lunes, 23 de diciembre de 2013

Mandato Petro: de la destitución amañada a la refrendación popular

Corre el rumor de que en vista de la rebelión ciudadana de repudio a  la guachada del Procurador de destituir e inhabilitar por 15 años a Gustavo Petro, aquel y sus compinches estarían pensando en la desfachatez  -sí, el descaro fascista- de ratificar el fallo entre el 30 de diciembre, límite de la notificación y el 10 de enero, día de la nueva toma de la Plaza de Bolívar por la Democracia y la Paz, para sacarlo del camino de una vez, ante el riesgo de que, en la remota  posibilidad de que el referendo -ya viabilizado por la Registraduría y que podría realizarse a finales de febrero- alcance el umbral, el mandato de la Bogotá Humana sea ratificado o que se active alguna de las varias alternativas jurídicas que han aflorado para enfrentar la crisis institucional desatada por la decisión política de la Procuraduría, entidad desde donde se cocina hace rato la imposición de un régimen autoritario en el país. Ojalá solo sean rumores, aunque en esos conciliábulos  extremistas se dicen secretos en voz alta, como se comprobó con la determinación de destitución. Si generar el fallo fue una provocación grotesca, ratificarlo a la fuerza sería una estupidez.

Fallo grotesco, jurídicamente cuestionado y de efectos caóticos
Están apurados. La vía más expedita y segura se les desbarató, no obstante la tibieza conveniente del gobierno para definir su papel en la crisis. En apariencia, el Procurador podía tomar la decisión y al Presidente solo le quedaba protocolizar la echada. Algunos constitucionalistas dijeron que podía deliberar, el Ministro de Justicia alelado dijo que no. Otros explicaron que la facultad constitucional del Presidente se debe concordar con el Estatuto de Bogotá y que lo limita a firmar si el Procurador o una sentencia judicial lo determinan. Petro blandió el bloque de constitucionalidad para hacer valer la Convención Americana de los Derechos Humanos que restringe la suspensión de derechos políticos a que haya sentencia judicial, e internacionalizó su defensa. No obstante el multitudinario rechazo a los abusos de Ordoñez, llevados al reto desvergonzado a amplios sectores con la destitución, parecía que la pelea del alcalde tenía que darse fuera de la Alcaldía. Afortunadamente hay  funcionarios que no han perdido todavía el horizonte y saben las consecuencias de desafiar al pueblo.

El Fiscal General recordó que la Corte Constitucional, a través de varias sentencias, validó la facultad del ente acusador de suspender este tipo de decisiones  cuando hay irregularidades o desconocimiento de derechos. De otra parte,  los actos administrativos, como los ejecutados por Petro para el funcionamiento del nuevo esquema de basuras, gozan de presunción de legalidad y cuestionarla constituye una extralimitación con implicaciones penales. Montealegre llama al gobierno a optar por el consecuencialismo y darle una interpretación sustancial a su misión constitucional para ir más allá y aplazar la determinación mientras las instancias judiciales se pronuncian. Daniel Samper, quien reclama el derecho de desempolvar el cartón de abogado            -como lo reclamo yo- para ir más allá de la letra, le pide a Santos no ser un simple firmón y darle a su decisión el peso de una determinación en favor de la democracia. De manera que Ordoñez tendrá que sopesar si le da tiempo al tiempo o pasa de acusador a acusado transitando por varios tipos penales.

En la acción disciplinaria contra la desprivatización del servicio de recolección de basura se encontraron los adeptos del neoliberalismo y de  la democracia tutelada, para fabricar causas y revestir de legalidad una decisión ideológica de defensa del mercado y el catecismo conservador que se profesa desde la Procuraduría. En la batalla judicial y política les han fracasado otras tinterilladas como la demanda de pérdida de investidura de Petro por una supuesta condena por porte ilegal de armas no cubierta por la amnistía judicial a su pasado guerrillero, interpuesta por uno de los acusados en el robo a Bogotá, eufemísticamente llamado “cartel de la contratación”, para edulcorar algunos implicados. Se les olvida que un amigo del Procurador, que defraudó a la nación, amenaza con coser a tiros al perro que ose meterse con su can. Padecen de moralismo bipolar. Y en este frente la estrategia les cojea.

