, y por los cambios que demanda la sociedad plural, diversa e incluyente de hoy.

El Presidente sólo puede destituir al Alcalde Mayor por solicitud de juez mediante sentencia judicial. Así lo establece el artículo 33 de la nueva Ley Orgánica del Régimen Municipal (Ley 1551 de julio 6 de 2012) que modificó el artículo 104 de la Ley 136 de 1994 en lo relacionado con la causal de destitución y señala en forma taxativa: “una vez en firme la sentencia penal proferida en contra del alcalde, aun habiéndose decretado a su favor cualquier beneficio, el juez la comunicará al presidente de la república tratándose de alcaldes distritales (…), con el fin de ordenar la destitución y proceder conforme a lo dispuesto para la falta absoluta del alcalde”.

Proferido el fallo en primera instancia de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en el que se destituye e inhabilita por 15 años para ejercicio de cargos públicos al Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, varios exconstituyentes, constitucionalistas, abogados, columnistas, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre,  y el propio alcalde pusieron sus ojos en la  Casa de Nariño para que, de acuerdo con los artículos 314 y 323 de la Constitución de 1991, que establecen que en los casos taxativamente señalados por la ley el Presidente de la República suspenderá o destituirá al Alcalde Mayor, el Presidente Santos hiciera uso deliberante de esa facultad.

En sus interpretaciones, el constituyente quiso darle al Jefe de Estado un margen de maniobra en la aplicación de este tipo de sanciones al segundo cargo de elección popular más importante del país. Sin embargo, el Gobierno, a través de los ministros de Interior y de Justicia, ha manifestado que no puede tener ninguna intervención. Entre tanto, los abogados de Petro, recusaron la segunda y definitiva instancia, por su parcialidad ideológica y presentaron recurso de reposición contra la determinación disciplinaria refutando los cargos. La Procuraduría ya rechazó la recusación y se encuentra ad portas de ratificar la destitución e inhabilidad. Otro grupo de abogados había acudido en octubre de 2012 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en prevención solicitando la protección de los derechos del Alcalde.

Ratificación de una aberración

Ejecutoriado el acto de destitución podría producirse otra sorpresa en este intrincado proceso. La sentencia C 229/95 de la Corte Constitucional declaró inexequible el numeral 2 del artículo 104 de la Ley 136 del 94 (Régimen Municipal modificado por la Ley 1551 del 2013) que determinaba que el Presidente de la República en el caso del Distrito Capital  tenía la función de destituir al Alcalde Mayor a solicitud de la Procuraduría General de la Nación, cuando incurriera en causal que implicara dicha sanción, de acuerdo con el régimen disciplinario previsto en la Ley. Inexequibilidad que también aplica para el Estatuto Orgánico de Bogotá.

La inconstitucionalidad se predica sobre la base de la separación de poderes, la independencia conferida al Ministerio Público por la carta, la autonomía municipal y las funciones asignadas en el artículo 277 numeral 6 constitucional de ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley, para el caso el Código Disciplinario Único.

El artículo 278 constitucional en su numeral primero especifica como función directa del Procurador  desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público acusado de infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley. La Corte precisa que los referidos artículos constitucionales que dan potestad al Presidente son aplicables cuando de manera excepcional así lo precisa la ley y no en forma genérica al régimen disciplinario, en el que el Ministerio Público, investiga, falla y ejecuta la sanción. La excepción establecida por la ley en la actualidad para la destitución por el Presidente es la precedencia de una sentencia judicial.

Así las cosas, de no mediar determinación previa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de una instancia judicial o de la Fiscalía General de la Nación, en lugar de solicitar al Presidente la destitución del Alcalde, supuesto que genera las expectativas sobre su posible intervención para postergar la aplicación de la medida mientras procede consulta al Consejo de Estado;  la Procuraduría, una vez ratificada la providencia, le comunicará el hecho “con el fin de ordenar la destitución y proceder conforme a lo dispuesto para la falta absoluta del alcalde”. A menos que ocurra un milagro: que el Procurador atienda razones fundadas y el clamor popular y proceda a la revocatoria directa de la providencia, tal como expone, apelando a la cordura, el jurista Rodrigo Uprimny http://www.elespectador.com/opinion/revocatoria-revocatoria-columna-468010.

Por ahora, y hasta que se reforme, como lo han pedido personalidades democráticas, organismos internacionales, ong´s y lo han ofrecido el Gobierno, el Congreso, las cortes, el Fiscal  y hasta el propio Procurador, el organismo investiga, sanciona, resuelve los recursos contra su determinación y las recusaciones contra sus funcionarios y ejecuta la sanción, una anomalía jurídica violatoria de los derechos fundamentales, del bloque de constitucionalidad y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La conjura quedaría consumada con un nuevo desaire a la opinión e incluso a varios funcionarios que alegaron una posibilidad distinta ante el silencio táctico y pedante de los miembros de la Procuraduría. Petro convocó el 10 de enero a la gente indignada que rebosó la Plaza de Bolívar a estar a la expectativa, “¡pilas!”, cuando se comunique la decisión, para volver a defender la voluntad popular y la Bogotá Humana. Lo dijo en voz alta. La gente respondió, una y otra vez: ¡No pasarán!

Enero 13 de 2014