“Por fin le dieron a ese negro
hijueputa. Ya era hora”. Esta frase ficticia
de satisfacción de Milciades Delgado, instructor de una
academia de automovilismo en el Parque España, por el asesinato de Jorge
Eliécer Gaitán, el 9 de Abril de 1948, citada
en la estupenda novela El incendio de
Abril de Miguel Torres, se dijo también en la realidad por sus enemigos y
desde entonces se ha repetido por miles en el territorio colombiano, por parte
de gamonales, terratenientes, mafiosos, politiqueros, paramilitares y militares
para manifestar su alborozo ante “la sacada del camino” de cualquiera que
percibieron alborotador, alzado, “rojo”, comunista o “chusmero”.
Aquél día, la reacción popular y
la represión oficial dejaron la ciudad en llamas y ruinas y tapizada de cadáveres.
En los 65 años que siguieron, suman cerca de medio millón los muertos, más 30
mil desaparecidos, 4 millones de desplazados en distintas oleadas y decenas de
miles de campesinos despojados de sus tierras. Son las víctimas de la guerra
que, en sus diversas manifestaciones, nos azota desde casi siempre. Exigían sus
derechos y, muchas veces, simplemente, eran un estorbo. Claman justicia y el
fin de esta guerra anacrónica.
Los acuerdos de paz de los 90 del
siglo XX, luego de varios fracasos por responsabilidades mutuas del Estado y
los beligerantes, desmovilizaron a varias organizaciones insurgentes que con
demandas justicieras se levantaron en los años 60, tras la desmovilización de
las guerrillas liberales alzadas contra la represión conservadora en la
violencia de los 50. Luego, en el 98, Andrés
Pastrana invitó a la mesa a las Farc, mientras con el “Plan Colombia” buscó
revertir sus ventajas estratégicas. Las Farc fueron al Caguán con la enseña de saltar
al poder, comportándose sin pudor. Ardides mañosos con los que nos signó el
colonialismo.
Como resultado del hastío, llegó
el Gobierno Uribe, que concertó el fin
del narcoparamilitarismo contrainsurgente -ya cumplió su papel histórico, dijo
en su momento el Consejero de Paz Luis Carlos Restrepo- y golpeó militarmente a
las Farc y al ELN, y de paso la institucionalidad y los derechos humanos, pero esas
guerrillas persisten como expresión del conflicto larvado en la miseria y las
exclusiones, degradada por las andanzas y alianzas criminales.
Su existencia justifica una
Fuerza Pública sobredimensionada, un gigantesco presupuesto militar hurtado a
necesidades sociales e inversiones proactivas al desarrollo y discursos
extremistas de pax romana contrarios
a la convivencia entre humanos. Con su actuar les quitan la vida a soldados
humildes, expolian regiones, sabotean la economía, atemorizan poblaciones. Han
acumulado un ominoso saldo de dolor en muchas familias y han cometido evidentes
violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
Pero son una realidad social,
política y en armas. La solución militar prolongaría larga e injustificadamente
la angustiante cotidianidad derivada del conflicto, las venganzas y las deudas
de sangre. Una solución política negociada es una oportunidad, un reto, una señal
de civilidad, un cimbronazo para proyectos colectivos con ambiciones de
progreso y el cumplimiento de un mandato constitucional.
En medio del escepticismo
inducido por políticos camorreros, que buscan popularidad profetizando desastres
y amañando la realidad a sus mentes incendiarias, avanza en La Habana, Cuba, el proceso de
negociaciones acordado por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. El tema agrario, fundamental en la
remoción de las causas incubadoras del conflicto, contra pronósticos adversos,
aunque con puntos pendientes, ha sido superado en cuanto a medidas que rediman
al campesinado de situaciones supervivientes de la Colonia.
Continúa en la agenda el asunto
de la participación de la guerrilla desmovilizada en los escenarios de elección
popular y con seguridad se encontrarán fórmulas, como se hallaron en el pasado
resultado de la voluntad política de las partes. Sin embargo, la negociación
afronta duros embates verbales por parte de un liderazgo derechista temerario y
violentas arremetidas criminales de los
beneficiarios del despojo y la explotación parásita del suelo, incómodos ya con
la ley de víctimas y restitución de tierras. Se intenta hacer eco en la
población manipulándola con falsos temores. Y ante eso, el mensaje de apoyo del
país a la posibilidad de un futuro sin conflicto armado debe ser masivo y
contundente.
En ese entendido, Gustavo Petro, hoy Alcalde de Bogotá, guerrillero
desmovilizado del Movimiento 19 de Abril -denominado así a propósito de un fraude a la democracia-, la Marcha Patriótica, liderada por Piedad
Córdoba -impedida abusivamente para ejercer el servicio público por otro fraude-, organizaciones políticas y movimientos sociales y culturales, con el
respaldo del Gobierno de Juan Manuel Santos, convocaron la Movilización por la
Paz, la Democracia y en Defensa de lo Público “Somos más, ahora sí la paz”, el
9 de Abril de 2013, en conmemoración del Día Nacional de la Memoria y de
Solidaridad con las Víctimas, que a la vez exalta al líder popular Jorge
Eliécer Gaitán, en el 65 aniversario de su aún enigmático e impune asesinato, y
a los cientos de miles de víctimas de la tragedia atroz que ha vivido Colombia.
Los objetivos son claros. Sin paz,
en el sentido de la superación del conflicto armado interno y verdad, justicia
y reparación para las víctimas, perdón
mutuo entre victimarios y voluntad de reconciliación, puesto que otras causas de
intranquilidad acecharán y perdurarán por disfuncionalidades difíciles de
controlar en ésta como en otras sociedades similares, la democracia estará
limitada porque muchos colombianos la impugnan. Solo será legítima cuando la
caractericen, ademas de las formalidades, el pluralismo y la diversidad, el reconocimiento a la voluntad del elector,
la participación decisoria y un poder
público y unos organismos de control transparentes, imparciales y garantes de
las opciones programáticas y políticas que
en el marco institucional elijan los ciudadanos.
Y no habrá paz ni podrá hablarse
de democracia sino se arrebata a las mafias, los violentos y los corruptos los
sectores del Estado nacional, regional y local de los que se han apropiado,
para ponerlos al servicio de las mayorías, y se
recupera el sentido social de los derechos a los servicios públicos, la
salud y la educación, privatizados y mercantilizados en contravía del Estado
Social de Derecho que consagra nuestra Constitución.
La defensa de lo público como
bien de todos en la que está empeñado el Gobierno de la Bogotá Humana de Gustavo
Petro, y por lo que confronta los embates de las mafias, el clientelismo y la
politiquería, como lo hiciera Gaitán durante su paso por la Alcaldía, cuando
los dueños de taxis, afectados en sus intereses, maniobraron una determinación
de cultura ciudadana, uniformar a los taxistas, para fraguar su caída. Es la misma lucha.
Paz, Democracia y Defensa de los
Público. Son muchas y muy claras las razones. Enorme es el reto. La
movilización del 9 de Abril debe ser una señal luminosa.
