Los guardianes del
statu quo están desesperados y en su desconcierto titubean entre apoyar sin más
o cantárselas al autor del lío, el
Procurador Ordóñez, quien creyó haber hecho la jugada de la vida y desató la
ira de gran parte de la ciudadanía hastiada de sus arbitrariedades y su credo medieval.
Intentando desviar la atención del caso Petro le estallaron un escándalo a la
secta de Piraquive, atemorizan con los riesgos económicos de la ciudad ante la
incertidumbre, responsabilidad que atañe al Procurador por haber fallado
parcialmente a favor de posición dominante de los monopolios de aseo, y callan las
cifras en alza de la inversión y de las acciones de las empresas distritales. Y,
ante la vigorosa reacción popular de apoyo al
alcalde, quieren convertir su angustia en cansancio colectivo y temor para
tratar de desmovilizar la indignación.
Al día siguiente
de ratificar la destitución e
inhabilitación del Alcalde Gustavo Petro, el Procurador se paseó afanosamente
por los medios para estrenar enchape
dental presidenciable y comunicar su imprimatur. Ironizó la reposición del
alcalde como una copialina y él sabe de eso porque a la providencia de
su antecesor, que sancionaba a los exministros de Uribe por la “Yidispolítica”, apenas le suprimió los párrafos probatorios para
absolverlos y allanarle al jefe de aquellos el camino a su funesta reelección en
2006 (Ver: http://noticiasunolaredindependiente.com/2009/04/05/noticias/poyecto-maya-vs-fallo-ordoez/).
Pero más tardó en despedirse de sus periodistas áulicos, que la gente que apoya
por miles al alcalde de Bogotá en copar una y otra vez la plaza y las redes para gritarle: “¡No
pasarán! ¡Petro no se va!”, y un juez díscolo en reflexionar “¿cuál es su afán? Los derechos no se borran
de un plumazo y su orden se suspende”. ¿Quién dijo miedo? El magistrado Armenta
a la hoguera y si con el chamuscón no se
arredra lo queman en la pira porque con los poderosos no se juega.
Del
chiquero salen insultos pero también señas
La revista Semana
le increpa a Ordoñez que la embarró por ambicioso para luego, en un arrebato
nervioso propio de los que ven en riesgo su poder, conminar en portada a
Gustavo Petro a no salir más al balcón de la Alcaldía, tarima de la rebeldía
capitalina, y silenciar su “populismo”, calificativo que no ofende al alcalde
sino a la multitud que lo acompaña en la plaza, mayoritariamente joven,
políticamente formada, consciente de sus derechos y decidida a participar. El Tiempo editorializa -lo mismo hizo
Amat en CM&- a través de María
Isabel Rueda, quien se autoentrevista para responder al alimón con Ordoñez, en
un intento de legitimar los abusos de éste y apuntalar una autoridad
desprestigiada, y tergiversa en La W grabaciones de los testigos del complot contra
Petro para tratar de deslegitimar sus denuncias. “Pachito” Santos se asoma
asustado para decirles a los asustados que él puede ser la salvación pero si se
unen todos contra Petro, en clara añoranza del arcaico Frente Nacional
excluyente, clasista y represivo.
Le tienen miedo a la
democracia, la de verdad, en la que el pueblo protesta, cuestiona, propone y
determina. Le temen a la capacidad de convocatoria y liderazgo democrático
de Petro que como un titán se creció con
las batallas. Para los negocios es ideal aquella ciudad del voto sumiso y
silencioso de cuando en cuando, donde imperaba el clientelismo de la “gente
bien” que termino revuelta con una tanda de “igualados ordinarios” pero no le importó mientras la mar estaba
serena. Tienen apuro de que Petro se
vaya para sepultar el capítulo “Bogotá Humana” y su promesa de modernidad.
Algunos más “abejas” quieren volver a la
ciudad de los
negociados, de cuyas fétidas canecas están emergiendo verdades incómodas que
afectan a respetados señores y a otros no tan respetados pero también miembros
de la camarilla saqueadora.
