SÍ a la Justicia, NO a la reforma

La reforma que en principio generó expectativa porque supuestamente, por fin, un Gobierno asumía el tema de la Justicia para enfrentar problemas graves y viejos como la congestión y la corrupción, terminó en un fiasco y ahora su gestor inventa riesgosas fórmulas para conjurar un acto legislativo de inmunidad y absolución para los hp (honorables parlamentarios, según libro de Edgar Artunduaga). No todos, desde luego, pues por fortuna hay honrosas excepciones.

Entre gratitudes burocráticas y concesiones a los congresistas de la aplanadora Unidad Nacional y dádivas a los magistrados de las Cortes, que aún así no se convencieron  del todo de la conveniencia de una reforma que en su espíritu inicial conllevaba la pérdida de autonomía para la rama a favor de un mayor control presidencial, ensayos privatizadores y canonjías jurídicas a los congresistas, el Gobierno mantequeó el proyecto, al que, dada su largueza, los “legisladores” le fueron colgando otras grotescas gabelas en su favor, como descarada confesión de parte anticipada, hasta llegar a la sinvergüenzada de la comisión de conciliación, que, en las narices del Ministro de Justicia -su asesora jurídica redactó la conciliación-, les expidió boleto de salida a sus colegas presos y aseguró para todos dispensa hacia adelante a sus bellaquerías.

Que vergüenza para el Departamento de Nariño, tener  al senador Enríquez Maya como líder de esa vagabundería, que de paso fue votada por todos sus paisanos congresistas -con la excepción de Camilo Romero y Javier “Tato” Álvarez-, varios  de ellos beneficiarios del articulado, dada su vinculación con escándalos de la Administración Uribe. En su apartamento,  a punta de chicharrón de paquete, se gestó la conciliación que terminó en confabulación deshonrosa, nada menos que en una reforma a la justicia. Ni los malabares de su sabiduría jurídica latino pastusa pudieron justificar ese adefesio. Enríquez apeló a los más eminentes juristas romanos de Pomponio a Modestito y quedó como quien lleva esos nombres hoy. Con el combo de conciliadores empeñó su bagaje y experticia jurídica para una patraña casi irreversible y  no dejó de advertir a los periodistas que blandieron la revocatoria, si conocían el engorroso procedimiento que hace casi imposible ese propósito.

De salirse con la suya, tendrá la gratitud eterna de la mafiosa clase política -con contadas excepciones, repito-, que no ceja en el empeño de sacar a sus conmilitones de La Modelo y La Picota, a donde fueron a parar por ladrones, asesinos y cómplices de criminales. En trance de abogado, en defensa de sus alfiles más importantes, encartados en varias causas judiciales, ya el   ex Presidente  Uribe había sentenciado hace algunos meses que cuando la causa es la “patria” no existe dolo. Y que más “patriota” que la pandilla politiquera.

La indignación nacional  obligó al Presidente a llegar a las carreras de Brasil, urgir fórmulas a su costosísima tropa de asesores jurídicos -¿Por qué no pararon a tiempo esa felonía?-, cambiarse de vestido y salir por tv. a objetar por inconveniente un acto legislativo que horas antes el Ministro de Justicia había alabado, pues para ellos lo que lo dañó fueron los “micos” introducidos en la conciliación, como si lo que venía, resultado de la manguala  de poderes, fuera algo digno  y pertinente. Nada de eso. La jugada no le salió y la gula pendenciera de los conciliadores le dio el papayaso para lavarse las manos. Si la atención nacional no se hubiera fijado en lo que estaba pasando con la reforma, gracias a la insistencia de algunos medios, pocos habrían advertido esta puñalada mortífera contra la Constitución de 1991.

