domingo, 7 de abril de 2013

9 de Abril: Del magnicidio a la esperanza


“Por fin le dieron a ese negro hijueputa. Ya era hora”. Esta  frase ficticia de satisfacción   de Milciades Delgado, instructor de una academia de automovilismo en el Parque España, por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de Abril de 1948,  citada en la estupenda novela El incendio de Abril de Miguel Torres, se dijo también en la realidad por sus enemigos y desde entonces se ha repetido por miles en el territorio colombiano, por parte de gamonales, terratenientes, mafiosos, politiqueros, paramilitares y militares para manifestar su alborozo ante “la sacada del camino” de cualquiera que percibieron alborotador, alzado, “rojo”, comunista o “chusmero”.

Aquél día, la reacción popular y la represión oficial dejaron la ciudad en llamas y ruinas y tapizada de cadáveres. En los 65 años que siguieron, suman cerca de medio millón los muertos, más 30 mil desaparecidos, 4 millones de desplazados en distintas oleadas y decenas de miles de campesinos despojados de sus tierras. Son las víctimas de la guerra que, en sus diversas manifestaciones, nos azota desde casi siempre. Exigían sus derechos y, muchas veces, simplemente, eran un estorbo. Claman justicia y el fin de esta guerra anacrónica.

Los acuerdos de paz de los 90 del siglo XX, luego de varios fracasos por responsabilidades mutuas del Estado y los beligerantes, desmovilizaron a varias organizaciones insurgentes que con demandas justicieras se levantaron en los años 60, tras la desmovilización de las guerrillas liberales alzadas contra la represión conservadora en la violencia de los 50. Luego, en el 98,  Andrés Pastrana invitó a la mesa a las Farc, mientras con el “Plan Colombia” buscó revertir sus ventajas estratégicas. Las Farc fueron al Caguán con la enseña de saltar al poder, comportándose sin pudor. Ardides mañosos con los que nos signó el colonialismo.

Como resultado del hastío, llegó el Gobierno Uribe,  que concertó el fin del narcoparamilitarismo contrainsurgente -ya cumplió su papel histórico, dijo en su momento el Consejero de Paz Luis Carlos Restrepo- y golpeó militarmente a las Farc y al ELN, y de paso la institucionalidad y los derechos humanos, pero esas guerrillas persisten como expresión del conflicto larvado en la miseria y las exclusiones, degradada por las andanzas y alianzas criminales.

Su existencia justifica una Fuerza Pública sobredimensionada, un gigantesco presupuesto militar hurtado a necesidades sociales e inversiones proactivas al desarrollo y discursos extremistas de pax romana contrarios a la convivencia entre humanos. Con su actuar les quitan la vida a soldados humildes, expolian regiones, sabotean la economía, atemorizan poblaciones. Han acumulado un ominoso saldo de dolor en muchas familias y han cometido evidentes violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Pero son una realidad social, política y en armas. La solución militar prolongaría larga e injustificadamente la angustiante cotidianidad derivada del conflicto, las venganzas y las deudas de sangre. Una solución política negociada es una oportunidad, un reto, una señal de civilidad, un cimbronazo para proyectos colectivos con ambiciones de progreso y el cumplimiento de un mandato constitucional.

En medio del escepticismo inducido por políticos camorreros, que buscan popularidad profetizando desastres y amañando la realidad a sus mentes incendiarias,  avanza en La Habana, Cuba, el proceso de negociaciones acordado por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las  Farc. El tema agrario, fundamental en la remoción de las causas incubadoras del conflicto, contra pronósticos adversos, aunque con puntos pendientes, ha sido superado en cuanto a medidas que rediman al campesinado de situaciones supervivientes de la Colonia.

Continúa en la agenda el asunto de la participación de la guerrilla desmovilizada en los escenarios de elección popular y con seguridad se encontrarán fórmulas, como se hallaron en el pasado resultado de la voluntad política de las partes. Sin embargo, la negociación afronta duros embates verbales por parte de un liderazgo derechista temerario y  violentas arremetidas criminales de los beneficiarios del despojo y la explotación parásita del suelo, incómodos ya con la ley de víctimas y restitución de tierras. Se intenta hacer eco en la población manipulándola con falsos temores. Y ante eso, el mensaje de apoyo del país a la posibilidad de un futuro sin conflicto armado debe ser masivo y contundente.

En ese entendido, Gustavo Petro, hoy Alcalde de Bogotá, guerrillero desmovilizado del Movimiento 19 de Abril -denominado así a propósito de un fraude a la democracia-, la Marcha Patriótica, liderada por Piedad Córdoba -impedida abusivamente para ejercer el servicio público por otro fraude-, organizaciones políticas y movimientos sociales y culturales, con el respaldo del Gobierno de Juan Manuel Santos, convocaron la Movilización por la Paz, la Democracia y en Defensa de lo Público “Somos más, ahora sí la paz”, el 9 de Abril de 2013, en conmemoración del Día Nacional de la Memoria y de Solidaridad con las Víctimas, que a la vez exalta al líder popular Jorge Eliécer Gaitán, en el 65 aniversario de su aún enigmático e impune asesinato, y a los cientos de miles de víctimas de la tragedia atroz que ha vivido Colombia.

Los objetivos son claros. Sin paz, en el sentido de la superación del conflicto armado interno y verdad, justicia y reparación para  las víctimas, perdón mutuo entre victimarios y voluntad de reconciliación, puesto que otras causas de intranquilidad acecharán y perdurarán por disfuncionalidades difíciles de controlar en ésta como en otras sociedades similares, la democracia estará limitada porque muchos colombianos la impugnan. Solo será legítima cuando la caractericen, ademas de las formalidades, el pluralismo y la diversidad,  el reconocimiento a la voluntad del elector, la participación decisoria y un  poder público y unos organismos de control transparentes, imparciales y garantes de las  opciones programáticas y políticas que en el marco institucional elijan los ciudadanos.

Y no habrá paz ni podrá hablarse de democracia sino se arrebata a las mafias, los violentos y los corruptos los sectores del Estado nacional, regional y local de los que se han apropiado, para ponerlos al servicio de las mayorías, y se  recupera el sentido social de los derechos a los servicios públicos, la salud y la educación, privatizados y mercantilizados en contravía del Estado Social de Derecho que consagra nuestra Constitución.

La defensa de lo público como bien de todos en la que está empeñado el Gobierno de la Bogotá Humana de Gustavo Petro, y por lo que confronta los embates de las mafias, el clientelismo y la politiquería, como lo hiciera Gaitán durante su paso por la Alcaldía, cuando los dueños de taxis, afectados en sus intereses, maniobraron una determinación de cultura ciudadana, uniformar a los taxistas, para fraguar su caída.  Es la misma lucha.

Paz, Democracia y Defensa de los Público. Son muchas y muy claras las razones. Enorme es el reto. La movilización del 9 de Abril debe ser una señal luminosa.

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