La estabilidad
jurídica no puede ser un dique a la
evolución social so pena de su desborde y en eso deberían reparar quienes, en
la más reaccionaria lógica y taxativismo
irracional, blanden como argumento la carta y la legislación para sustentar la
destitución e inhabilidad del Alcalde Petro y niegan el carácter ideológico,
político y quién sabe qué más de la determinación. En línea con eso, la
indiferencia deliberada de los medios y de los antipetristas , frente a los
testimonios de los procesados por el “Carrusel de la contratación” (Emilio
Tapia y Manuel Sánchez -a quienes en nada beneficia y si pone en riesgo la
denuncia-), que constatan la existencia de un plan para derrocar a Petro por
parte de los comprometidos en la corrupción en la capital, en alianza con los
propietarios de los monopolios que prestaban el servicio de recolección,
afectados por los cambios quirúrgicos introducidos por el alcalde, anima la
sospecha de que algo muy turbio emerge de las basuras, negocio en el que se
hermanan periodistas, contratistas, funcionarios y gente de los bajos fondos
(Ver: http://www.portafolio.co/opinion/lo-que-representa-petro-el-narcotrafico).
Los
motivos de Armenta
La exigencia atrevida
de los opinadores adversarios de Petro, de que la tutela admitida por el magistrado
Armenta contra la determinación del Procurador sea negada por los antecedentes
jurisprudenciales, no expresa sino el temor que, ante la movilización popular
de indignación y la pluralidad de razones expuestas por especialistas de
distinto tipo, además de los yerros deliberados señalados a la providencia y los oscuros hechos que la rodean, la Corte
Constitucional, a donde de prosperar debe llegar en última instancia, pueda aprovechar esta oportunidad para
corregir una posición contradictoria con el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Claro, también podría
ratificarse como expresión de la mayoría conservadora que hoy la compone y que
linchó electoralmente a Piedad Córdoba. Y entonces el constituyente primario
tendrá la palabra.
De momento, Armenta
en sus motivaciones le ha dado al entorno jurídico y a la ciudadanía varios
elementos conceptuales a tenerse en cuenta para la solución del galimatías en
que ha sumido a la ciudad y al país la cruzada inquisidora del Procurador. Si
bien es cierto que la Corte Constitucional le da base jurisprudencial a la
determinación de Ordoñez, el magistrado nos recuerda que lo hace a contrapelo
de la Convención Americana de los Derechos Humanos (art. 23) que, a diferencia
de lo que mañosamente repite Ordóñez, es vinculante según la Convención de
Viena regulatoria de tratados internacionales, signada por Colombia. Y por tanto son viables y obligatorias las
medidas cautelares para proteger los derechos del alcalde. La Corte está en
mora de corregirse. El instrumento para
garantizar el cumplimiento de este tipo de normas, es el Control de
Convencionalidad -utilizado con frecuencia para proteger los derechos laborales y de las minorías-, descaradamente
inaplicado este episodio.
Providencia
non sancta
Al interpretar la función de destituir servidores públicos,
inclusive los de elección popular, sin establecer y precisar los procedimientos
y circunstancias excepcionales cuando a ello haya lugar, la Procuraduría y la
Corte están violando la soberanía popular, la Constitución y la Convención Americana de Derechos
Humanos. Petro y algunos juristas convienen en que, si en gracia de discusión,
se acepta esa posibilidad, la Procuraduría debe ofrecer en el proceso
administrativo las mismas garantías del debido proceso penal.
En el caso del
alcalde fueron arteramente inaplicadas para producir un fallo motivado en
posturas ideológicas (http://st.elespectador.co/opinion/garantias-penales-y-destitucion-columna-469429).
Se sanciona a un servidor por culpa gravísima a título de dolo mediante juicios
de valor (se obstruyó la libre competencia, las empresas no tienen experiencia,
se puso en riesgo la salubridad), arrasando la presunción de legalidad de los
actos administrativos (decreto de habilitación de las empresas para prestar el
servicio previamente declarado legal por un juez administrativo) y
administrando las garantías procesales según las necesidades del despropósito
(no se indagó sobre las denuncias del “complot de las basuras” y se
selectivizaron y manipularon los testimonios).
Omitiendo o
tergiversando la realidad y la normatividad, los agentes oficiosos del
establecimiento “paniquean” con la embustera
afirmación de que si eso no es así la corrupción y la mala administración
quedarían impunes. Y Armenta les pone en la boquita una menta: el procedimiento
idóneo para castigar a los funcionarios de elección popular por incumplimiento
de sus deberes y funciones de acuerdo con causales de ley -desde luego si no se trata de delitos por
los que responden ante la justicia penal o ante el Congreso- es, o debería
ser, la “pérdida de investidura”. De
otra parte, el control político, que abusivamente asume con Petro el Procurador
-“se va por mal alcalde”, afirmó con sonrisa socarrona a algún medio-
corresponde por mandato constitucional y legal a los cuerpos colegiados. En el
caso de Bogotá al Concejo o la Cámara de Representantes, a los que desplazó Ordoñez, seguramente convencido
de la mediocridad y colisión de intereses de algunos de sus integrantes, pero
aun otorgándole ese noble propósito -cosa difícil-, eso no es de su resorte y
está violando la ley.