Repudian y hostigan la Bogotá Humana
La victoria electoral de Petro tomó por sorpresa al establecimiento capitalino  y nacional, y ante su programa centrado en visibilizar y dignificar a los pobres, parar la corrupción, priorizar el interés público por encima de los dictados del mercado y reorientar el curso futuro de la ciudad, desataron todas las formas de lucha, que incluyen medios de comunicación, manipulación de mecanismos de participación y distorsión de la función de los organismos constitucionales. La animadversión de los medios ha sido manifiesta y la manipulación de la audiencia asquerosa; no tengo en la memoria un caso de distorsión más mezquino que la forma como se presentó el Plan de Ordenamiento Territorial, entresacando medidas, descontextualizando, engrandeciendo especialistas adversarios, editorializando de forma parcializada, hasta que le metieron a la gente en la cabeza la idea de que quedaban habilitados los prostíbulos al frente de sus casas.

Mientras que urbanistas, gobiernos y organismos internacionales resaltaban la coherencia del POT con los lineamientos modernizadores para el crecimiento, la sostenibilidad ambiental  y desarrollo con equidad en las grandes ciudades, aquí lo despedazaban. Lo de fondo es que le hacen el mandado a algunas de las grandes firmas constructoras que no quieren ceder algo de sus jugosas plusvalías. Al tempo que  se desprestigia en la prensa, no cesan las presiones a la jurisdicción contencioso-administrativa, desde el sector privado y hasta del gobierno nacional,  para que declare ilegal el acto que lo adoptó. Y tienen razón, Petro lo planteó con claridad, en la ciudad como en el campo la tierra  es un asunto de poder.

En otro de los flancos, sin aprobarse siquiera el Plan de Desarrollo ya estaban pagando firmas para la revocatoria, no tanto porque se esté incumpliendo como porque a la élite y al conservadurismo beato, e inclusive a los menesterosos engañados por el clientelismo o el partido mediático -la indigencia mental es la más grave-, les da prurito que se privilegie a los pobres, las mujeres, los indígenas, la comunidad LGBTI, los afros, la niñez desamparada, los drogodependientes, los vendedores ambulantes, los desplazados y víctimas que la violencia de la parapolítica en alianza con el narcotráfico arrojaron a la intemperie a Bogotá, los derechos de los animales, los cerros, los árboles, el aire y el agua. Están “de muerte” porque el Alcalde visibilizó una realidad que sus antecesores mantuvieron oculta tras el muro mental  de que Bogotá existe del  estrato 3 para  arriba  y lo demás es población desechable que ojalá un día se acabe, como sea. En esa mentalidad elitista se cultiva el electorado de la extrema derecha que aplaude a Ordoñez y a Uribe.

El partido de los medios vota en los titulares
Por el contario, si se hace una lectura sin la influencia manipuladora de los medios, lo que se evidencia es que Petro está cumpliendo y que a la altura de presentación del informe “Bogotá, cómo vamos” - que El Tiempo, uno de su patrocinadores,  interpretó a su acomodo-, a finales de noviembre, la administración comenzaba a mostrar índices positivos luego de sacar  a la ciudad de  cuidados intensivos debido al saqueo criminal a la que fue sometida por los Moreno y compañía, con la complicidad, por acción u omisión, de todos los partidos políticos que hacen presencia en el Concejo Distrital y se oponen a Petro. En lo negativo, la matriz mediática cumple su papel. La forma como se presenta la información judicial  sobre el llamado “cartel de la contratación”, genera tal confusión  en la opinión que en el informe señalado, aumenta la percepción de corrupción en el último año, precisamente en el gobierno de quien la denunció, motivó la judicialización y le cerró la puerta a una buena cantidad de bandidos.

