El día de las velitas, previo a la Inmaculada –sinónimo perdido de
la administración de justicia en Colombia- se cumplen dos meses del Paro
Nacional Judicial, decretado por las agremiaciones del sector, con Asonal a la
cabeza, reducido mínimamente en su impacto hace un mes, por un arreglo de parte
de las directivas con el gobierno, pero rechazado por las bases, no satisfechas
con que la nivelación salarial se limite a los topes establecidos por la
comisión oficial ($ 1 billón 200 mil millones) y la gradualidad en la
aplicación de tablas, después de dos décadas -sí, dos décadas, es decir, veinte
años- de espera. Luego de la firma del “acuerdo”, la ministra Correa dio el
paro por concluido, aunque el 70% del sector se encuentra paralizado, incluida
la Fiscalía, y nadie en el gobierno ha vuelto a pararle bolas al tema, a no ser
para presionar la ilegalidad y obligar a los funcionarios a reiniciar labores
so pena de retención de salarios, a escasa semana de iniciarse la vacancia
judicial de fin de año. La justeza de la protesta la han defendido desde el
Fiscal General de la Nación, hasta los medios de comunicación, sin embargo, el
gobierno dice no tener más y hasta allí llega, a la espera de que agotados los
empleados del sector se rindan y acepten lo que les dan a la espera de otra
oportunidad. Así paso con Uribe, que a punta de amenazas y decretos conjuró un
intento anterior.
Contrasta esta situación,
con la decisión que se apresta a tomar la Corte Constitucional, o al menos eso
esperamos, de declarar la ilegalidad de las mesadas pensionales superiores a 20
salarios mínimos -de por sí inequitativo tope en un país donde más del 80% de
los trabajadores no lograr un ingreso superior a 2 SMLMV- para magistrados de
las cortes, congresistas y demás funcionarios de alto nivel en el Estado. A
esto se llega luego de que las Cortes y el Congreso, convirtieron en derecho,
la ilegal, abusiva, bochornosa e inmerecida práctica de colgarle arandelas al
arbolito hasta que lo tuvieran cargadito
para sus francachelas y buena vida, importándoles un comino que la mayoría de
sus compatriotas apenas si tiene para pagar un mal almuerzo y un mal techo. Y
como han hecho del país su finca, no solo se daban ese beneficio para ellos,
justificándolo en que cumplían los períodos legales exigidos, sino que le daban
el chance a sus familiares, validos y mozas para que se gozaran el bien llamado carrusel, pero por períodos
corticos para con los últimos sueldos cuadrarse un resto de vida plena. ¡Tan de
buenas!
Sinvergüencerías como esa, fueron las que se pretendieron pasar en
la nefasta “Reforma a la Justicia”, aprobada
por el Congreso, con el aplauso
gubernamental, e “inaplicada” por el propio gobierno ante la indignación de
columnistas de opinión, ong´s, la oposición (Polo, Progresistas), algunos
verdes y algún liberal. La tal reforma se convertía en la legalización de los
privilegios de los funcionarios de alto nivel de los poderes públicos, un
seguro de impunidad para procesos en marcha contra la narcoparapolítica; el espionaje
ilegal del DAS, los aprovechamientos de Agro Ingreso Seguro y la “rapiña” de los bienes de la Dirección
de Estupefacientes (DNE), entre otros, en el período Uribe, y futuras prácticas
criminales. Amén de un contubernio de favores disfrazado de “gobernabilidad”.
Otro tanto acaba de pasar con la relección del Procurador por la manguala politiquera de la Unidad Nacional,
con la aquiescencia del gobierno, que para no quedar mal apoyándolo lo respaldó
poniéndole un comodín. Fundamentos filosóficos, de teoría política y
constitucionales argumentan de sobra el
carácter inconstitucional de la relección de Ordoñez, quien dada su militancia
mariana, beata, homofóbica, discriminatoria y parcializada, no garantiza el ejercicio de una magistratura moral en el
marco de Constitución que consagra la libertad religiosa y de cultos, el
pluralismo político e ideológico, el multiculturalismo, el libre desarrollo de
la personalidad y demás derechos fundamentales del ser humano elevados a norma
superior en la Carta.