Los medios, las dos grandes cadenas de emisoras, en particular, hicieron un cubrimiento crítico del proceso y evidenciaron lo que se estaba cocinando. Es innegable el aporte a la cultura política nacional que en esta coyuntura hacen Julio Sánchez Cristo, quien le dio alas al referendo revocatorio, Dario Arizmendi, Rodrigo Pardo, varios columnistas, entre otras Cecilia Orozco Tascón, María Jimena Duzán, María Elvira Samper, Ramiro Bejarano  y el diario El Espectador. El Tiempo, como el Presidente, demasiado cálculo y conveniencia. Basta comparar titulares y editoriales. De pronto esa prudencia tiene que ver con que su nuevo dueño es un gran banquero, sector beneficiado con la reforma.

También fue determinante Asonal Judicial, la protesta de los operadores judiciales y el trabajo de algunas organizaciones no gubernamentales como la Fundación Plural, ¡Viva la Ciudadanía!, la Veeduría Ciudadana, la Mesa de Observación Electoral, Excelencia en la Justicia, Arco Iris, Manos Limpias, De Justicia, entre otros. En mayo pasado, en la Feria del Libro, Armando Novoa, presidente de Fundación de Estudios Constitucionales Plural, hizo una  impresionante, aguda y premonitoria  presentación  sobre las consecuencias nefastas que la contra reforma tendría para la estructura constitucional y el intento de hacer borrón y cuenta nueva con la judicialización de la narcoparapolítica.

El Polo Democrático Alternativo tuvo una posición compacta, coherente  y valiente de oposición al esperpento legislativo. Germán Navas se batió como titán desde hace más de un año contra el contenido de la reforma. Jorge Robledo y Luis Carlos Avellaneda, además de argumentar a fondo, junto a Alexander López, quien presidía la plenaria del senado, trataron por todos los medios de impedir la infecta votación. Con ellos votaron en contra Iván Cepeda, Alba Luz Pinilla, Jorge Guevara, Wilson Arias, Mauricio Ospina y Camilo Romero. Igual posición asumieron los parlamentarios del Partido Verde, del Mira y Afrovides, los liberales Juan Manuel Galán y Camilo Sánchez y los  uribistas Miguel Gómez, Juan Lozano y Juan Carlos Vélez, cuyo jefe trinó bastante contra el proyecto, coincidencia que no debe confundir a nadie pues su moral a conveniencia lo lleva, de criticar las prebendas a los  magistrados y congresistas en voz alta a añorar en silencio el indulto a sus lugartenientes. La mayoría de los congresistas de los partidos que integran la coalición de Gobierno votó a favor del entuerto, un prevaricato colectivo que encausado penal y disciplinariamente debería ocasionar la disolución de este Congreso.

El Gobierno busca alguna fórmula para lavarle la cara al Congreso con una pirueta que les permita adecentar el texto de la reforma y en caso extremo un acuerdo político para enterrarla. De promulgarse, caso improbable pero posible, queda el salvavidas de la Corte Constitucional que ante todo esto no tiene alternativa distinta a declararla inconstitucional, pero los efectos criminales de su vigencia serían desastrosos. Entre tanto, expresiones de la sociedad civil lanzaron la propuesta de un referendo revocatorio: Si a la Justicia, no a la reforma. Que la gente la tumbe. Fórmula que dicen no gusta al Gobierno por costosa, argumento poco creíble. Más bien el temor es por los efectos políticos de la movilización frente a una eventual reelección. También por lo que pueda estar tramando el uribismo, con un líder activo y sus Montesinos cavilando una Constituyente para restablecerse en el poder y sacar de líos a tantos de sus subalternos imputados o enrejados.

Hábilmente, advertidos del potencial político y del  escenario de cambio que puede provocar, los voceros del establecimiento observan que para que haya referendo el acto debe promulgarse con los riesgos previstos, limitando el alcance del mecanismo participativo al texto conciliado. Se equivocan: Para preservar la Constitución de 1991 voto contra la reforma a la justicia. Es decir, ni la vulgaridad conciliada ni la mediocridad negociada por el Gobierno, el Congreso y algunos togados. Tampoco su entierro inconstitucional por acuerdo político y un nuevo trámite con los mismos actores.Borrón y cuenta nueva con activa participación ciudadana en pos de una administración de justicia independiente y transparente y un régimen jurídico moderno, coherente y garantista.