En aspectos como movilidad, a sabiendas de que los resultados se verán en el largo plazo, la oposición fustiga y la prensa calla. Ocultan que por fin el Metro será una realidad -las estaciones fueron presentadas tras conocerse el fallo de destitución en primera instancia-, el SITP, a pesar de los tropiezos y la mala herencia, podría estar funcionando con regularidad a mediados del año entrante -el esquema tarifario con subsidios populares se dio a conocer luego del fallo-, Ciudad Bolívar contará con metro cable,  se iniciará la construcción de vías en Suba y Bosa y la troncal de TransMilenio en la avenida Boyacá; la recuperación de la malla vial, con un retraso de décadas,  avanza. Pero lo riquitos quieren que pavimenten los humedales para pasearse en autos de alta gama con sus chicas de goma y de malas, o repensamos la ciudad en función de la supervivencia o nos jodemos todos.

De los $ 14,7 billones del presupuesto 2014, sancionado por Petro tras la decisión de la Procuraduría, $3,2 billones de pesos, cifra histórica,  se invertirán en educación, $ 2,4 billones en salud y $ 2,3 billones de pesos en movilidad, rubros que suman el 55% del total de inversión (83%). A ello se agregan  un sinnúmero de acciones de carácter social en curso como los jardines Acunar, los centro juveniles de artes en las localidades, el mínimo vital de agua, el millón de raciones alimentarias para niños pobres, los territorios saludables, los subsidios al transporte, la formalización de 2.700 trabajadores del aseo, la integración de la población recicladora al modelo de recolección de basuras ordenada por la Corte Constitucional (una de las causas del lío disciplinario de Petro), un canal público  de televisión que se posiciona como alternativa y un largo etcétera que la paupérrima, egoísta, arribista, atrasada y sectaria mentalidad de la dirigencia tradicional  -clientelista y corrupta como la que más- califica de populismo chavista, marxismo, propaganda y oportunismo -como si no la usaran con descaro.

Si la sacada a patadas de Petro les fracasó porque la pateada que les dio el pueblo desde la Plaza de Bolívar fue elocuente, solo les queda recurrir al referendo y, como en ese escenario también ahora se sienten derrotados, entonces, como malos perdedores que son, de antemano quieren deslegitimarlo. Que por qué ahora  Petro dice que sí y antes utilizó tantos recursos para impedirlo. Como si fuera delito utilizar las instancias legales y más aún cuando se advierte un propósito perverso promovido con medios sórdidos.

Pero como de  la encerrona parece el recurso menos cuestionable, se aferran a la revocatoria con la ilusión de habilitar el umbral y torcer las encuestas, que en medio de la crisis muestran a un Alcalde fortalecido, con una imagen en alza y una gestión con resultados. Ahora vendrá la movilización clientelista del voto y la campaña de desprestigio que ya se inició en Caracol, Blu radio, Semana y El Tiempo, que editorializando la salida en falso de Ordoñez comienzan a enfatizar en la descalificación de la administración de Petro (“El Procurador convirtió en mártir a un pésimo alcalde”) con lo que coadyuvan a generar un ambiente desfavorable. No aprenden la lección de lo de Ordoñez, la gente no traga entero, por eso, si no se presenta alguna emboscada,  Bogotá está ad portas de la refrendación del mandato popular de Petro y  su programa Bogotá Humana.
Diciembre 13 de 2013

Alguien tenía que rebelarse y Petro se rebeló

Pavoneándose en la arrogancia que le inyectó el clientelismo, el Procurador General de la Nación, proyección del oscurantismo medieval en el siglo XXI, desató una cruzada sectaria -él que debe propender por los derechos de todos y todas- contra expresiones y decisiones que son conquistas modernas y posmodernas de la humanidad. Así amplios sectores aún no las hayan asimilado o incorporado a sus umbrales de aceptación el aborto,  la diversidad sexual y de género, los derechos de la mujer sobre su cuerpo, las parejas y matrimonios del mismo sexo,  son una realidad social, cultural y jurídica. La Constitución de 1991 elevó al rango de derechos el pluralismo, la diversidad, la multiculturalidad, el libre desarrollo de la personalidad. En forma inaudita el señor Ordoñez los desconoce, estigmatiza a las comunidades y minorías y pretende imponer su credo patriarcal y santurrón. Y, salvo algunas protestas, en apariencia no pasaba nada.

