Con Petro en Ciudad Bolívar, 20 años después

En la madrugada del 11 de octubre de 1993, cientos de hombres y mujeres, duchos dirigentes  comunales, y jóvenes indignados, apuraron el café o el agua de panela y, según lo acordado, se descolgaron por las laderas y callejuelas destapadas de Ciudad Bolívar  con la consigna de “parar a Bogotá” para hacer visibles las miserables condiciones de vida de medio millón de personas, nacidas allí en la pobreza, refugiadas o desplazadas por las armas o la necesidad. Las principales vías del sur de la ciudad fueron bloqueadas. El Alcalde Jaime Castro -liberal de derecha y anticipado exponente de la “regla fiscal” y el “efecto regadera”: lo social cuando sobre o como calmante-   , ordenó a la policía abrir paso dando garrote. Luego de las primeras denuncias de retenidos y golpeados y la información de que la protesta crecía, optó por la vía sensata de dialogar con los líderes de la que al mediodía era una de las más importantes acciones reivindicativas de los sectores populares en la historia de Bogotá.

La gente  se hizo sentir

Luego de años de padecimientos, hambre, falta de agua, luz, alcantarillas, teléfonos públicos y cocinol     -combustible casero popular en uso entonces-, largas caminatas para subir porque las rutas de transporte no iban “por allá”, sin cupos en las escuelas y hospitales, casas tembleques de zinc y paroid, desempleo y subempleo generalizados, violencia de todo tipo, discriminación y estigma, persecuciones, desapariciones y asesinatos políticos. Cansados de peticiones, memoriales, consultas,  votaciones a favor de quienes se ofrecían como sus “salvadores” y la provocadora respuesta de que el asunto está en trámite o se está estudiando. Jalonados por un liderazgo juvenil formado en la represión y las privaciones, los habitantes de la Localidad 19  conformaron una amplia coordinación de organizaciones sociales y populares surgidas para luchar por la vida y unos derechos publicitados pero inexistentes y se juntaron a dar la pelea. Ese ambiente quedó bella y dramáticamente relatado por Arturo Alape en La hoguera de las ilusiones.

Al frente de la comisión negociadora del gobierno distrital estuvieron el Secretario de Gobierno y Eduardo Díaz Uribe, Consejero para Asuntos Sociales, a quien acompañábamos en su ambiciosa iniciativa de un Documentos Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) para la localidad. Pero la magnitud de la tragedia social no daba tiempo para planes y las demandas acumuladas superaban con creces las siempre limitadas ofertas institucionales. La comunidad presentó un detallado pliego reivindicativo y exigió discutirlo con el Alcalde y su gabinete. En la tarde de aquél día, ingresamos a una escuela del barrio Lucero, donde nos esperaban los dirigentes populares -con la mayoría de los cuales habíamos establecido relaciones cordiales en el trabajo de campo-, quienes nos saludaron con la advertencia “de aquí no sale ninguno hasta que esto se haya solucionado”.

La flexibilidad obligada de la comisión oficial  y la sensibilidad y entereza de Eduardo Díaz, crearon las condiciones para que se diera una negociación expedita sobre un pliego de peticiones bastante complicado dada la cantidad de demandas, los niveles de responsabilidad y las implicaciones  presupuestales. Por el lado de las organizaciones fue clara su  determinación irreductible de esta vez o nunca. Los líderes se habían preparado para el escenario. Su estrategia de negociación incluyó tácticas de ablandamiento descorteses pero eficientes, como entrar al salón, al filo de la medianoche, una enorme olla de humeante y sabroso sancocho y servirlo a los miembros de la comunidad ante la mirada provocada, los bostezos  y los jugos gástricos rebotados de la comisión oficial. “Por una vez que no coman no les va a pasar nada”, me dijo entre carcajadas uno de ellos.

Tras dos días de negociaciones y agitación se suscribió el acuerdo para levantar la protesta y se estableció un mecanismo de seguimiento. Algunas cosas se cumplieron, muchas otras quedaron en el papel por aquello de la falta de presupuesto, los trámites necesarios, lo que ordena la norma en este caso y el fin del gobierno. En lo relacionado con los Derechos Humanos, ante la crítica situación que se vivía en la localidad,  meses después realizamos conjuntamente un Foro por la Vida. La comunidad reclamaba que se establecieran responsabilidades en cerca de 300 asesinatos de líderes y activistas. El fiscal seccional, en medio de rechiflas, tras leer cada nombre, informaba: caso en averiguación. Hoy están en la impunidad. Fruto de esa jornada también fue la primera Casa de Justicia creada en el país, para cuya instalación acordamos con la Junta Administradora Local la cesión de su sede, una bella casona de Sierra Morena, que se dice hospedó al Libertador.