La justicia en Colombia requiere de un reenfoque conceptual y procedimental de fondo. En primer lugar que sea justa, pronta, eficiente, eficaz y efectiva. Es una injusticia que alguien pague 3 años de cárcel en una condena expedita por robarse seis cubos de caldo de pollo o un queso para calmar el hambre y, en proporción, los miembros del “carrusel de la contratación” o los propiciadores y beneficiarios de Agro Ingreso, el espionaje ilegal, el aprovechamiento de los bienes expropiados a los narcos, los parapolíticos y un largo etcétera, pagan penas irrisorias y en condiciones de mejor clase. Por el contrario, para el Gobierno, de las cosas buenas que hay que salvar es la descongestión judicial vía terceros, en el trasfondo  en beneficio del sector financiero, puesto que la gran mayoría de procesos son ejecutivos civiles relacionados con créditos de todo tipo que serían asumidos por abogados y notarios en una experiencia piloto de privatización de la justicia. Aunque legales, la mayoría de esas causas judiciales tienen origen en las cargas leoninas que impone la banca a sus subyugados.

Apasionante la reacción ciudadana contra la canallada fabricada por el Congreso de la República. El sábado 23 le firmé la planilla pro referendo a Antonio Navarro Wolf, en el paseo peatonal de la carrera séptima, mientras dialogábamos con la gente sobre el propósito de la revocatoria y la necesidad de ir hasta el final para ver si de una vez por todas se limpia el Estado de tanta porquería. Es mejor no repetir los epítetos que usaban contra los congresistas. Una ola de indignación sacude al país y esta vez con ganas de hacer algo. Hace 200 años, José Acevedo y Gómez atizó la Declaración de Independencia de Colombia, advirtiendo al pueblo las desgracias que vendrían “Si perdéis este momento de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz…”.            

¿Por qué tanto palo a Petro?

La aprobación por mayoría  del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2015 de la Administración Petro por el Concejo Distrital, cuando la posición minoritaria de los partidarios del alcalde en el cabildo y las críticas mezquinas hacían prever un descalabro irreparable para esa iniciativa progresista,  mostró gran capacidad de negociación y concertación de funcionarios como Guillermo Asprilla y Eduardo Noriega que, accediendo al ajuste de metas y presupuestos y a la  introducción o ponderación de aspectos no contemplados o atendidos modestamente en la propuesta inicial, lograron preservar la esencia de un modelo de ciudad social, humanista, ecológica y moderna.

No obstante, para el antipetrismo de oficio la noticia fue mala, se quedaron en que al proyecto se le hicieron 600 modificaciones, muchas de puntos y comas, con tal de mantener su caballito de batalla. De ñapa, no obstante que el Alcalde había sido muy claro en que reajustaría el gabinete a las necesidades de ejecución del plan, para lo cual solicitó renuncia protocolaria a todos los secretarios, es decir notificó que no había excepciones y que cualquiera podía salir como había entrado según su criterio, rabiaron  porque no fue negociado pues suponían que iba a rogar yupis neoliberales y a renegar de su entorno.

El punto molesto de los cambios lo puso la propia tropa cuando en un acto desleal Daniel García Peña filtró a los medios una comunicación privada al Alcalde por haber sacado a su esposa de la Secretaría del Hábitat, situación de familiaridad de por sí molesta, con calificativos y premoniciones muy en la tónica de los columnistas que, aún dolidos por su triunfo, convirtieron la crítica en el ejercicio ridículo de enredar malintencionadamente las medidas de la Administración, desinformar, calumniar e incluso llegar al absurdo de reprocharle a  Petro porque cuestiona o reflexiona en voz alta aspectos de su pasado de lucha política.

