El análisis sobre lo que ha
implicado el conflicto armado y los requerimientos y expectativas frente
al Acuerdo de Paz Gobierno-Farc indudablemente va mucho más allá de la atención a las
repercusiones que el desplazamiento provocado por la violencia en el campo ha
tenido para los más grandes centros urbanos del país, a lo que lo circunscribe el
diario El Tiempo en su editorial del pasado domingo 18 de septiembre.
Desde luego que esa es una
problemática desbordante en su impacto sociocultural y presupuestal. Los costos
que para las arcas de Bogotá D.C. y otras de las grandes urbes, si no todas las
capitales de departamento, derivados de la atención, así sea precaria, de 6
millones de personas en situación de desplazamiento, la mitad o más niños y
jóvenes, con su demanda de servicios públicos y sociales, son ingentes y acuciantes.
En Bogotá fueron significativos
los esfuerzos de la Administración Petro por desarrollar una política pública
que respondiera desde una visión humanitaria y prioritaria a la población en
situación de desplazamiento que podría llegar al medio millón de personas. Creó
la Alta Consejería para las Víctimas del Conflicto, arbitró importantes
recursos y se abrieron centros de atención. Pero la situación de inestabilidad
y carencias está ahí a la espera de los lineamientos del Gobierno Peñalosa.
Los acuerdos, con el cumplimiento
de los aspectos atinentes, podrían crear posibilidades para que miles de desplazados
y víctimas de la violencia, retornen a sus lugares de origen, recuperen las tierras
de las que fueron expulsados a sangre y fuego, encuentren alternativas de
sustento, crédito, asistencia, mercadeo y puedan solventar las demandas de sus
familias en materia de salud, educación, vías y diversos servicios de los que
hoy se carece en el sector rural pero son parte de lo acordado. Como
contrapartida, los citadinos nos beneficiaremos de una mayor oferta y menor
costo de alimentos. A la larga, de seguridad alimentaria.
Poco a poco se desactivará, en
gran parte, el acumulado explosivo que constituye
en las ciudades el desempleo, la carencia de ingresos, las dificultades diarias
que mantiene en límites de sobrevivencia a familias de todo origen geográfico,
en la mendicidad, la informalidad y, en los casos más críticos, en riesgo de criminalidad
y delincuencia. Para los urbanos insensibles terminará un período de
incomodidad al soportar una tragedia que nunca quisieron ver y siempre temieron como amenaza. No son por ello
desdeñables los impactos que las negociaciones de paz tendrán frente al drama del desplazamiento.
Pero hay más. El pie de fuerza de
las Fuerzas Armadas, en particular del ejército, que supera el
medio millón, está constituido, en su gran mayoría, por muchachos de
sectores populares que por obligación legal deben prestar el servicio militar,
por lo general en las denominadas zonas de orden público. La necesidad de
mantener la tropa ha llevado incluso a la práctica de las denunciadas y odiadas
batidas por el ejército en los barrios populares que deberá cesar.
No más vida joven para la guerra
Es de esperarse que con la
desmovilización de la fuerza guerrillera se dé una significativa reducción del
personal en armas de la fuerza pública, liberándose así miles de muchachos
pobres de campo y ciudad del riesgo de la muerte o la mutilación en combate,
como se constata a partir del cese al fuego decretado por las Farc y el
protocolizado conjuntamente por orden del Presidente de la República.
Fue la oferta de un trabajo lo
que sirvió de anzuelo a mandos medios y altos para atraer cerca de 4 mil
jóvenes de distintas zonas del país, para darles muerte, presentarlos como bajas en combate y cobrar las compensaciones que fueron
establecidas por el gobierno Uribe para este tipo de resultados militares, que
trajeron como consecuencia los mal llamados “falsos positivos” por los que hoy
son procesados también varios cientos de miembros del ejército.
De otra parte, librarse del riesgo de perder la vida o de
una discapacidad en combate o por efecto de las minas antipersonal, gracias a
resultar no apto, estar en alguna causal de excepción, el “favor” de un
conocido o la suerte, implica en la actualidad, de todas formas, una carga muy
significativa para la economía familiar. Los hogares de estrato 3 y 4 pueden
llegar a pagar por la cuota de compensación
militar hasta $ 20 millones de pesos y
las familias beneficiarias del Sisben no se liberan de pagar hasta medio
salario mínimo, es decir todo el ingreso de un mes, algo inhumano.
En Colombia, miles de objetores
de conciencia han visto negada su opción de no usar las armas, ni agredir a
otro, no participar en actos violentos
ni en guerras, no obstante los derechos constitucionales a la libertad de
pensamiento, opinión y expresión, debido a la imposición de la obligatoriedad
del servicio militar, incluso muchos de ellos han sufrido represión y cárcel
por defender y ejercer su opción humanista.
La paz ahora les da la razón.
Tanto guerrilla como paramilitares
han constituido en las ciudades redes de abastecimiento, apoyo y financiación,
que adelantan acciones delincuenciales como secuestro, extorsión, narcotráfico, contrabando, sicariato, lavado
de divisas, tráfico de armas, visibles en grandes centros de mercadería ilegal
o de concentración popular y con alto efecto en las cifras de criminalidad y
muerte. Estos fenómenos también deben presentar reducciones importantes resultantes
de la disminución del conflicto armado. Como también los niveles de corrupción
de la policía derivados de la tolerancia con esas actividades ilegales.
Las ciudades han sido también
escenarios del conflicto armado. Bogotá, en particular, constituye un mapa de
lugares de memoria en donde han rendido su vida cientos de personajes públicos
y luchadores sociales y populares a lo largo de más de un siglo. De Uribe Uribe
a Gaitán, de Guadalupe Salcedo a Carlos Pizarro, de Guillermo Cano a Jaime
Garzón, de Luis Carlos Galán a Álvaro
Gómez, de Rodrigo Lara a Eduardo Umaña, del Palacio de Justicia al Club El Nogal. Cientos de jóvenes que
levantaron su voz y su rebeldía contra la miseria y la discriminación, encontraron
la muerte o fueron desaparecidos en décadas de martirio en Ciudad Bolívar y el
sur. A no dudarlo el fin de la
confrontación armada tendrá que sentirse en las calles y barrios de la ciudad.