El magistrado amplía
su argumentación motivacional a la fuente misma de la institucionalidad
consagrada en la Constitución Nacional: la soberanía popular. De tratarse de
incumplimiento del programa, gestión cuestionable o mal desempeño del alcalde,
a quien corresponde determinar si se debe quedar o se debe ir, en un proceso
eleccionario que indudablemente es de carácter político, es al pueblo soberano
mediante la figura de la revocatoria de mandato. Ese proceso está en curso en
la ciudad, luego que el Alcalde utilizara los recursos legales ante una
iniciativa que no ha sido del todo clara y a los cuales querían que renunciara,
porque sí, algunos políticos clientelistas y críticos pendencieros, y al que
ahora su principal promotor, temeroso de una humillante derrota, dizque
quisiera renunciar para evitar gastos al erario. Si los plazos de las
diferentes vías jurídicas así lo determinan, la Registraduría ya tiene prevista la fecha del 2 de marzo para la
elección revocatoria, que podría aplazarse unos días por esa misma razón. Estamos
ante una de las más fascinantes jornadas de refrendación popular de un mandato,
posibilidad ante la cual la coyunda antipetrista hará hasta lo indecible.
El
temor a la ciudadanía
Haciendo terrorismo
mediático y en su táctica de engaño (a ver si voltean a la gente con sofismas),
los adversarios de Petro aducen que de prosperar la tutela del magistrado
Armenta cientos de disciplinados por parapolítica y corrupción, sancionados con destitución, inhabilidad y
pérdida de investidura, demandarían al Estado con cifras multimillonarias que
pondrían en riesgo el fisco y exigirían su restitución burlando las
instituciones. Mentirositos si no. La ley en eso es clara, perdieron su curul o
su puesto por sentencia judicial condenatoria ante la comisión de un delito
contemplado en el Código Penal y por faltas disciplinables como servidores
públicos vinculados. Son contados los casos, que la opinión conoce por el
evidente abuso cometido contra ellos, en los que los afectados podrían demandar
revisión, verbi gracia, además de Petro, Piedad Córdoba y Alonso Salazar, e
inclusive Guillermo Asprilla, exsecretario de gobierno de Petro, por la
parcialidad en su contra.
Prosperen o no las
tutelas interpuestas, cuyo uso critican los doctores en constitucionalismo de conveniencia -y por cuya promoción y
defensa desde hace años, en lugar de exaltar, Semana le hace matoneo mediático a José Cuesta- , y las tesis
jurídicas del magistrado Armenta, lo que nadie podrá negarle en su aporte a
señalar luces sobre cómo corregir una de las mayores aberraciones cometidas
contra un dignatario de elección popular en un proceso montado y rodeado de
enigmas. De ser rechazada, no se cierra el capítulo. La Fiscalía está
investigando los hechos que ambientaron la decisión y la providencia misma, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha cerrado los ojos y los negociadores
en La Habana toman nota del petardo del uribismo contra los diálogos de paz,
otro de los propósitos del fallo, y cómo lo va a manejar el Gobierno.
La ciudadanía, con el
trascurso de los días -y por eso el afán de “¡acabar con esa vaina ya!- tiene más
claridad sobre el estropicio, sus propósitos y actores, y de que la
participación política, la movilización y la libertad de expresión, opinión e
información son derechos que deben ejercerse y producir efectos. No son solo
adornos para el mercadeo del país. Da grima escuchar a los “analistas” advertir
sobre los riesgos de la movilización, que es la manifestación más concreta de
lo que ellos mismos artificialmente demandan
cuando el piso no les tiembla: democracia. Les gusta como expresión del tutelaje no de
soberanía de las multitudes
inteligentes. La gente ahora conoce su poder, por eso se está haciendo sentir
(Ver: "Lo que está en cuestión es la democracia y sus libertades, no mi
cargo" Alcalde Mayor http://goo.gl/Wv311b).
Enero 20 de 2014
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