Ahora, en tiempos de Petro

Hoy, 31 de mayo de 2013, casi 20 años después, en el Colegio San Juan Bosco, barrio La Estrella, hay expectativa. Más de medio millar de personas  participan en el Consejo de Seguridad Humana  convocado por la Alcaldía, a través de la Secretaría de Gobierno, que publicó un afiche  con las demandas de la comunidad, al que con marcador le agregaron “elaborado por el Comité por una vida digna en Ciudad  Bolívar” para que aún en el consenso de propósitos quede clara la identidad. En los años transcurridos, había vuelto esporádicamente. Varias veces para hacer en directo el programa radial Tejedores de Sociedad, que acompañó la propuesta del respetado y querido ausente  Luis Fernando Ramírez, en la Administración Mockus. Vamos subiendo y reparo en que aún todavía hay casuchas de lata y palos pendiendo de los cerros. Las que antes eran así, ahora lucen ladrillo pelado, apiñadas y con calles de mentiras por donde no pueden pasar al tiempo más de dos y los carros son bestias agresoras. Ciudad Bolívar es más ciudad de concreto pero deja pensando la cifra de tres o cuatro personas durmiendo hacinadas en una habitación en la que apenas cabe un catre.

En el consejo, Teresa Muñoz Lopera, la lideresa popular de Don Matías, Antioquia, que se vino a luchar con Petro por sacar este  proyecto de Bogotá Humana adelante, le explica a la gente que no es cierto que se vayan a acabar los comedores populares sino que se va a replantear el esquema según el cual los “operadores privados” se llevan 52 de cada 100 pesos destinados a la alimentación de los más pobres, para poder duplicar la atención. Llega el Alcalde, la gente lo aplaude y espera en silencio.  Hay requerimientos pero no trasunta la ira del pasado. Petro está de este lado. En enero pasado se mostró conmovido por lo que denunció como condiciones indignas de vida en la localidad. Ahora explica su  compromiso y las dificultades. Informa que 600 mil bogotanos pobres disfrutan ya del “mínimo vital de agua”, que por decisión política financia los programas sociales con trasferencias presupuestales para superar la indignante segregación en la ciudad y que tiene en mente ampliar el subsidio de Transmilenio al sistema integrado de transporte. Confiesa  “los que hace años éramos cristianos comprometidos hicimos nuestra la opción preferencial por los pobres que postula la Teología de la Liberación”. En medio de aplausos, ratifica que su gobierno invierte para los pobres como principio de justicia así se molesten los ricos para quienes se ha gobernado desde siempre y a ellos les reclama solidaridad.

De pronto  eleva el tono, se irrita cuando menciona que la red hospitalaria fue saqueada sin pudor por el carrusel de la contratación y que la inversión para revivirla depende de un visto bueno esquivo del gobernó nacional. “Se robaron hasta los delantales de las enfermeras”, dijo exasperado y dolido, como nos duele a muchos que la página más reciente de la corrupción la hubiera protagonizado un gobierno aupado por un partido que agrupó a la izquierda electoral de todas las tendencias. “No podemos tolerar lo que hicieron esos bandidos”, dijo. Le propuso a la comunidad que se movilice “hacia donde es”, para exigirle al Concejo de la ciudad que apruebe el cupo de endeudamiento que permitiría a la gente bajar de los riscos a las estaciones de Transmilenio  en vagones de cable eléctrico, ganándose la mitad del tiempo. El Concejo capitalino es mezquino, calculador y la mitad está ad portas de la cárcel. Pero aun así,  la politiquería no quiere dar tregua.

