¿Se podrá realizar el plan de Petro?

La ejecución del programa de gobierno, traducido administrativamente en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, ha sido traumática y es deficiente, no hay duda. No obstante, y aunque en ello haya algo de razón, las causas no están en la incapacidad  gerencial de la Administración Petro. Su realización implica cambios de tal magnitud y concepción, que si bien se aceptaron en el papel, los poderosos sectores que verían replanteado su rol y sus ganancias ya sacaron las uñas para volverlo pedazos. Así lo demuestra el buen nivel de avance de los proyectos sociales, que aún con replanteamientos conceptuales, siguen y maximizan la ruta de reconocimiento de derechos a través de transferencia de rentas de los últimos años. Al contrario de asuntos como basuras, movilidad, vivienda, infraestructura urbana, en los que un giro hacia lo público implica el desmonte modelos desventajosos para la ciudad y márgenes de utilidades escandalosos, sostenidos, en muchos casos, sobre la base de privilegios injustificados y la corrupción que los posibilita.

 Cuestionar para impedir para luego cuestionar

 

El establecimiento (partidos, medios, agremiaciones económicas), parado sobre las directrices económicas del neoliberalismo, converge en la crítica  sobre los pormenores de la gestión y ejecución de la administración (exagerándolos, distorsionándolos, omitiendo las causas de las dificultades), ocultando que no se avanza porque esos intereses se han amurallado para impedir los cambios, con la cándida afirmación de que los mueve su preocupación por el rumbo de la ciudad. Desde luego, en el sentido de desarrollo y progreso de esa concepción, de maximización de utilidades y reducción de costos (laborales, sociales, funcionales). Es decir el mantenimiento del statu quo. “Deje así, que así está bien”, gritan los periodistas empresarios. La sociedad bogotana no tiene claro que los propósitos mayores del plan ni siquiera están en discusión porque el Gobierno Nacional, la empresa privada y otros factores de poder lo impiden

 Minimizan los programas sociales y critican su financiación. “Hasta la fecha, sus principales logros se limitan al recorte del valor del pasaje de TransMilenio y a regalarles a los estratos más bajos una parte de su consumo de agua, determinaciones que ayudan a cerrar la brecha de ingresos, pero que tienen un elevado costo, que afecta el desarrollo de otros programas.”, afirma con desdén, malicia y sin constatación el editorial de El Tiempo (10.2.13), a la vez que omite la inversión en los programas de salud, educación e integración social. Al tiempo, puyan porque se suelten las amarras  en los temas gruesos del Plan sin tanta “ideología” “polarización” e “instigación a la lucha de clases” -cuando no despectivamente “carreta”-, es decir, que no haya la socialización y ambientación de las propuestas que garanticen la participación ciudadana y la presión política y social para que se hagan realidad, tarea de un líder, porque cambios de esa magnitud exigen una correlación de fuerzas favorable, o nunca lo serán. Que se olvide de ellos.

 En el mismo tono descalificador agrega El Tiempo: “…es una vergüenza que por la desidia de la Alcaldía se haya recortado a la mitad la cuota de casas gratis a las que tenía derecho la ciudad, dentro del programa de las 100.000 unidades que impulsa el Gobierno Nacional. Quienes van a asumir el costo son cerca de cinco mil familias de escasos recursos, víctimas de posturas que no tienen razón de ser. Tampoco son buenas las señales enviadas al gremio edificador, con lo cual se ha reducido la oferta de casas y apartamentos”. Si bien la línea editorial del periódico es del criterio de sus propietarios, ahora un magnate de las finanzas y la construcción, ¿No es un derecho del lector conocer el contexto de la afirmación? Y, si no es cierta, la posterior rectificación en condiciones similares.

 La Administración Petro en el Plan de Desarrollo y la propuesta de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial alrededor del agua, plantea, con mandato legal para ello, que las áreas de cesión de las construcciones privadas correspondan no al 20% del terreno de la construcción sino del área construida, y que se ubiquen en el centro ampliado de la ciudad, en su lineamiento de densificar el desarrollo urbano, superar la segregación social, contener la expansión al norte y proteger el medio ambiente. Este cambio revolucionario de enormes repercusiones sociales, que desde luego implicaría unas nuevas reglas de juego para el jugoso sector de la construcción -pulpa pero con algunas pepitas- es lo que el editorialista llama “posturas que no tiene razón de ser”.