La corrupción se enseñoreó en Colombia como premio gordo de la politiquería. En un régimen clientelista las contraprestaciones  colocan el soporte popular de una asquerosa escalera de coimas y prebendas que se coronan en las entidades públicas, las cortes o el Congreso en la capital y los favores cruzados entre éstas. A esa corruptela se sumó la alianza con el paramilitarismo para exprimir las regiones y aniquilar los opositores. De ahí  que sea loable y merezca respaldo la función disciplinaria y judicial contra la corrupción. Sin embargo, requiere imparcialidad, ecuanimidad, juridicidad, magistratura moral. Ordoñez, a través de una interpretación abusiva y dictatorial de sus funciones, adelanta un régimen disciplinario  prolijo, mediático, parcializado  y sectario en una Procuraduría de enemigo para amordazar antagonistas tanto como para diluir o dilatar la responsabilidad de sus conmilitones políticos, saqueadores, parapolíticos  o militares violadores de los DD.HH, con uno que otro sacrificado para impactar la tribuna. A esa conducta infecta le sumó la descarada negociación de su reelección con congresistas y magistrados. Y, salvo algunas protestas, en apariencia, no pasaba nada.

La estrategia de las basuras
Como pocos se había ganado el sentimiento del hombre más odiado del país en muchos sectores y él reía. Y lo hacía con razón pues ya no parece un chiste que sus sentencias disciplinarias relacionadas con los funcionarios de mayor importancia hayan sido la ejecución de un plan para sacar del camino a sus posibles opositores  en la campaña presidencial de 2018, con el fin de montar una república ultraconservadora en alianza con el uribismo. En ese propósito, Gustavo Petro y un éxito de su gobierno son  un obstáculo de peso. Lo de la crisis por las  basuras –si este no es el motivo habría sido cualquier otro- resuelta en 3 días, pero que según la Procuraduría demostró la “incapacidad absoluta del Alcalde para superarla” es un deleznable pretexto - Emilio Tapia convicto por el cartel de la contratación en la ciudad y para nada afecto a Petro, denunció el complot de los privados para generar el caos (El Espectador 11.12.2012). Sobre ese libreto,  hinchando sus facultades y manipulando un proceso, el Procurador se propuso darle la muerte política a Petro en un fallo que trasunta una coartada y una postura ideológica, confiado en que la reacción a tal arbitrariedad apenas despertaría una deslucida reacción. Con el agravante de las denuncias de que la determinación se cocinó en conciliábulos extremistas. Pero el tiro le salió por la culata y sin vaselina.

Esta vez, alguien tenía que rebelarse y Petro se rebeló en nombre de los  721.308 habitantes de la ciudad que lo elegimos y apoyamos su programa, en defensa de la soberanía del voto popular. Bogotá se indignó, llenó la Plaza de Bolívar y le dijo NO.  Destituir a un legislador o funcionario de elección popular desconociendo los procedimientos constitucionales en un país signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos, sin mediar sentencia penal, es una violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Inhabilitarlo por 15 años  cuando frente a su paisano Samuel Moreno intervino tarde y en forma laxa, muestra la iniquidad y parcialidad de la decisión. La indignación nacional con la medida no implica, hay que reconocerlo, un respaldo a Petro, aunque éste ha aumentado en la coyuntura, sino un rechazo mayoritario de la sociedad a la prepotencia, la arbitrariedad y la beatería del señor Ordoñez y su campaña inquisitorial y un reclamo por instituciones democráticas.