En el barrio Naciones Unidas los vecinos lo aguardan con paciencia para dar al servicio uno de los tramos de pavimentación de malla vial- abierto a la brava hace 40 años. “Malalma” anima con empeño para que la gente aguante. Una colegiala, que le iba a dar la bienvenida, toma el megáfono y en tono severo dice que no puede esperar más porque tiene el compromiso de ir a estudiar. Petro llega con notoria tardanza porque en el consejo habló más de una hora. Rodeado de chiquilllos que quieren “´aludar al ´cade p´eto”, mientras dibujan corazones en el pavimento, fresco, contundente y pedagógico repite una de las consignas constantes de su administración: quiere que se le recuerde porque hizo todo lo posible para que la muchachada pobre tenga las mismas posibilidades profesionales y compita en las mismas condiciones de la minoría privilegiada de la ciudad. Desea internet libre, permanente y gratis  para los pobres como lo impuso ya en la Alcaldía. Enfatiza que el presupuesto de educación en Bogotá, este año, equivale al total de las demandas que el movimiento estudiantil del país le exige al gobierno nacional. Frente a la aridez del concreto, reitera su compromiso de fortalecer lo público y crear espacio público para una niñez que desconoce los prados y las atracciones de la ciudad, ajena y hostil, que se extiende imparable al horizonte  de sus miradas.

En otro sector de la localidad, el Cetro Illimany, la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano         -ahora al mando de Daniel Medina, un curtido abogado defensor de los derechos humanos- realiza una versión de la Feria del Servicio, donde las entidades distritales y nacionales ofrecen, en un espacio común, diversos programas sociales a la comunidad. Mientras en una carpa del Sena decenas de niños hacen fila para la peluqueada de moda gratis a cargo de los aprendices, madres preocupadas preguntan cómo inscribir a sus chicos a los programas técnicos de la entidad porque “sino puede ser doctor al menos que gane para vivir”. Cientos más hacen cola para afiliarse o verificar el Sisben -la clasificación de pobres aptos para optar por ayudas oficiales. Muchas mujeres acuden a la Comisaría de Familia para pedir orientación sobre como obligar a responder a un tipo que se niega a reconocer alimentos a sus hijos, o llevar a la justicia al patán que agarró a su familia a patadas la noche anterior.

Aquí están pasando cosas

De regreso estoy impactado y conmovido. Algunos  de los dirigentes del paro cívico de hace dos décadas fueron asesinados o tuvieron que huir. Otros estoicamente siguen en la lucha por dignificar a su gente. Unos cuantos se dejaron seducir por las mieles de la politiquería que volvió célebres y ricos a unos vividores timadores desde Forero Fetecua, Gustavo Rodríguez y Alfredo Guerrero hasta Hipólito Moreno y la lista actual de saqueadores del presupuesto de la ciudad. Llego al centro de la ciudad y al ver quemaduras de sol en mi cara,  una amiga que vive en un pauperizado barrio de estrato tres,  me pregunta si andaba de vacaciones en tierra caliente.

 -Vengo de una reunión con la comunidad en Ciudad Bolívar-, le digo

-¿Y tú que hacías por allá? Eso es muy peligroso- me contesta, con la misma displicencia, temor e indolencia que lo haría una niña “bien” de estrato seis. La enajenación es más efectiva en los menos educados o políticamente ingenuos.

En la radio anuncian la captura de otros dos concejales ladrones. También que el gobierno de Bogotá    -permanentemente apaleado por los medios- subió cuatro puntos de aceptación  en las encuestas; que un concejal, nieto de un nefasto ex-Presidente de la República, animado por los poderosos empresarios de la construcción, votará negativamente las audaces modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial propuestas por el gobierno distrital y que un congresista, nieto de un partidario de la falange franquista, continúa con su capricho de destituir a Petro porque no le gusta.

Al tiempo, el gobierno nacional –al mando del nieto de un patricio liberal- alista un decreto para trancar las iniciativas sociales que en materia urbana propone el Alcalde -ex-guerrillero hecho a pulso y uno de los líderes alternativos  más importantes de hoy -, para así maniatar una revolucionaria propuesta de equidad rechazada por las firmas urbanizadoras. Mientras tanto, el Procurador  General   -antediluviano y sectario- mantiene en ascuas al gobierno capitalino porque de su báculo, inexplicablemente todopoderoso y sumario, pende la gobernabilidad en la ciudad. Pero, como “viejo zorro”, a lo mejor en esta se mide. La cosa está clara. En Colombia, democracia no significa gobierno del pueblo sino cuando conviene a los poderosos. Con todo, que no se olvide: hace rato, Bogotá es la excepción. Ojalá, esta vez, también lo sea.