 “O las toman o las dejan”, dijo, respecto de las viviendas “gratis”, el Minvivienda Vargas Lleras, a quien poco le importaba donde. El Gobierno Petro, sin el mismo afán y en coherencia con su plan, prefería ubicarlas en el centro en condiciones dignas. A esta posición, como a la negación de la venta de agua en bloque a municipios de la Sabana, justificada en la necesidad de no seguir coadyuvando el hacinamiento disfrazado o la vivienda precaria, Vargas Lleras las calificó de bobadas y, junto con el editorial en comento, tergiversando cifras del Dane, sostuvo que por tal razón en esa materia no se ha avanzado nada. El asunto, está claro, tal arrogancia es el reflejo de lo que ya constató Bordeau en Francia: aunque el objeto sea construir vivienda social, la reglamentación del sistema se hace en favor del sector financiero y de la construcción.

 Siguiendo con El Tiempo, sostiene que a las equivocaciones en el tema de las basuras y la vivienda se pueden agregar “desde el exorbitante costo de las motos eléctricas que fueron adquiridas para la Policía, hasta la pérdida de los recursos que había destinado el Presupuesto Nacional para financiar la llegada de TransMilenio hasta el aeropuerto Eldorado.”  Es extraño que a la fecha y en editorial no se haya explicado el asunto del reacondicionamiento de las motos que aumentó su costo. Pero es truculento que se le oculte al lector  que en el caso de TransMilenio,  la determinación tardía y contradictoria del Gobierno Nacional implicaba una serie de obras que debería asumir el operador de la reestructuración de Eldorado y en el afán se le quisieron cargar al Distrito, a lo que la administración, protegiendo los recursos de los ciudadanos, no se prestó. Urgen que se ejecute, pero no lo que los votantes, y luego el Consejo Distrital de Planeación y el Concejo de la ciudad, aprobaron, sino lo que algunos intereses impongan.

Los signos de Petro y los otros signos

Si el editorial de marras permite las anteriores y muchas más interpretaciones, que desnudan afirmaciones en apariencia coherentes y plausibles, en la andanada de la estrategia antipetrista, que poco a poco ha conseguido colocarlo adecuadamente en la mira, sorprende que al afecto avalancha que suele darse en estos casos, se haya sumado una columna del semiólogo Armando Silva, por su procedencia y sus argumentos. En el mismo diario (22.2.13),  acota una cita entresacada de una declaración de Petro, “la enseñanza no es un asunto de ladrillos, sino de educación", para colegir, tras una lista de imprecisiones o sentencias anticipadas sobre obras fracasadas, que “Tales afirmaciones proyectan un alcalde poco preocupado por la estética, con una mirada en que la belleza no les pertenece a los pobres.”

 

“(Cuando) va emergiendo su proyecto urbano, que desconoce las formas, por darles salida a confrontaciones, entonces aparecen claves. El mayor símbolo de ruina lo han constituido las basuras, pues a su espectáculo visual ha de agregarse que los residuos, tanto de cuerpo como de la ciudad, representan lo que produce más asco y rechazo social, conexiones atávicas con el caos y temores de muerte. Decir que se trataba de hacernos ver las inmundicias que producimos suena a chiste funerario.”

 

O sea que no se trató del impasse transitorio resultado de la apuesta por la desprivatización de un servicio, cuya prestación por la empresa privada constituye uno de los más descarados abusos según la Contraloría General de la República, sino  de las ganas de Petro de compartir sus malas maneras y su  mal gusto. Aparte del absurdo de que la imagen de las basuras es autónoma de la situación que llevó a su exhibición. A propósito, Silva reivindica del “materialismo soviético”, vía izquierda del 68, que “para resolver el problema político se debe pasar por lo estético, puesto "que es la belleza la que lleva a la libertad". Asunto que para el pueblo soviético fue un engaño y para los nazis una obsesión criminal.

Algo distinto a la afirmación que comparto de que  “La cultura estética presupone una revolución en las formas de percepción y sentimiento; la belleza no es un adorno ni un asunto pasajero o de una clase, sino que atraviesa la sensibilidad ciudadana. Dotar al pueblo de una conciencia de liberación por darle forma digna y apreciable a su quehacer ha de ser una preocupación política.”

Desde esa perspectiva deberíamos mirar la suspensión de las corridas de toros, el reemplazo de la tracción animal, la formalización del reciclaje, la peatonalización de la 7ª., demorada y fea, pero apropiada masivamente por una caravana humana diversa y multicolor, la Secretaría de la Mujer, los Camad, la incorporación de la comunidad LGBTI , la reducción significativa de homicidios, y, particularmente, la recuperación de la calle del Bronx, escenario de la degradación humana, “ otro símbolo de ruina que produce asco y rechazo social”, que se quiere dignificar y  embellecer, tras décadas de abandono al lado de un bastión militar y una central policial: elocuente muestra de las amenazas simbólicas de un sistema que Silva propone superar pintando pajaritos en el aire.