Pero hay más. Como nunca antes, el país está cerca de concretar acuerdos de paz con las dos más antiguas organizaciones guerrilleras del continente sino del mundo -a las Farc se sumará el ELN-  que implican o dejarán sellado el compromiso de reformas en aspectos álgidos de la realidad nacional y concesiones para incorporación política de la insurgencia. La extrema derecha, después de negociar con el paramilitarismo, pretende la desmovilización por una supuesta rendición producto de la intensificación de la contrainsurgencia con sus costos en vidas y más atraso. Desde ese lado cabildea Ordoñez ante organismos internacionales. Petro, por el contrario, como exguerrillero, líder exitoso y segunda autoridad ejecutiva del país, está del lado de las víctimas, adelanta un programa a favor de los desplazados, apoya  los diálogos y promueve la movilización de respaldo. En este aspecto, como en sus iniciativas frente al modelo de ciudad, es un objetivo a neutralizar y de paso sabotear los diálogos de La Habana. Pero esta vez las cosas no le salieron bien a Ordóñez. Las Farc repudian su decisión pero para endurecer el reclamo de garantías y es mayoritaria la interpretación de que se trata de un abuso con fines políticos.

La estrategia de la dignidad
La Procuraduría de Ordoñez es un ídolo con pies de barro. Los juristas constituyentes (Gaviria, Hernández, Zafra) le recuerdan que, según la Constitución, la facultad para destituir al Alcalde de Bogotá es exclusiva del Presidente de la República (Arts. 121, 314, 323); el Consejo de Estado cuestiona sus fallos por invadir el ámbito penal; el Fiscal General de la Nación discute la decisión por inconstitucional, avala una acción protectiva internacional, critica el adefesio anti jurídico en que se han convertido los procesos disciplinarios y ordena una inspección judicial al expediente, motivada en un posible prevaricato. La Convención Americana de Derechos Humanos consagra que tal medida solo procede cuando hay una decisión penal y ante el Consejo de la entidad se solicitan medidas cautelares de protección para suspender la destitución y examinar las consecuencias de la violación.

Alcaldes suramericanos y eurodiputados apoyan a Petro. La ONU muestra preocupación. El próximo embajador de los EE.UU. en Colombia,  en representación de la política de su gobierno de respaldo al proceso de paz -se acabó la plata para ayuda, se abren  expectativas de negocios y la izquierda gobierna en buena parte del continente- cuestiona por estúpida la decisión en medio de las conversaciones y en contra del símbolo actuante de que vale la pena dejar las armas. Nada de eso habría pasado si Petro, manso como lo quisiera la élite neoliberal y ultraconservadora (no hay contradicción), agacha la cabeza y se va para la casa. Pero con su actitud de defensa de la legitimidad del mandato popular abrió la caja de pandora: se puso a la cabeza de un sector mayoritario del país, parte de la clase política, formadores de opinión y hasta el empresariado, que están hastiados con la Procuraduría dictatorial de Ordóñez.


Lo más importante: conocida la noticia al mediodía del 9 de diciembre, las redes sociales colapsaron.  Paulatinamente la Plaza de Bolívar se fue llenando con gente provenientes de todos lados y de todas las condiciones. Los primeros, los recicladores hoy vinculados contractualmente a la empresa de aseo de la ciudad. Al final  de la tarde, por lo menos 40 mil personas coreaban “Petro no se va”. Él, desde el balcón de la alcaldía,  pidió resistir en defensa de la democracia y la paz, con Aída Abella y Antonio Navarro a su lado para recordar la masacre contra la Unión Patriótica y la lealtad del M-19 con los acuerdos. Al día siguiente, la escena se repitió con la compañía del líder campesino César Pachón. El 13 habrá la gran manifestación de Bogotá con vigilancia de la Guardia Indígena de Cauca, el 19 protesta nacional. La indignación que tumbó las reformas a la educación y la justica y arrinconó la de salud; que apoyó la Minga Indígena, al pueblo del Catatumbo y la Rebelión de las Ruanas campesinas, que se movilizó masivamente el 9 de Abril y el 21 de noviembre de 2013 por la Paz, la Democracia y la Defensa de lo Público, ahora reacciona contra el abuso del poder, en defensa de proyectos alternativos y por la renovación institucional. Hoy Bogotá es la capital de la indignación nacional.

9 de diciembre de 2013