En entrevista con la W radio (30.10.2013) Gustavo Petro afirmó que en el caso que le sigue por el cambio de modelo de recolección de basuras en Bogotá, salvo cambio de última hora, el Procurador tomará una determinación política en una investigación política y que esto tendrá repercusiones políticas como las tuvo el fraude electoral del 19 de Abril de 1970. El editorial de El Tiempo (31.10.2013), Fernando Londoño en su programa (Radio Super, 29.10.2013), la última columna de María Isabel Rueda, de nuevo en El Tiempo (1.11.2013) y la de Héctor Riveros en la Silla Vacía -no me ocupé de Arizmendi porque en el caso funge de vocero-, manipularon, cada cual a su amañada bilis la afirmación, para advertir que estaba amenazando con volver a la violencia y torpedeando la paz.
Goebbels criollos
Por el contrario, lo que señaló es que esas fechas de oprobio, marcadas por la arrogancia del establecimiento, son las que han impedido una democracia real y postergado la guerra a conveniencia de los que se lucran de ella. Ya se les olvidó el Frente Nacional, el “Pacto de Chicoral”, el “Estatuto de Seguridad”, y, por efecto contrario, el fallo de la CSJ que avaló la Constituyente de 1991. Toda causa trae su consecuencia, es de sencilla lógica. De hecho, gracias al caso Petro, ya las está generando, pues para críticos y hasta corifeos, la facultad ilimitada del Procurador de destituir a funcionarios de elección popular es una aberración que descompensa la institucionalidad -más ahora que una Corte Constitucional cada vez más a la derecha acaba de avalarla en el caso de Piedad Córdoba, un claro cerco del establecimiento a futuros gobiernos alternativos. Habrá que ver si los sectores democráticos son capaces de impulsar la reforma requerida.
De forma rotunda, al iniciar la entrevista -en la que hay que reconocer la hidalguía de Julio Sánchez y su equipo de no prestarse al antipetrismo por interés o sumisión de la prensa bogotana- Petro sostuvo que si una decisión de la Procuraduría en su contra, en el proceso disciplinario que le adelanta, incidiera en los diálogos gobierno-Farc, él sería el primero en viajar a La Habana, así le abrieran otra investigación, para respaldar su continuidad pues la paz es la mayor prioridad nacional. A lo que agregó la afirmación que, tergiversada peligrosamente, les ha servido a sus adversarios sectarios para presentarlo ante su público -al que ellos llegan y les come cuento- como instigador de violencia.
Londoño se retrotrae a supuestas declaraciones de jefes del M-19 para señalarle su hematofilia, Riveros le reclama que mal pague la amnistía que (¡él!) les firmó a sus compañeros y sugiera devolverse; el editorial de El Tiempo (Grupo Aval) le tira las orejas por alzado pues de cientos de disciplinados es el único que arma alboroto en lugar de obedecer, y por andar amenazando -cosa que no hace-, así la causa sea ilegítima por estar politizada y se trate de un proceso amañado, como casi todos los opinadores lo reconocen, salvo la bigornia (palabra del gusto de José Obdulio) antipetrista.
El coro lo remata el exalcalde Jaime Castro, quien con cifras manejadas a su antojo intenta demostrar fracasos. En su caso hay razones históricas de mutua animadversión: buena parte de la responsabilidad del fracaso del sainete que fueron los acuerdos de paz con el gobierno de Belisario Betancur se sitúa en su despacho de ministro de gobierno, puesto que ocupaba cuando el establecimiento optó por sacrificar a los civiles y altos funcionarios del poder judicial para aplastar la alucinada toma del Palacio de Justicia por el M-19 el 6 de Noviembre de 1985, en la que su mujer fue una de las primeras rescatadas.