Pero hace un reconocimiento contradictorio. “A decir verdad, Petro tiene (¿tenía?) las condiciones para protagonizar una emancipación de lo popular. Similar a lo que hace el arte público de hoy, producir objetos, relacionarlos para que emerjan nuevas fuerzas que hagan una urbe más justa, creativa, segura de sí. Ejemplo positivo de lo dicho puede darse en el Canal Capital, que concibe nuevas fachas, otras maneras de crear opinión, provocaciones, como un programa dedicado al orgasmo, para que sea un logro de libertad y no una vergüenza.”

Estamos de acuerdo. Pero el ejemplo es engañoso. El Canal Capital pertenece al Distrito y la Administración lo maneja autónomamente, aunque no ha faltado el arrebato de algún cavernario. No implica replantear el modelo de gestión ni la participación pública, caso en el que surgiría necesariamente la confrontación de intereses. Salvo esa  claridad, hay que señalar que la política editorial de Hollman Morris (orientada y compartida por Gustavo Petro), más allá de “fachas y provocaciones”, prioriza la inclusión de poblaciones tradicionalmente excluidas y discriminadas y visibiliza de forma valiente y comprometida una realidad por décadas ocultada, ignorada o despreciada por la mayoría de los colombianos: la de las víctimas del conflicto económico, social y militar. Las de Pablo Escobar le merecieron un justo CPB. Es una isla de verdad en el mar del ocultamiento y de la excepcionalidad mediática.

La realidad reciente de Bogotá es pletórica en signos que reflejan las tensiones entre un Gobierno que quiere hacer valer los Derechos  Fundamentales de todos los ciudadanos considerados en igualdad de condiciones, desde la perspectiva del fortalecimiento de lo público como patrimonio común, para superar la discriminación, la segregación  y la exclusión y un modelo económico que concibe al Estado como mero facilitador de la empresa privada, no está dispuesto a que vaya más allá y en tal medida dispone todo su aparataje ideológico y político en función de distorsionar, manipular y destruir el mensaje de la Administración.

O cómo se entiende que se elogie las protestas inadecuadas de un  empresario contra la valorización, por las razones que sea, y se critique al gobernante que le llama la atención por sus deberes como ciudadano. Que se ponga en duda la validez de utilizar los mecanismos legales para que el hombre más rico del mundo le pague una acreencia a la ciudad. Que se redunde con los malos nombramientos y las basuras y se calle los éxitos bursátiles de la ETB. Que se quiera utilizar el cobro de valorización, de la cual era simple ejecutora, como punto de quiebre de la actual administración, por casatenientes egoístas revueltos en la reclamación. Que Yamid Amat llamé en CM& “mico” a la audaz propuesta de reforma a la valorización hecha por el Gobierno y el IDU al Concejo Distrital. Que se reclame ejecución pero se omita que no hay presupuesto ni cupo de endeudamiento por oposición del Concejo. Que se exija rumbo pero que al Alcalde se le impida implementar el Plan de Desarrollo y se le oculten a la ciudadanía las razones.

Para fortuna nuestra, hay inteligencias generosas y desinteresadas que nos dan pistas para comprender lo que pasa, como es el caso del Doctor Miguel  Gómez, promotor del referendo revocatorio, al que muchos medios y personajes influyentes aún desestiman como instrumento adecuado a las circunstancias pero que, si la marea está alta, surfearan con gusto,  “porque ya basta de mamertería”.

Dice el Representante Gómez, en entrevista con el portal Confidencial Colombia, que hay tres razones por las cuales el referendo va a funcionar: “En primer lugar es porque a Gustavo Petro sólo lo eligió el 31% de los bogotanos. La segunda es porque Bogotá es una ciudad de voto de opinión muy fuerte y aquí hay una inmensa mayoría de personas que no votan amarrada a las maquinarias. Y la tercera razón (…), es porque la gente está muy cansada y noto que los bogotanos están aburridos de años de decadencia y quieren un cambio de rumbo.” Asombroso análisis. Petro es ilegítimo por ser mayoría entre minorías y el sector que disiente de su  política, aunque perdedor electoralmente, supone que puede imponerse de facto a través de una exitosa simulación. En el caso de Petro no se votará contra un mal gobierno. Se buscará enterrar una propuesta social alternativa.