Petro moviliza 15 mil personas y promete seguir en pie contra la Ley 100 y el modelo mercantilista en la salud, para Hector Riveros Serrato ese “gobierno de multitudes” es arrogancia, aunque no le pareció tal la marcha que lideró el Presidente para apoyar la ley de restitución de tierras y sepa que la manifestación directa no manipulada del pueblo es la mayor expresión de democracia. Petro llama la atención a la justicia y las entidades de control sobre los U$ 150 millones de dólares que tiene embolatados los demás miembros del carrusel de la contratación en Bogotá, en aras de su recuperación para las arcas  de la ciudad, Felipe Zuleta lo señala de estar abogando por los Nule e inventa un episodio para probarlo, sin que desmentido,  haya ofrecido disculpas.

Petro recompone su gabinete para sacar adelante el plan de desarrollo resultado del programa de gobierno ganador en Bogotá, la revista Semana le cuestiona no cogobernar con los vencidos pues fue ganador entre minorías, no obstante que subraya su marca de izquierda, en un ejercicio de malabarismo  político que asombra. Petro termina con las corridas de toros, determinación que se tomó en Barcelona, por la crueldad de la práctica, Doña María Isabel Rueda  rivaliza con la afirmación ridícula de que  los zapatos de cuero del alcalde  provienen del sacrificio de un animal.

Peor aún, trae a cuento la afirmación de Petro en una entrevista (Semana 4.12.2010), de que frente a una Constitución como la del 86 “me tocaría volver a ser sedicioso”, para advertir ese “peligro” si no le gusta una Constitución futura. ¿Será que Doña María Isabel añora el país del Estatuto de Seguridad y la Democracia restringida? Enseguida, para no contradecirse ella                        -argumentando que el contradictorio es Petro- refiere una reflexión de éste en otra entrevista, sobre si se justificaba la lucha armada contra el Estado de Sitio: “Es difícil responder”, dice Petro. Ella le reclama que no es difícil porque él era partidario de la lucha armada -a la que renunció y de ahí la reflexión- y le cuestiona  que ahora le preocupen los toros.  De la columna de Doña María Isabel me queda claro que como a todos los toros los matan no tiene nada de malo ver morir cruelmente a unos pocos. Lo que dicho en Colombia da mucho que pensar.

En medio de esta avalancha, el Alcalde intenta solucionar problemas de movilidad variando el esquema del pico y placa, logra concertar aspectos clave para posibilitar la continuación de la ALO, acuerda con el gobierno recuperar el centro de la ciudad para centralizar la gestión administrativa nacional y liberar terrenos del CAN para vivienda, ofrece terrenos habilitados en Usme para la oferta presidencial de vivienda gratuita, combate a fondo la corrupción en el sistema distrital de salud, lidia con la puesta en vigencia del SITP -cargando el fardo de la administración anterior que a todos ya se les olvidó y a la que cuestionaron menos, no obstante sus estropicios-, entre muchas otras medidas, a la par que le pone acelerador al plan de desarrollo, prepara los mecanismos para  su financiación y los criterios del Plan de Ordenamiento Territorial, tareas de hondo calado para el futuro de la capital.

Triste y preocupante que muy buena parte de las críticas a Petro estén relacionadas con su personalidad y su carácter. Desafortunadamente su forma de ser, distante y soberbia, al decir de algunos, reflexiva  e imperturbable, para otros, le ha restado  no pocas simpatías en la propia izquierda, pero ahí no está la causa del sistemático ataque a su gestión, sería absurdo. Tampoco en que esta sea un desastre, aunque tenga los problemas propios de la transición, o mejor, en este caso, de la ruptura con la guachafita samuelista, el camaleonismo luchista y el urbanismo clasista peñalosista. El cambio de rumbo de la ciudad es la razón de fondo del todos contra Petro,  porque se está sintiendo.