No por emocional menos pobre el argumento del senador Juan Manuel
Galán Pachón de que Ordoñez merecía continuar por haber actuado firmemente en
las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, la participación
de miembros de la Fuerza Pública, y contra la corrupción, como lo demostró al
declarar el magnicidio de su papá crimen de lesa humanidad, al igual que otros
casos. Aparte de la discusión de si tal calificación es pertinente para este
tipo de crímenes o si fue el “cabezazo” para evitar la preclusión. Por lo demás, nada
nuevo aporta Ordoñez, al punto que hasta en el seriado “Escobar. El patrón del
mal”, ni los guionistas ni los productores se cuidaron de señalar responsables,
por acción u omisión, así fuera por referencias, en el país claramente descifrables.
Los colombianos ya sabemos quien, con quién, para qué y por qué. Que en ese
caso Ordoñez haya cumplido el deber no puede absolver sus arbitrariedades.
“Pa´godos, los liberales…”
En cambio, el hoy re-elegido cabeza del Ministerio Público, desacató
y luego simuló obedecer una orden de la Corte Constitucional, dirigida a
corregir actuaciones de la Procuraduría abiertamente inconstitucionales en
relación con los derechos de la mujer, el aborto y los derechos de la población
LGBTI y ha sancionado con evidente abuso y saña a adversarios políticos. Las
creencias religiosas, políticas y morales del señor Ordoñez chocan con la
concepción liberal que inspira la Carta, con principios y valores de la
modernidad y con los irrebatibles hallazgos e invenciones de la ciencia.
Significan un retroceso y aun así, en su albedrío, puede profesarlas en el espacio de su vida
personal, pero no como guía de conducta del buen desempeño de la función pública y
garante de los derechos instituíos en la Constitución del 91. Que tal la payasada del Presidente del Senado, Roy
Barreras, de prohibir la relección. El daño está hecho.
De las incongruencias, incompatibilidades y otros impedimentos que
los altos funcionarios escurren por los sifones, está igualmente las del Fiscal, a quien, aparte de la aberrante
actuación en el caso de Sigifredo López, el zigzagueante caso Colmenares, la
lentitud en el arañazo de los políticos a la DNE y las incomprensibles
negociaciones en el marco de un sistema penal acusatorio incoherente, bien poco
mérito le hace el antecedente de llegar al máximo organismo de investigación
criminal, luego de haber representado los intereses de la firma Saludcop, hoy
encartada judicialmente, con honorarios por la suma de 6 mil millones de pesos
-cantidad que jamás verá en su vida un operador judicial. Seguramente en trance
de legitimar su presencia en la entidad, se ha hecho el desentendido con el
funcionamiento a medias de los despachos y público su apoyo a las causas del
paro.
En Colombia, la clase política maneja e interpreta la justicia,
como derecho y como mecanismo, a su acomodo, bajo el antiquísimo engaño de que
somos un país de leyes, a menos que concedamos que es así porque estas abundan
y sirven para que los congresistas justifiquen sus abultados sueldos. No por su
acatamiento, puesto que el propio Presidente de la República decidió
“inaplicar” el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre límites marítimos
con Nicaragua, tras más de medio siglo de aceptar su jurisdicción, haberse
sometido el país libremente a la misma en este pleito, la promesa del
expresidente Uribe de que se acataría sin disentir y la advertencia de la
propia canciller de que iba a ser una decisión salomónica, que según su
novedosa interpretación posterior significaba: favorable a Colombia. Del
fracaso no hay culpables. Ni nadie renuncia. Uribe en una de sus típicas
volteretas llama a no obedecer, otros claman por la fuerza. Queda la pregunta
de si el litigio fuera con Estados Unidos y el fallo a su favor, alguien habría
dicho algo distinto a que la justicia se respeta -y en ese caso se
respeta- como siempre lo dicen ante los
fallos locales, aunque con éstos, para desobedecerlos o negociarlos con las
cortes, integradas por los recomendados de los políticos que mandan en el país, desde que somos.
La vigencia de una democracia plena se levanta sobre poderes
públicos fuertes, eficientes, transparentes y honestos y en su mutua colaboración y control; y, desde
luego el respeto y garantía del ejercicio de los derechos y las libertades ciudadanas. En Colombia
hasta las encuestas cuestionan la legitimidad de las ramas del poder, entre
ellas la justicia: víctima, cómplice y
cenicienta, aunque tenga tanto paladín pantallero que dice defenderla, o mejor,
la defiende para someterla.
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