La distancia conveniente
Esas opiniones, por provocadoras e irresponsables que sean, no deben extrañar, ninguno de sus autores gusta de Petro por su ideario, su carácter y, más ridículo aún, a María Isabel, por “graso”. Sí, leer a Antonio Caballero despacharse en acres calificativos a partir de la impresión que da ver algunos buses del Sitp semi vacíos o algunos compactadores de basura estacionados, sin tomarse la molestia de buscar una explicación a esa situación para, si esta no es convincente o no lo satisface, cuestionar con argumentos más allá de las molestas impresiones. En esto se dan la mano con doña María Isabel, él tampoco pasa a Petro, sus razones tendrá, entre otras que en Bogotá hoy no hay corridas de toros, su diversión favorita.
Una motivación parecida anima a Salomón Kalmanovitz, quien cuestiona la posible determinación del Procurador tanto por la irrelevancia y controversialidad de los hechos como por la extralimitación del disciplinador, no sin antes advertir que “es difícil defender a Petro” por los frecuentes cambios de gabinete, por no tener técnicos administrativos y financieros, no haberse consagrado entregando obras inconclusas del cartel y no trazar futuro. Por algún motivo obvia mencionar al equipo que junto al Alcalde conforman, entre otros, Jorge Iván González como asesor, Gerardo Ardila, director de Planeación y Ricardo Bonilla en la Secretaría de Hacienda, entre otros destacados investigadores y docentes, mentores del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” y de la reforma al Plan de Ordenamiento Territorial, motivo de atención académica en el exterior y aquí frenados por la politiquería y los sectores adueñados de las rentas de la ciudad.
Y mientras tanto...
Alarma, aunque las explicaciones saltan a la vista, que estos editoriales y opinadores, lanzados en manada a clavarle la dentellada a Petro, promuevan el peligroso ambiente de animadversión, discriminación y clasismo, traducido frecuentemente por manos criminales en amenazas y asesinatos, que enrarece el ambiente nacional, a la vez ignoran o minimizan hechos que atentan contra la convivencia y la paz. A comienzos de octubre fue abaleado en Segovia, Antioquia, Luis Carlos Olarte Gaviria, vicepresidente del sindicato de la Frontino Gold Mine, uno más de los miles de dirigentes asesinados en el país en las últimas décadas. El 2 de noviembre, mataron a tiros al dirigente comunal César García, aguerrido opositor del proyecto aurífero de La Colosa de la Ashanti Gold Mine en Cajamarca, Tolima. Hace unos días, en un aleccionador diálogo radial, el señor Fernando Londoño espoleó a un lunático político conservador del Cauca, quien sin pudor alguno y afrentando la historia de dolor de los indígenas, afirma que éstos tienen un “proyecto nazi” y que los no indios requieren protección, lo que quiera decir esto. El 3 de septiembre una pandilla fracturó a batazos a un dirigente del sindicado de la Superintendencia de Puertos en Bogotá, ciudad en la que el 45% de encuestados preferiría que la población LGBTI “no salga del closet”.
En cuanto a situaciones para analizar y cuestionar, también sobran pero la comparsa es eco bobo del discurso del establecimiento. El Ministro de Defensa hace en el Congreso la cínica sustentación de que la penalización de la protesta popular es para garantizarla. La inconstitucionalidad de la ampliación del fuero militar es presentada como una catástrofe y se reducen a nimiedades las razones, para acabar de apalear la justicia, que reclama respeto a sus razones de forma -aunque la crítica mayor al fuero está en su carga de impunidad. Los magistrados les hacen favores a los militares judicializados por asesinatos y quienes los orquestaron desde arriba pasan de agache. La Corte asiste inerte a la preclusión de la investigación por persecución contra el periodista Hollman Morris en el Gobierno Uribe. El candidato del partido de Uribe vocifera que su primer acto de gobierno será acabar con los diálogos de paz que se adelantan en La Habana.
Sobre este panorama de violencia, no de la inventada amenaza de revivirla con la que buscan desprestigiar a Petro, sino de la real y simbólica vivida a diario en toda Colombia, los beligerantes opinadores callan.
